México 9 JUL 2019 - 00:36 CEST / por Carlos Salinas Maldonado
Los médicos culpan al Ejecutivo por la negligencia en el manejo de la emergencia, que ha dejado decenas de muertos, la mayoría niños. Desde hace tres meses el sector de la salud y los maestros se han tomado las calles de Tegucigalpa y otras ciudades importantes del país en contra de un proceso de reformas impulsadas por Hernández que, dicen, pretenden privatizar los servicios públicos. La pausa por la peste de dengue sirve, también, para analizar los pasos a seguir en unas protestas que reclaman la renuncia del mandatario, que fue reelecto en 2017 en unas elecciones consideradas fraudulentas por la oposición. “Continuamos en movilización, pero con más precaución, porque no queremos más muertos y heridos”, afirma Ramos.
La médica hace referencia a las seis víctimas mortales y los más de 80 heridos por la represión que el Gobierno desató contra los manifestantes. Un informe de Amnistía Internacional publicado el viernes denuncia que el Ejecutivo de Hernández hizo uso de “la fuerza excesiva” para reventar las protestas, incluso ordenó el despliegue del Ejército, alegando motivos de seguridad. Los militares ingresaron a la Universidad Nacional violentando su autonomía y dispararon contra estudiantes. Hernández cuenta con la lealtad de las fuerzas militares y la élite económica que prefiere apostar por una estabilidad garantizada por la deriva autoritaria del mandatario. Las protestas, sin embargo, han continuado y analistas consultados en Tegucigalpa temen que el régimen aumente la represión.
La Conferencia Episcopal de Honduras ha afirmado en un comunicado publicado el sábado, que el Estado ha manejado de “forma incorrecta” la crisis, a la vez que acusó al Gobierno de violar la Constitución “cuantas veces convenga”. También señaló a los poderes del Estado de falta de independencia, con un Congreso “que se ha convertido en un teatro de pésimos actores, dándole la espalda al pueblo”. Los obispos exigen a las autoridades hallar una solución a través del diálogo.
Este, sin embargo, se mantiene en la incertidumbre luego que médicos, maestros y estudiantes denunciaran el incumplimiento de nueve puntos que exigieron al Gobierno para sentarse a negociar, entre los que están el regreso de los militares a sus cuarteles, el cese de la represión, juicios justos y apegados a derechos para los detenidos en el marco de las protestas y la presencia de interlocutores extranjeros en la mesa de negociación.
“No hay disposición de negociar”, afirma Ramos. “Hernández impulsa un proyecto de privatización, pero ha encontrado una resistencia muy fuerte del sector salud y del magisterio. Este movimiento comenzó hace dos meses, la lucha ha sido fuerte y ahora la población, que esta en hartazgo porque no tiene garantías mínimas de sus derechos básicos, se ha unido. Por eso el movimiento ha agarrado mayor fuerza y pide la salida de Juan Orlando Hernández”.
Aunque el movimiento de médicos y maestros se ha montado sobre los hombros de los sindicatos organizados, observadores independientes ven difícil la supervivencia de la movilización social que se les unió para exigir la dimisión de Hernández, dada la falta de organización y liderazgo. “No ves un poder acompañando las protestas, como en el caso de Nicaragua, donde una parte de los empresarios y la Iglesia apoyan a los estudiantes que protestaron contra Ortega. La élite lo tiene muy a su favor todavía. Y más cuando cuentan con Estados Unidos como un aliado”, explica Eugenio Soza, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. “El ciclo ya va a bajar, pero en el futuro puede haber nuevas olas de protestas por el rechazo a Hernández, un enorme malestar que está listo a que se encienda la llama de nuevo”, asegura en conversación telefónica con EL PAÍS.
Al analista le preocupa la demostración de fuerza del Ejecutivo de Hernández frente a las manifestaciones. Asegura que desde 2009, cuando fue derrocado en un golpe de Estado el expresidente Manuel Zelaya, "las manifestaciones cada vez son más radicales", pero también la respuesta del régimen “ha sido más agresiva”. Antes, dice, no se disparaba abiertamente a quienes protestaban, pero desde el golpe han muerto 117 personas en el marco de la violencia contra las movilizaciones. “Eso demuestra que el régimen está más dispuesto a reprimir”. En su informe del viernes Amnistía Internacional —que documentó las muertes en el marco de la represión a las últimas protestas— afirma que “el uso de las fuerzas militares para controlar las manifestaciones en todo el país ha dejado un saldo profundamente preocupante para los derechos humanos”, con el uso de “armas de fuego y armas menos letales, como gases lacrimógenos o balas de goma, provocando lesiones en decenas de personas. En total, seis personas han perdido la vida en este contexto desde el mes de abril, cuatro de ellas por arma de fuego a manos de las fuerzas de seguridad”.
El Gobierno de Hernández, afirma el analista Soza, “se sostiene porque tiene un excesivo control de las instituciones, las fuerzas armadas y la Policía, pero además cuenta con el poder mediático, empresarial y el apoyo de Estados Unidos, porque Honduras es de los países donde las élites están más subordinados a la embajada estadounidense, que ha permitido que Hernández llegue hasta donde está”. A pesar de ese contexto difícil, la médica Ramos asegura que continuarán con la presión en la calle. “La Plataforma es un proyecto para largo plazo, porque el objetivo es luchar por la calidad de la educación y salud pública en Honduras”.
https://elpais.com/internacional/2019/07/07/america/1562533041_460911.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR1HsWpe2oWXhqOm5OtUw7k7RJJGMKmZf3L5rw_yf5kJ2TH179_4sk2N1jQ
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