jueves, 27 de junio de 2019

Piden disolver Policía Militar hondureña. Organismos de DDHH piden disolver Policía Militar implicada en hechos violentos y denuncian peligro presos políticos

Piden disolver Policía Militar hondureña. | Policía Militar
Por  EFED
Tegucigalpa.- Organismos de derechos humanos abogaron este miércoles por la disolución de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) implicada esta semana en hechos violentos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mientras que una ciudadana canadiense denunció que la vida de su esposo y otros dos presos políticos está en peligro en una cárcel de máxima seguridad.

                           "No solamente debe desaparecer la Policía Militar, sino también la desmilitarización de la sociedad hondureña, porque la realidad es que en algunos casos se han convertido en asesinos, así los califica el pueblo, cuando los ve les grita asesinos", dijo a Efe el director del Centro de Prevención,
 Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendárez.

Agregó que "se ha observado que la Policía Militar ejecuta jóvenes ante personas de la comunidad, lo hace públicamente y eso crea un estado de terror que produce tortura psicológica".

Almendárez, exrector de la UNAH, señaló que el hecho de que policías militares ingresaran el lunes a la Universidad en Tegucigalpa, donde dispararon armas de fuego y resultaron heridos cuatro estudiantes -y dos policías, según autoridades de seguridad-, los convierte en cazadores humanos".

El exrector, médico de profesión, figuró entre los participantes en la conmemoración del "Día Internacional de Prevención contra la Tortura" que se celebró en Tegucigalpa con la participación, además, de familiares de víctimas de tortura en el país, entre ellos esposas e hijos de prisioneros en cárceles de "máxima seguridad".
Es importante que la comunidad internacional tome conciencia de esta situación, acotó.
Karen Spring, canadiense, esposa del preso político hondureño Edwin Espinal, dijo a Efe que él y otros dos compañeros suyos "están enfrentando serias amenazas dentro de la cárcel de supuesta máxima seguridad conocida como La Tolba", en la comunidad de Morocelí, departamento oriental de El Paraíso.

Los otros dos presos políticos son Rommel Herrera y Raúl Álvarez, acusados de participar en manifestaciones violentas en el país.
"Los tres son presos políticos, están detenidos por razones políticas y debido a la crisis en el país, las protestas, las tomas de carreteras, están recibiendo amenazas y les culpan a ellos de todo lo que está pasando dentro del centro penal", relató Spring, quien se casó con Espinal en octubre de 2018 en esa misma cárcel.

A raíz de las amenazas, los tres reos decidieron desde el martes "no entrar al módulo donde están detenidos entre 160 y 200 privados de libertad, porque dicen que si entran allí los van a matar, a atacar o hacer algo a su seguridad física", indicó la misma fuente.

Spring dijo que desde hace una semana y media vienen "solicitando formalmente ante las instituciones del Estado que intervengan y pongan medidas de seguridad para proteger la vida de ellos".
"Nosotros pensamos que los presos políticos no deberían de estar en cárceles de máxima seguridad o máxima tortura, porque realmente es lo que son, estamos exigiendo un traslado a un área donde el Estado puede garantizar la vida de ellos", apostilló.

La coordinadora de Programas de la Fundación Friedrich Eber en Honduras, Jennifer Erazo, indicó que acompañan al CPTRT en la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra la Tortura para "alzar la voz por personas que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros penitenciarios, lugares de detención, además de la criminalización de la protesta".
"Estamos observando la tortura en nuestras propias caras, en frente de todo mundo, ante los medios de comunicación, en las manifestaciones, en las tomas (de espacios públicos), en las protestas", expresó Erazo a Efe.

Señaló que la exigencia es que se cumplan las leyes y normativas que Honduras ha firmado, porque "la tortura está prohibida en todo el mundo, es una grave violación a los derechos humanos y, por lo tanto, toda la humanidad ha decidido prohibirla y sancionarla".
"Pero acá nada pasa, a pesar de que hemos visto sendas violaciones a los derechos humanos, tortura sistemática. A diez años del golpe de Estado (a Manuel Zelaya, el 28 de junio de 2009) la cosa parece agudizarse, por lo que "hacemos un llamado a la solidaridad internacional, a los medios de comunicación, que pongan atención de lo que está ocurriendo en Honduras y que alcemos la voz para exigir justicia", recalcó Erazo.

https://www.debate.com.mx/mundo/Piden-disolver-Policia-Militar-hondurena-20190626-0168.html?fbclid=IwAR2Tp5c04v08Xp3L9aHj9zR2f3ptv45Hl0p1J-chPFy4nE16XQUT5gbuwEw



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