Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, integrantes de la Mesa de Derechos Humanos, demandaron del Estado Honduras, una respuesta inmediata para salvaguardar la vida del periodista Jairo López, quien ha sido víctima de constantes ataques por parte de funcionarios del gobierno y de la empresa privada.
En conferencia de prensa realizada este miércoles 30 de enero de 2019, a través de un comunicado, la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), que forma parte de la Mesa de Derechos Humanos, denunció que en los últimos dos años el periodista López, radicado en la Choluteca, ha sufrido vejámenes, a través de un patrón similar al que utilizaron con Berta Cáceres, antes de asesinarla.
A Berta primero la amenazaron, después le montaron sendas campañas de desprestigio, criminalizaron constantemente por su trabajo y después la asesinaron. Con Jairo López ha venido ocurriendo lo mismo y su vida está en peligro, sostiene el organismo de derechos humanos.
Le quitan la seguridad
El miércoles 30 de enero Jairo López quedó totalmente desprotegido luego que las autoridades de la Secretaría de Seguridad le retiraran la escolta que le habían asignado desde que el Mecanismo de Protección lo acogió como beneficiario del sistema y le impuso dos agentes sin haberle informado ni consensuado con él la medida, medida que fue ratificada en un Comité Técnico Extraordinario llevado a cabo la tarde de ese día.
A pesar que el periodista Jairo López y la ASOPODEHU que es su representante ante el Mecanismo de Protección hicieron una propuesta para evitar consecuencias fatales contra el comunicador social, no se logró la aceptación total de la misma lo que hace inviable su aplicación, por esa razón es responsabilidad del Estado de Honduras lo que le pase a López pues es beneficiario de la Ley de Protección y está bajo la protección del Mecanismo de Protección.
Funciona mal
El documento leído por la Directora de ASOPODEHU, la periodista Dina Meza, señala que la aplicación errática de medidas con muchas falencias, pone en evidencia el mal funcionamiento del Sistema de Protección para Defensoras y defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
Desde el 2015 cuando en Honduras entró en vigencia la Ley de Protección para Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, las medidas de protección son aplicadas por la Dirección General del Sistema de Protección, entidad que por sus desatinos pone en riesgo la seguridad de muchos beneficiarios.
Y es por esa razón que ASOPODEHU cuestiona la falta de voluntad política para avanzar hacia una protección integral, que provoca inefectividad de las medidas de protección, problema que se da porque la mayoría de las amenazas provienen de la Policía Nacional, misma que es la encargada de implementarlas.
Vale decir, que ASOPODEHU es el organismo que desde el inicio ha venido acompañando a Jairo López en su clamor de justicia por el constante acoso de las autoridades y por las diferentes manifestaciones de amenazas que ha recibido .
Momentos angustiosos
Indicó que desde el año 2017 el periodista Jairo López es beneficiario de ese sistema de protección que hasta ahora no le ha ofrecido las mínimas garantías de salvaguardar su vida y la de su familia. Sostiene el documento que los ataques se han incrementado de diez que ocurrían mensualmente a uno diario en las últimas semanas.
“Si hacemos una medición de cuántos mensajes ha enviado Jairo López al Mecanismo de Protección, nos daremos cuenta que abarrotan la línea de emergencia de este organismo, pero si medimos la capacidad de respuesta eficaz podemos decir con mucha pena que no ha reaccionado de acuerdo a la magnitud de las amenazas. Las dilatorias, el uso del autoritarismo, de la militarización, de la criminalización del ejercicio periodístico, están enterrando de anticipado las pocas esperanzas que quizá habían”, destacó el comunicado.
Como parte de la Mesa de los Derechos Humanos, Wilfredo Méndez, Director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH), dejó que esa instancia apoya al periodista Jairo López.
Méndez es del criterio que en Honduras se respira un ambiente de terror, donde los poderosos buscan acallar a las personas que denuncian la corrupción.
Pero también manifestaron solidaridad con Jairo, los representantes de otras organizaciones de la Mesa de Derechos Humanos como la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, a través de Carlos Del Cid, Donny Reyes, del Colectivo LGTB Arco Iris y una representante del Comité por la Libre expresión C-Libre, quienes también formaron parte de la mesa principal.
Las tres personas antes mencionadas señalaron la importancia de proteger a Jairo López para que su voz no sea apagada y le expresaron al comunicador social su solidaridad efectiva. “Jairo sos el paladín de la libertad de expresión, la posteridad te hará justicia”, le dijo Carlos del Cid, cuando se desarrollaba la conferencia de prensa en la cual estaba López, quien no logró hablar por el impacto provocado de las acciones del Estado de Honduras que han afectado su salud.
Lea comunicado de la ASOPODEHU Aquí
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/2392-mesa-de-derechos-humanos-demanda-del-estado-hondureno-medidas-reales-de-proteccion-para-el-periodista-jairo-lopez
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Cada minuto cuenta: Intensifican la persecución y hostigamiento contra el periodista Jairo López
A través de un oficio de fecha 28 de enero del 2019, la Dirección General del Sistema de Protección, le informó a Jairo López, sobre la asignación de su escolta y que por no encontrarlo el personal estará a su disposición en la Unidad Departamental Policial (UDEP) número seis. Esta comunicación se hizo varias horas después de llamadas autoritarias para obligar a que aceptara la designación.
El oficio conforma que la asignación de la escota no fue consensuada con el beneficiario, sino una determinación del Comisionado de Policía, Santos Ochoa, Director de Protección y Servicios Especiales, de la Policía Nacional. Decisión unilateral que violenta el artículo 49 párrafo segundo de la Ley de Protección para las y los defensores de Derechos humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que expresa que se debe asegurar el consentimiento informado de la persona o personas beneficiarias.
Por su parte, el periodista Jairo López les ha pedido a las autoridades respeto a sus derechos como beneficiario del sistema y denuncia el mal procedimiento que utilizó la policía, en la asignación de su escota. “llegaron dos patrullas y una motorizada, situación que impactó a mi esposa y a mi hija”, sostuvo López.
La Policía Nacional lo detuvo ilegalmente y lo acusó de tráfico de artefactos explosivos, pero horas más tarde, después de una exhaustiva investigación, un fiscal de operaciones especiales, liberó a Jairo López por no encontrar en él, los indicios racionales mínimos del delito imputado, el pasado domingo 27 de enero de este año.
Jairo López, es un experimentado periodista, radicado en Choluteca, al Sur de Honduras, quien debido a la persecución de que ha sido víctima, en teoría goza de la protección que le ha otorgado el Mecanismo de Protección para Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, los órganos represivos lo asedian y sin asumir su responsabilidad de resguardarlo le tratan de imponer una escolta que no ha sido consensuada con él.
A la una de la tarde del pasado domingo, 27 de enero, policías antimotines detuvieron a Jairo López, en la comunidad de Santa Elena, Choluteca, cuando le daba cobertura a una manifestación realizada en la jornada de protestas programadas por los Comandos insurreccionales del Partido Libertad y Refundación (Libre) y fue puesto en libertad a las dos de la mañana del día siguiente.
Su detención
Jairo había trabajado desde muy tempranas horas de la mañana cubriendo las manifestaciones del domingo, 27 de enero, en Guanacastillo Choluteca. Al mediodía, cuando ya se aproximaba la una de la tarde, observó que un numeroso grupo de policías antimotines, estaban rodeando la comunidad para acorralar a los manifestantes.
Y previendo lo que podía suceder salió de la manifestación y se fue con rumbo a la carretera internacional, en el sector de Palo Herrado.
Con él, se conducían, un menor de edad que pidió jalón y su escolta. Jairo es beneficiario de las medidas de protección que le otorga el Estado de Honduras y por ese motivo siempre anda con él un agente de la Policía Nacional.
Llegaron a la comunidad de Santa Elena, pero allí estaba una patrulla de tránsito, Jairo subió el vidrio y cuando avanzaba a inmediaciones de ellos miró que de un camión donde se conducían varios manifestantes salió una lluvia de piedras y le quebraron los vidrios del vehículo policial.
Repeliendo el ataque, los policías les lanzaron gases lacrimógenos y persiguieron el camión. Jairo por su parte, desde el interior de su vehículo, comenzó a grabar el video, pensando que los agentes requerirían al motorista y bajarían a la gente para detenerlos y posiblemente golpearlos.
En su grabación registró el momento en que el camión se introdujo a la carretera de tierra que conduce a la comunidad de El Cerro. Pero de pronto, tres patrullas, una de tránsito y dos de la policía preventiva lo rodearon. “Ya la cagas Jairo” le gritó un oficial de apellido Méndez, mirándolo fijamente y apuntándole con el arma de reglamento.
Siendo policía y con la responsabilidad de protegerlo, el escota quiso mediar por él, pero otro agente lo agarró del cuello, lo golpeó, para después quitarle el fusil y la pistola. También lo arrestaron sin explicación del por qué. “Vos hijuelagranp..., basura, mierda, subite a la patrulla”, le gritó a Jairo, el oficial. Y después se los llevaron para la base policial.
Pensé que me iban a matar
A Jairo lo detuvieron a la una de la tarde en Santa Elena muy cerca del desvío de Los Mangles y en el trayecto lo cambiaron de patrulla en patrulla.
Al inicio la patrulla, la patrulla RPN 577 tomó el desvió de Marcovia para salir a Choluteca, pero les avisaron que la calle estaba tomada y allí comenzaron a dar vueltas en uno y otro lado.
Allí son territorios extensos cultivados de caña de azúcar, plantaciones que por su espesura son utilizadas para botar cadáveres o para la comisión de distintos delitos. “Yo me preocupéy pensé, aquí me van a matar”, dice Jairo.
Pero después la Patrulla tomó el camino de Cerro Blanco y regresó a Santa Elena, de donde habían salido originalmente. Allí lo trasladaron a la patrulla RPN 006 y después a otra que no registró su número, pero fue la que lo condujo a la posta policial número seis. Un sub comisario de apellido, Villanueva, le explicó, que lo mantenían retenido solo por seguridad, que su escolta estaba detenido para investigación y que estaban previniendo que le pasara algo a él.
A Jairo no le quedó claro el mensaje que le dio el oficial, pero la verdad es que le dilataron la situación. Inventaron que su escota había disparado su arma de reglamento y después le dijeron que lo iban a trasladar para Tegucigalpa porque un fiscal de la capital estaba a cargo de su caso. A ese momento Jairo no sabía de qué lo estaban acusando.
A las tres de la tarde, dos horas después de haber sido detenido, le inspeccionaron su vehículo y levantaron un acta donde quisieron insertarle que habían encontrado dos casquillos de arma de fuego en el interior de su carro.
El en carro lo que en realidad había era un micrófono y su teléfono celular, una bandera del Partido Libre, un proyectil de fusil que Jairo recogió cuando se le cayó a un agente de la policía en la manifestación, varias balas de goma y de madera quemadas que habían sido disparadas por la policía contra los manifestantes y varios envases de refrescos.
A las siete de la noche, llegó un coronel, de apellido Hernández y les exigió a las autoridades policiales la agilización del trámite para trasladarlo a Tegucigalpa. Le tomaron la declaración, las huellas dactilares y fotografías. Y después lo llevaron a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Al filo de la medianoche, un fiscal de Operaciones Especiales, llamado, Epson Godoy, determinó que, por el momento, los hechos no constituyen delito, que el Ministerio Público continuara las investigaciones y ordenó su liberación.Jairo fue liberado a las dos de la madrugada del lunes 28 de enero.
¿Pero que dicen en el CONADEH?
Para conocer la opinión de la máxima autoridad gubernamental en materia de los derechos humanos, PasosdeAnimalGrande.com dialogó con el doctor, Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los derechos Humanos (CONADEH), quien no ha sido bien informado del caso y espera el informe de la regional de Choluteca para referirse al tema.
Jairo López ha sido perseguido no solo por la empresa privada sino también por los órganos represores del estado y hasta por los jueces al momento de imponerle las medidas sustitutivas de la prisión.
Y ante tal situación, el doctor Herrera, les advierte a las autoridades sobre la necesidad de garantizar los derechos a la libre expresión del pensamiento.
Sostuvo que han tomado nota de todos los incidentes que se dieron en las protestas del pasado 27 de enero y que están a la espera de los reportes que les enviarán de las diferentes regionales, incluida la de Choluteca y Valle.
Insistió que esas recomendaciones dadas a las autoridades tienen sustento en el derecho internacional de los derechos humanos y que Estado debe comprender que el respeto a los derechos humanos es la base fundamental de un estado democrático.
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