“ Estudio de Oxfam encontró 11 estrategias que usan poderosos grupos financieros para influir en las decisiones de política fiscal en la región.”
Por: Susana Noguera – Agencia Anadolu
La
influencia que tienen poderosos grupos económicos sobre los Estados
latinoamericanos y del Caribe ha contribuido al aumento de la pobreza y
la desigualdad. Así lo explicó el informe “Democracias capturadas: el
gobierno de unos pocos”, que dio a conocer este viernes Oxfam a nivel
mundial.
El
documento fue publicado por la confederación internacional formada por
17 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias
en 90 países (Oxfam), en alianza con el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
La
autora, Rosa Cañete, economista especializada en pobreza y
América
Latina, explica que una de las principales razones de la pobreza en la
región es la desigualdad. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas
fiscales que le podrían hacer frente al problema no son promovidas por
los gobiernos. Por ello quiso ahondar en las razones políticas que han
impedido esos cambios.
“Este
informe estudia el otro lado de la pobreza que es la riqueza y cómo las
élites acaban incidiendo en las políticas públicas de una forma
desmedida y consiguiendo imponer sus privilegios por encima de los
derechos de las grandes mayorías”, dijo en una rueda de prensa a
propósito del lanzamiento del estudio.
La
economista estudió la forma en que diversos grupos económicos habían
influenciado a los líderes políticos para que los impuestos y el gasto
público beneficiara sus intereses.
Analizó
13 casos en países como Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Perú, Chile y República Dominicana, entre otros, en los que
poderosos gremios económicos promovieron la aplicación de impuestos o
estrategias de gasto público que luego aumentaron los niveles de pobreza
en el país o afectaron el bien común. Al fenómeno lo llamó “captura del
Estado”.
“Solo
en un Estado que privilegia a unos pocos frente a la mayoría de la
población, puede ocurrir que las políticas públicas reduzcan o limiten
los derechos de la ciudadanía”, indica el documento.
Las
prácticas que acrecientan la inequidad son particularmente graves en
América Latina y el Caribe, la región que se sitúa en el deshonroso
primer puesto como la más desigual del planeta. El 1% más rico de la
región concentra el 37% de la riqueza. Esta concentración pasó de ser el
33% en el año 2000 al 37% en el 2017, según cifras de Credit Suisse.
Otra
cifra relevante es la cantidad de años que tendría que trabajar una
persona en situación de pobreza para ganar lo que un millonario logra en
un mes. En Honduras son 603 años y en Colombia tendría que trabajar 442
años, según cifras de Oxfam.
Ante
esta impresionante brecha, la analista explicó que la política fiscal
de un país es el principal instrumento que tiene el Estado para
enfrentar la desigualdad. Sin embargo, los Estados de América Latina y
el Caribe usan, principalmente, el recaudo de impuestos al consumo.
El
Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava de forma general el consumo
de bienes y servicios, se aplica independientemente de la renta de la
persona que los consuma y constituye en promedio el 60% del recaudo.
Pero los impuestos a la renta, a las herencias o la tributación que se
podría cobrar a personas más ricas no son las fuentes más relevantes
para la sostenibilidad del Estado en América Latina. Ese es solo un
ejemplo de cómo diferentes grupos han hecho que la política pública
responda a sus intereses particulares.
La
situación ha llegado a niveles exorbitantes en algunos países de la
región, indica el estudio. En Guatemala, El Salvador, República
Dominicana, Bolivia, Nicaragua y Honduras se encontró que las personas
más pobres no son beneficiarias sino pagadoras netas del sistema fiscal.
Eso significa que la garantía de sus derechos no solo está paralizada,
sino que retrocede debido a la política fiscal.
El
documento enumeró 11 estrategias con las que organizaciones con gran
poder presionaron a los Estados para lograr un beneficio a costa del
interés común.
Una
de las tácticas identificadas para usar el Estado a favor de intereses
particulares es “la puerta giratoria”: personas que ocuparon altos
cargos en entidades privadas luego entran al sector público o
funcionarios del Estado le hacen favores al sector privado para luego
ser contratados por ciertas empresas. El fenómeno crea profundos
conflictos de intereses que muchas veces pasan desapercibidos.
“Un
ejemplo de esto es el gobierno de Mauricio Macri, en Argentina, en el
que más del 40% de sus funcionarios viene del sector privado”, dijo la
economista.
Otra
estrategia es el “lobby feroz”, en el que se contratan expertos y
personas con una amplia red de conocimientos para influir a los
congresistas y funcionarios públicos. El lobby para que sus ideas sean
escuchadas por los líderes políticos es un derecho de todos, pero la
experta explica que, si no está regulado, puede convertirse en una
maquinaria que privilegia a quienes tienen más recursos.
“Sabemos
que en Estados Unidos las farmacéuticas pagan USD 200 millones por lobby
político. En América Latina no tenemos esas cifras porque la práctica
no está regulada”, añade la investigadora.
El
lobby político desmedido hace que los intereses del sector con mayores
recursos sea el que se use a la hora de tomar decisiones que afectarán a
un gran sector de la población. “Se han encontrado casos en que las
discusiones de política pública que se deben dar en el Congreso terminan
ocurriendo en las casas de importantes empresarios”, afirma Cañete.
También
encontraron otras estrategias como el financiamiento partidario, el
pago de sobornos y el uso de campañas mediáticas con información
manipulada que posicionan los intereses de unos pocos en el debate
público.
El
más reconocido caso de sobornos y financiamiento a campañas fue el
escándalo de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht. La
empresa admitió haber contribuido a campañas políticas y pagado sobornos
en Panamá, México, República Dominicana, Guatemala, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y Brasil, además de países
africanos.
La
compañía dijo que la red de sobornos a funcionarios tenía la finalidad
de adueñarse de contratos públicos en los diferentes países. El
resultado fue el desangre de recursos públicos que terminaron en
bolsillos de particulares y cientos de obras de saneamiento básico,
carreteras y otra infraestructura básica para la población que no fueron
terminadas o quedaron con serios problemas técnicos.
El
problema que deja entrever el informe es grave porque no solo aumenta la
pobreza y disminuye la calidad de vida de los ciudadanos, sino que
también mina las democracias. Cuando los ciudadanos sienten que quienes
están en el poder no los representan, sino que lo usan para su propio
beneficio, dejan de creer en sus gobernantes y se crea un vacío de
poder.
Según
una encuesta realizada por el Latinobarómetro en 2017, el 75% de la
población latinoamericana piensa que se gobierna para unos cuantos
grupos poderosos. Un 65% de la ciudadanía latinoamericana dijo estar
insatisfecha con la democracia y un 25% dice estar indiferente sobre si
su gobierno “es un régimen democrático o no”.
Ante
este panorama, Oxfam formuló una serie de recomendaciones para impedir
cada una de estas estrategias y presionar el Estado a adoptar medidas
que perjudiquen el bien común. Por ejemplo, en el caso de la “puerta
giratoria”, afirma que debe haber una regla de recusación obligatoria en
asuntos relacionados con antiguos clientes o empleadores y que se deben
establecer sanciones ante los incumplimientos de códigos.
Ante
la campaña mediática, sugiere promover la diversidad de medios
televisivos y la pluralidad de voces en los contenidos, entre otros.
En
el caso del lobby político, propone tener un registro de cabilderos que
incluya también el presupuesto dedicado a ello.
También garantizar que
existan espacios formales en las instituciones públicas donde todas las
personas u organizaciones puedan presentar sus propuestas e intereses en
el debate fiscal.
“La
desigualdad es un importante indicador de la calidad de una democracia,
ya que toda democracia parte del reconocimiento de que todas las
personas tienen iguales derechos”, explica Cañete en el informe.
“Solo
reduciendo la desigualdad, asegurando que las políticas públicas no
privilegian a una élite, podremos tener más democracia”, añadió.(Tomado
de: ElEspectador.com)
https://criterio.hn/2018/11/17/la-democracia-en-america-latina-presa-del-poder-economico/?fbclid=IwAR2vGaojHcWAL-13BjkEXeLfkOK9LG4nHro_zajJEve46jIRGLEnn9IXx1w
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