17/09/2018 / Javier Suazo
“La
planificación del desarrollo es un proceso de interacción entre el
Estado y la sociedad, que tiene como objetivo articular las políticas
públicas y su implementación en el territorio con las prioridades del
país, para administrar los recursos públicos en la perspectiva de
alcanzar el desarrollo sostenible”.
Sistema Nacional de Planificación de Guatemala (SNPG)
El
anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la República para
el ejercicio fiscal 2019 es un reflejo de lo anterior. El monto previsto
asciende a la cantidad de 261,557 millones de lempiras, superior en
17,777 millones que el presupuesto de 2018. El 20.6% corresponde a
Educación y Salud, un 18.8% corresponde a Infraestructura y Servicios
Públicos, el 7.1% a Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional; que en
conjunto representan el 46.5% del total solicitado. A ello se suma, más
de 40,000 millones de lempiras por concepto de pago del servicio de la
deuda total, lo que representa el 15.6% del presupuesto total, con lo
cual estos rubros cubren el 62.1% del Presupuesto que “discutirá” el
Congreso de la República, donde los partidos tradicionales (liberal y
nacional) y los “chingaste” tienen mayoría calificada.
Desde
la perspectiva de organizaciones de sociedad civil, una de las
preguntas que surgen es ¿cuáles serán las medidas a ejecutar por el
gobierno para aumentar la productividad e impacto del gasto público en
sectores como salud y educación, a sabiendas que su monto es
insuficiente para cubrir las brechas de cobertura y equipamiento de
centros de salud, hospitales públicos, escuelas y colegios? En salud, la
respuesta del gobierno es la creación de una Comisión Burocrática
cuestionada por el Colegio Médico y otros gremios como el de las
enfermeras, ya que lo que buscan es acelerar la privatización de los
servicios de salud en detrimento de la endeble economía social; incluso
se habla de tapar la corrupción en salud.
En
Educación, el gobierno apuesta al Plan Nacional de Educación 2018-2030,
pero todavía no avanza y sigue siendo cuestionado por organizaciones
magisteriales ya que no participaron de su elaboración, pero, sobre
todo, por apoyar procesos de privatización de la educación media y
superior, la entrega de la provisión de insumos a empresas privadas y
bancos y la `profundización del desmantelamiento de las organizaciones
gremiales y captura de los fondos de previsión social.
En
infraestructura se apuesta a la aprobación de proyectos y suscripción
de contratos, aunque instituciones de gobierno y alcaldías (incluyendo
la Comisión de Alianzas-Público-Privada) han sido duramente cuestionadas
por la falta de transparencia y corrupción. Hay una opinión
generalizada que el aumento del presupuesto de Defensa y Seguridad,
sirve más a propósitos políticos que de “estabilidad democrática”, en
tanto es evidente las crecientes violaciones de derechos humanos, en su
mayor parte de jóvenes, mujeres y dirigentes ambientalistas; también,
además de la independencia y autonomía de las FFAA que no está obligada a
presentar en detalle su ejecución presupuestaria; se suman denuncias
por actos de corrupción en la compra de lanchas, reparación de aviones,
pago de viáticos, manejos de presupuesto de otras instituciones y
alquiler de vehículos sin licitación.
Otra
pregunta que, incluso expertos del Foro Social de la Deuda Externa
(FOSDEH), se han formulado es ¿qué monto de este sobreendeudamiento es
ilegítimo?, o sea que parte de la deuda contratada es deuda mala. De
acuerdo a cifras de CEPAL (2018), la participación de la deuda pública
total/PIB en 2017 fue de 43.5%, cuando en 2012, era de 30.2%/PIB, o sea
que aumentó en 13.3% es un periodo relativamente corto. En el caso de la
deuda pública externa el aumento fue de 11.5%, al pasar de representar
el 19.9%/PIB en 2012 a 31.4%/PIB en 2017.
Ojalá
que los diputados entiendan el problema que se avecina con este
creciente endeudamiento, en una economía que depende mucho de las
exportaciones de rubros como el café, aceite de palma, camarones,
bananos, frutas y legumbres, y de las remesas familiares, dos (2)
fuentes muy inestables, en la coyuntura actual, del crecimiento
económico. En tal sentido, puede ser de mucha ayuda para los
legisladores, sobre todos aquellos del Partido Liberal no contaminados
por la corrupción, LIBRE y PINU-SD, consultar a expertos nacionales y
externos sobre las alternativas para el manejo de la política de
creciente endeudamiento, y los pasos a seguir para eliminar o reducir la
deuda mala y deducir responsabilidades penales del caso.
Desde
la Academia, una pregunta aún sin respuesta es ¿acaso el anteproyecto
de Presupuesto de la Repùblica para 2019 se basa en prioridades de
desarrollo y de gasto establecidas en un Plan de Gobierno (2018-2022), o
Visión de Largo Plazo (2018-2030)? En el periodo anterior, el gobierno
contaba con un Plan Nacional (2014-2018), pero no ha sido actualizado
aun para el periodo (2018-2022), por lo que no se cuenta con un Plan y
Estrategia de Desarrollo de largo plazo; la Visión (2010-2038) del
gobierno de Pepe Lobo (2010-2013), fue desechada.
La
Secretaria de Coordinación General de Gobierno (SCGG) tiene la
competencia, funciones y recursos para elaborar o actualizar dichos
instrumentos, más allá de lo que piense la empresa privada, ministros y
el propio presidente de la Republica; es una función constitucional. Es
urgente que la ministra del ramo convoque al Consejo Nacional de
Planificación para que se discuta y aprueben los instrumentos de
planificación que dan soporte al Presupuesto, caso contrario las
prioridades de asignación de recursos serán exclusivamente de presidente
de la República, grupos corporativos y la Secretaria de Finanzas
(SEFIN), muy amiga de los que recomienda el FMI. En el caso de Plan de
gobierno, puede servir de base el avance que tiene la SCGG con la
elaboración del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) para 2022, pero que
deber ser compatibilizado con otras iniciativas y propuestas de actores
privados y sociales.
El
Plan, si se elabora con un grado mínimo de responsabilidad técnica y
participación ciudadana, puede ayudar a priorizar el gasto de inversión
real, e incluso, a dotar a SEFIN de una estrategia financiera más
independiente sobre el endeudamiento del país. Más aun, a integrar
estrategias de desarrollo sueltas, como la economía familiar campesina,
seguridad alimentaria, niñez y adolescencia, protección ambiental y,
sobre todo, innovación para la competitividad. Pero también, alinear la
cooperación internacional donde hay fuga y pérdida de recursos
financieros.
Honduras
puede entrar en un fase de parálisis neoliberal, donde ya los impuestos
indirectos no sea una opción de política para aumentar ingresos
tributarios, exista una resistencia de la empresa privada para aceptar
impuestos directos, eliminar exoneraciones y regular fideicomisos, y el
endeudamiento llegue a porcentajes críticos; solo quedando privatizar
más la salud y educación, despedir empleados y bajar salarios, usar
todos los recursos de los fondos de pensiones y poner a flotar la tasa
de cambio o aceptar la devaluación acelerada del desplumado, tal como lo
ha venido exigiendo el FMI y sector exportador.
Una
discusión pública del anteproyecto de presupuesto 2019 por el Congreso
de la República, con la participación activa de la Academia, colegios
profesionales y organizaciones de sociedad civil, puede ayudar a
construir nuevas opciones de política pública alternativa al modelo de
corte neoliberal ejecutado después del madrugón de junio de 2009.
https://www.alainet.org/es/articulo/195380
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