ONU CONDENA ILEGALIDAD EN REPRESIÓN MILITAR A HONDUREÑOS

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de varios expertos en materia de derechos humanos, ha condenado este día la muerte de al menos 27 personas durante las protestas en contra de la crisis política que ha desatado el fraude electoral promovido por el Tribunal de Elecciones.  

Según David Kaye, Michel Frost y Edison Lanza, el actuar violento de las fuerzas de seguridad hondureñas, responde a un proceso ilegal porque en crisis como las que vive el país, se debe actuar para proteger las manifestaciones políticas y no atacarlas.

Agencias / EL LIBERTADOR /  20 de Diciembre 2017

                  Ginebra. Los especialistas en materia de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye, Michel Frost y Edison Lanza, condenaron este miércoles la represión militar y policial que ya ha quitado la vida a unas 27 personas, entre ellas tres niños que murieron a causa del gas lacrimógeno lanzado en algunas viviendas.

       A través de un comunicado, los especialistas ratifican que en Honduras el Tribunal Supremo Electoral (TSE) accedió al fraude electoral, basándose en el “estado de  emergencia, suspendiendo derechos fundamentales, después de que miles de personas se sumaron a las manifestaciones en rechazo a las irregularidades del proceso electoral del 26 de noviembre”.

El documento incita al gobierno de Honduras a exhortar dar un cumplimiento estricto del respeto a la vida, la libertad de expresión y el derecho a la reunión, “de todas las personas bajo su jurisdicción”. Los especialistas ya han pedido a las autoridades investigar las muertes en las protestas porque los “estados de excepción”, no autoriza en ningún momento la derogación de derechos a la vida e integridad personal.

Cabe destacar que el 1 de diciembre, momentos después de que ilegalmente el designado presidencial Ricardo Álvarez, usurpara las funciones del presidente Juan Hernández, para declarar el estado de sitio, la Policía Militar y elementos del Ejército, “sembraron el terror” en el país, ya que dispararon y golpearon a varias personas, asesinando al menos a siete personas.         

“Las protestas callejeras y los disturbios no constituyen una situación excepcional que justifique la suspensión de derechos fundamentales”, afirmaron los expertos. “Por el contrario, en momentos críticos para la vigencia de la democracia, el debate público robusto y las manifestaciones políticas deben tener la máxima protección posible”, manifestaron.

Asimismo, añadieron que están alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas. En el documento hacen alusión a la muerte de al menos 12 personas; no obstante, según estimaciones de EL LIBERTADOR ya serían 27, según reportes en redes sociales y medios de información alternativos.    

               

Además hacen hincapié en las decenas de heridos y cientos de detenidos que fueron encarcelados en instalaciones militares “donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas, y otros tratos crueles inhumanos y degradantes”, lo que compete a una práctica común para el Ejército en Honduras, ya que de esa forma operaron en los años 80 con las desapariciones forzadas y en 2009 durante el golpe de Estado.

Por otro lado, los especialistas en derechos humanos, lamentan el atropello contra los periodistas, para el caso denunciaron que los días 9 y 10 de diciembre, Radio Progreso, “un medio comunitario emblemático por su independencia y defensa de la democracia, denunció el sabotaje de su torre y antena en Tegucigalpa. La radio perdió su señal en la zona central del país”.

Ante esa situación hicieron un llamado urgente “para que se investigue el ataque a Radio Progreso, se restablezca su transmisión y se garantice la seguridad de sus periodistas y trabajadores”. Los expertos concluyeron que “antes, durante y después de contiendas electorales, la información pública sobre el proceso electoral, divulgada de manera oportuna, proactiva y fidedigna, es una garantía indispensable de los sistemas democráticos”.

A continuación el comunicado de forma íntegra:

Honduras: Expertos condenan medidas contra manifestantes y prensa

20 de diciembre de 2017

WASHINGTON D.C / GINEBRA. - Expertos* de la ONU y la CIDH condenaron el asesinato de al menos 12 manifestantes en Honduras y la detención de cientos de personas que tomaron las calles luego de la suspensión del conteo de votos de las elecciones presidenciales del mes pasado.

El Gobierno declaró un estado de emergencia, suspendiendo derechos fundamentales, después de que miles de personas se sumaron a las manifestaciones en rechazo a las irregularidades del proceso electoral del 26 de noviembre. La policía detuvo forzosamente las protestas. El estado de emergencia quedó sin efecto el pasado 9 de diciembre.

"Exhortamos al Gobierno de Honduras a dar cumplimiento estricto a sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, así como los derechos a la libertad de expresión y derecho de reunión de todas las personas bajo su jurisdicción", afirmaron les expertos. Los expertos notaron que la proclamación de estados de excepción no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la derogación de derechos a la vida e integridad personal y llamaron a las autoridades a investigar estos hechos.

"Las protestas callejeras y los disturbios no constituyen una situación excepcional que justifique per se la suspensión de derechos fundamentales", afirmaron los expertos. "Por el contrario, en momentos críticos para la vigencia de la democracia, el debate público robusto y las manifestaciones políticas deben tener la máxima protección posible", manifestaron.

           

"Estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas, que resultó en la muerte de al menos 12 manifestantes, decenas de heridos y cientos de detenidos, muchas de ellos trasladados a instalaciones militares, donde habrían sido brutalmente golpeados, insultados y sometidos a torturas, y otros tratos crueles inhumanos y degradantes". 

Asimismo durante este tiempo, se han reportado ataques y detenciones de periodistas durante la cobertura de protestas. Los días 9 y 10 de diciembre, Radio Progreso, un medio comunitario emblemático por su independencia y defensa de la democracia, denunció el sabotaje de su torre y antena en Tegucigalpa. La radio perdió su señal en la zona central del país.

"Hacemos un llamado urgente para que se investigue el ataque a Radio Progreso, se restablezca su transmisión y se garantice la seguridad de sus periodistas y trabajadores", reafirmaron.

"Antes, durante y después de contiendas electorales, la información pública sobre el proceso electoral, divulgada de manera oportuna, proactiva y fidedigna, es una garantía indispensable de los sistemas democráticos", concluyeron.

 http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/internacionales/2603-onu-condena-ilegalidad-en-represion-militar-a-hondurenos