Por: Redacción CRITERIO
Agosto 11,2017 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Los pobladores de Pajuiles imputados por HIDROCEP deberán presentarse
al juzgado a firmar una vez cada semana y además se les prohibió la
salida del país y la concurrencia a actos públicos en la entrada de la
comunidad.
“Todas
estas medidas son desproporcionales ante la presentación voluntaria que
desmarca cualquier posibilidad de obstruir prueba a efectos del proceso
penal”, indicó el abogado Víctor Fernández, del equipo legal del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
Son siete
las personas fiscalmente requeridas en el Sector Pajuiles de Tela,
Atlántida, quienes están acusados del delito de USURPACIÓN por
detentación de espacios públicos en perjuicio del Estado de Honduras y
de la empresa hidroeléctrica HIDROCEP
Martínez, Arnaldo Castro y Orlando Castro
Luego de
conocer de la imputación de cargos en su contra, los 7 integrantes de la
comunidad del Sector Pajuiles, integrantes del Movimiento Amplio y del
Campamento Digno por el Agua y por la Vida asistieron este día al
juzgado de Tela a presentar escrito otorgando poder a los abogados
Víctor Fernández y Ariel Madrid y procediendo en el mismo acto a
realizar su presentación voluntaria.
Como
consecuencia de esto se llevó a cabo la audiencia de declaración de
imputados donde, el Ministerio Público se abstuvo de solicitar prisión
como medida, pero solicitó al juzgado la imposición de medidas
cautelares como ser la presentación a firmar al juzgado 2 veces por
semana, prohibición de salir del país y prohibición de concurrir a actos
públicos en el área detentada, a lo que el juzgado resolvió
favorablemente.
Sin
embargo, los abogados Fernández y Madrid apoderados legales de los
habitantes de Pajuiles e integrantes del MADJ interpusieron un recurso
de reposición argumentando que la medida de no concurrir a actos en el
área detentada implicaba la violación del estado de inocencia ya que
incurría en un pre juzgamiento al definir esa área como detentada sin
que el delito haya sido debidamente probado.
En cuanto
a las otras medidas, alegaron que estas eran desproporcionales y faltas
de idoneidad, ya que se trata de hombres de zonas rurales, en edad
adulta que no tienen posibilidades económicas de pensar si quiera en
salir de forma pronta del país.
Angélica Recinos detenida en la policía de Tela
La
defensa ejercida por el equipo legal del Movimiento Amplio fue incisiva
en cuanto a la violación de garantías constitucionales que representa la
prohibición de concurrir o asistir a manifestaciones públicas y/o como
lo manifestó el juzgado de forma concreta, de participar en actos
públicos realizados en la zona “detentada” es decir donde han
permanecido instalados los campamentos dignos por el agua y por la vida
por más de 140 días.
Argumentaron
que es fácil interpretar la finalidad de dicha medida como una figura
desmovilizadora de las actividades que los líderes comunitarios
criminilizados ejercen dentro de las luchas de sus comunidades.
Pero, a
pesar de todos los argumentos dilucidados el juzgado resolvió fijar como
medidas la presentación a firmar 1 vez por semana, prohibición de salir
del país, prohibición de concurrir a manifestaciones o actos públicos
en la entrada del Sector Pajuiles (donde se encuentran los campamentos),
medidas que serán también aplicadas a las cuatro personas detenidas el
día de ayer y se fijó audiencia inicial para el próximo 24 de agosto de
2017.
http://criterio.hn/2017/08/11/juzgado-tela-impone-medidadas-desproporcionadas-pobladores-pajuiles/
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