Honduras: Las víctimas de Ahuas aún claman justicia

Informe de los Departamentos de Estado y Justicia de los Estados Unidos revela mentiras de la DEA sobre masacre de misquitos

Viernes, 26 de mayo de 2017 Por Giorgio Trucchi | LINyM

Los familiares de las víctimas de la masacre exigen que se reabra el caso y que cese la impunidad que ha envuelto el asesinato de sus seres queridos.

                              En la madrugada del 11 de mayo de 2012, un pequeño bote con 16 personas a bordo se deslizaba en silencio sobre las aguas del río Patuca, en la Mosquitia hondureña, al noreste de Honduras. Un viaje largo y cansado de más de siete horas para llegar a la comunidad de Paptalaya, municipio de Ahuas, departamento de Gracias a Dios.

Eran las 2 de la mañana y casi todos los pasajeros dormían. Los pasajeros fueron despertados por el ruido de por lo menos cuatro helicópteros militares estadounidenses que sobrevolaban la zona. Una lluvia de balas de armas de grueso calibre embistió el pequeño bote y sus ocupantes.

El operativo conjunto de agentes del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero por su sigla en inglés) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras dejó un saldo de cuatro muertos: Emerson Martínez Henríquez (21años), Hasked Brooks Wood (14 años), Juana Jackson Ambrosio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años).

También hubo por lo menos 5 heridos de gravedad. Según sus parientes, Juana y Candelaria tenían varios meses de embarazo [1].

Escalada militarista

El operativo se dio en el marco de una creciente militarización de la zona. En los últimos años, bajo el argumento de la lucha frontal contra el narcotráfico, el gobierno norteamericano volvió a invertir millones de dólares en la instalación y equipamiento de nuevas bases militares, como es el caso de las bases navales de Isla Guanaja y Caratasca, en el departamento Gracias a Dios, que se suman a la ya histórica base de Soto Cano (Palmerola).

Además, la embajada de Estados Unidos en Honduras, el gobierno hondureño, la INL (Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley), la DEA, y el Comando Sur han diseñado un plan para desplegar temporalmente helicópteros estadounidenses en territorio hondureño para apoyar las misiones antinarcóticos.

De esa manera, Honduras se ha convertido en el país que más bases militares norteamericanas alberga en toda la región. Una escalada militarista que ha tenido su mayor impulso después del golpe de Estado que en 2009 derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.

DEA y Estado de Honduras se lavan las manos

Después de la masacre, el entonces portavoz de la DEA en Washington, Dawn Dearden, reconoció que agentes del FAST estaban trabajando a bordo de los helicópteros en apoyo a la policía hondureña. Alegó que no fueron ellos los que dispararon. La entonces embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske, avaló esas declaraciones y aseguró a medios nacionales que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron en forma debida y en defensa propia, supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.

Los familiares de las personas asesinadas dijeron que fue un ataque indiscriminado, seguido por una persecución sin sentido contra ellos y las personas de las comunidades.

Tanto los familiares de las víctimas como el alcalde de Ahuas, Lucio Baquedano, reafirmaron con fuerza que los agentes hondureños y estadounidenses dispararon de manera indiscriminada, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta que había aterrizado unas horas antes.

Además, el terror que envolvió a la pequeña comunidad de Paptalaya no terminó con el ataque al pequeño bote, sino que se prolongó por varias horas, en cuanto decenas de agentes hondureños y norteamericanos se desplazaron por la zona en búsqueda de supuestos narcotraficantes y su mercadería. Los habitantes fueron detenidos, tirados al piso, amarrados y golpeados sin motivo.

Una noche de terror que aún no tiene responsables, ya que cinco años después de los hechos, dos de los acusados, Noel Andrés Hernández e Iván Neptaly González Herrera, fueron sobreseídos provisionalmente, mientras que al miembro de la DEA Alexander Ramón Robelo Salgado se le abrirá juicio por el delito de homicidio y abuso de autoridad en perjuicio de Emerson Martínez Henríquez.

Los familiares tenían razón

Cinco años después de la masacre que enlutó a la Mosquitia hondureña, un informe de los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos, revela que la DEA le mintió al Congreso, a funcionarios del Departamento de Justicia y al público en general. Además planeó mal la operación, no investigó plenamente los incidentes y proporcionó información inexacta a funcionarios del Departamento de Justicia y al Congreso.

En su reporte, el inspector general del Departamento de Justicia no encontró evidencia que respaldara la versión de la DEA.

“Incluso cuando hubo información disponible para la DEA que era distinta a lo que señalaba su reporte inicial, como que el barco de pasajeros podría ser un taxi acuático que llevaba a personas en un viaje nocturno, los oficiales de la DEA se mantuvieron firmes”, señala el día de hoy el New York Times mencionando el reporte.

En ningún momento –continúa el informe– pudieron corroborar la versión según la cual los individuos que fueron atacados por agentes hondureños eran narcotraficantes que intentaban llevarse la droga.

“El informe demuestra que los familiares de las víctimas tenían razón en cuanto a la violación de derechos humanos. Demuestra que las declaraciones, tanto de la DEA como del Estado de Honduras, eran falsas. Ahora tendrán que responder por sus mentiras y por haber manipulado los hechos y hasta estigmatizado a la población de las comunidades miskitas”, dijo a la LINyM Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, que asumió la representancia legal de los familiares de las víctimas.

“Una vez más se demuestra que la supuesta política de combate al narcotráfico genera violación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades locales”, aseveró Miranda.

Familiares reclaman justicia

“A mi hermana la masacraron. Su cuerpo flotaba en las aguas del río y tenía cuatro heridas de bala. Ella tenía apenas 28 años y estaba embarazada de cinco meses. Yo soy madre soltera de 4 hijos y tuve que hacerme cargo de sus dos hijos. Una situación muy difícil, tremenda. Estoy sola y no sé cómo seguir adelante”, dijo ayer Marlen Zelaya Jackson , hermana de Juana Jackson Ambrosio, durante el Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras.

“No hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades. Esa gente es culpable, el mismo informe de Estados Unidos lo dice. Siempre hemos tenido la razón y ahora tienen que pagar por lo que hicieron. Exigimos justicia”, concluyó Zelaya Jackson.

[1] En el texto se retoman partes del amplio reportaje publicado por Opera Mundi (aquí en español)

Pubblicato da nicaraguaymas 

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.ch/2017/05/honduras-las-victimas-de-ahuas-aun.html 

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Honduras Resists

Ahuas victims still demanding justice

Posted: 26 May 2017 09:59 PM PDT

The Ahuas victims are still demanding justice

U.S. State Department Report reveals DEA lies about the massacre of Misquito indigenous peoples

By Giorgio Trucchi | LINyM (Translation by Matt Ginsberg-Jaeckle, La Voz de los de Abajo)
Original en español: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2017/05/honduras-las-victimas-de-ahuas-aun.html

The families of the massacre victims demand that the case be reopened and that the impunity that has surrounded the assassination of their loved ones come to an end. 

    

                                                           Photo/Foto: G. Trucchi | Rel-UITA

       
In the early morning of May 11th, 2012, a small boat with 16 people on board was quietly floating on the waters of the Patuca river, in the Mosquitia area of Northeastern Honduras. It was a long and tiring journey of over seven hours to get to the community of Paptalaya, in the Ahuas municipality within the state of Gracias a Dios.

It was 2am and almost all of the passengers were asleep. They woke up to the noise of at least four U.S. military helicopters flying over the area. A rain of bullets from high-calliber weapons ambushed the small boat and its occupants.

The joint operation of DEA FAST (Foreign-deployed Advisory and Support Team) agents, and Honduran National Police's Tactical Response Team left a body count of four dead: Emerson Martínez Henríquez (21 years old), Hasked Brooks Wood (14 years old), Juana Jackson Ambrosio (28 years old) and Candelaria Pratt Nelson (48 years old).

There were also at least 5 people seriously wounded. According to their family members, Juana and Candelaria were both several months pregnant [1].

Military Escalation

The operation took place in the context of growing militarization of the area. In recent years, under the pretext of a direct confrontation with narco-traffickers, the U.S. government has again invested millions of dollars in the installation and equipping of new military bases, as is the case of the naval bases on Isla Guanaja and Caratasca, in the state of Gracias a Dios, which have been added on to the list with its long-standing Soto Cano (Palmerola) base.

In addition, the U.S. embassy in Honduras, the Honduran government, the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), the DEA, and the U.S. Southern Command have designed a plane to temporarily deploy U.S. helicopters in Honduran territory to support the anti-narcotic missions. 

Thus, Honduras has become the country hosting the most U.S. military bases in the entire region. A military escalation that has had its biggest boost following the 2009 coup d'etat that overthrew then-President Manuel Zelaya Rosales.

DEA and Honduran State wash their hands

After the massacre, the then-spokesperson for the DEA in Washington, Dawn Dearden, admitted that FAST agents were working on board the helicopters in support of the Honduran police. She claimed that it wasn't them who fired. The U.S. ambassador to Honduras at the time, Lisa Kubiske, backed up those statemens and assured the national media that the units who led the anti-drug operation acted properly and in self-defense, supposedly in response to gunshots that came from the small boat.

The families of the people killed said that it was a random attacked, followed by senseless persecution against them and the people from the communities.

Both the victims' families as well as the Ahuas mayor, Lucio Baquedano, adamantly stated that the Honduran and U.S. agents fired indiscriminately, believing that the boat was transporting drugs unloading from a small plane that had landed a few hours prior. 

In addition, the terror that overtook the small community of Paptalaya didn't end with the attack on the small boat, but instead continued for several hours, while hundreds of Honduran and U.S. troops deployed into the area looking for supposed narco-traffickers and their product. The residents were detained, thrown to the floor, tied up and beaten without cause. 

To date, nobody has been held accountable for this night of terror. Five years after these events, two of those accused, Noel Andrés Hernández and Iván Neptaly González Herrera, had their charges dismissed while a case was opened against DEA Alexander Ramón Robelo Salgado for the crime of homicide and abuse of authority against Emerson Martínez Henríquez.

The families were right

Five years after the massacre that sent Honduran Mosquitia into grieving, a report from the U.S. State and Justice Departments reveals that the DEA lied to Congress, to officials from the Justice Department and to the general public. In addition, it mis-planned the operation, didn't completely investigate the incidents and provided inexact information to officials from the Justice Department and Congress. 

In its report, the Justice Department's Inspector General does find evidence to back up the DEA's story.

“Even as information became available to D.E.A. that conflicted with its initial reporting, including that the passenger boat may have been a water taxi carrying passengers on an overnight trip, D.E.A. officials remained steadfast,” points out today's New York Times, citing the report.

At no time, the report continues, were they able to corroborate the story that the individuals who were attacked by Honduran agents were narco-traffickers trying to transport drugs.

"The report demonstrates that the family members of the victims were right about the violation of their human rights. It shows that the statements, both by the DEA and the Honduran state, were false. Now they will have to answer for their lies and for having manipulated the facts and even stigmatized the population of the Mosquitia indigenous communities," said Miriam Miranda, coordinator of the Fraternal Black Organization of Honduras (OFRANEH), who has taken on the legal representation of the victims' families. 

"Once again they show that the supposed policy of fighting drug trafficking generates human rights violations amongst the peoples of local communities," Miranda told LINyM.

Families demand justice

“My sister was massacred. Her body was floating in the river's waters and had four bullet wounds. She was only 28 years old and was five months pregnant. I am a single mother with four children and I had to take on her two children. A very, tremendously difficult situation. I am alone and I don't know how to keep going," said Marlen Zelaya Jackson, sister of Juana Jackson Ambrosio yesterday during the Second National Gathering of Indigenous and Black Women of Honduras (Segundo Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras).

“We haven't had any response from the authorities. These people are to blame, even the report from the U.S. says so. We have always been right and now they have to pay for what they did. We demand justice," Zelaya Jackson concluded.

[1] This text includes portions from the broad report published by Opera Mundi (aquí en español)

Source: LINyM