Publicado por defensores -
De Ariadna Tovar, Investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en las Américas de Amnistía Internacional
La última vez que hablé con Berta Cáceres, defensora indígena lenca
del medioambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, noté la
gravedad de la situación en su voz.
La campaña que el COPINH estaba llevando a cabo desde hacía años
contra la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río
Gualcarque, estaba tocando poderosos intereses económicos y políticos. Y
las amenazas en su contra y contra otros integrantes del COPINH se
estaban haciendo rutina.
Pero frenar el trabajo no era una opción. El avance del proyecto
ponía en grave riesgo el acceso de la comunidad a un río sagrado, y eso
no era negociable.
Nuestra conversación telefónica fue breve. Hablamos sobre una visita
de Amnistía Internacional a la comunidad de Río Blanco, una de las
muchas que hacen parte del COPINH.
Berta se ofreció a ser nuestra guía, como en otras ocasiones de su
larga colaboración con Amnistía Nos dijo que le parecía esencial que la
situación de la comunidad formara parte de nuestra investigación sobre
el incremento de ataques que sufren las personas que dedican su vida a
la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras.
Nos despedimos pensando que nuestra próxima charla sería en persona. Nunca imaginé que esa sería la última vez que hablaríamos.
Un mes más tarde, el 2 de marzo del 2016, recibimos la noticia que
nadie quería escuchar: Berta había sido cruelmente asesinada, a tiros,
en su habitación.
Así de simple. Así de brutal.
Aterrizamos en Tegucigalpa tres días después del asesinato. El
ambiente en la capital, y el resto del país, era una mezcla de dolor,
caos y miedo.
A pesar de las muchas amenazas que Berta había sufrido por su labor,
algunas autoridades se empecinaban en afirmar que el asesinato había
ocurrido en el contexto de un robo, y otras, más grave, que se trataba
de un crimen pasional. El único testigo y sobreviviente del ataque, el
defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no tenía permitido
salir del país a pesar del riesgo que enfrentaba y de haber acudido a
las varias diligencias a las que había sido citado.
Las personas que trabajaban en COPINH estaban aterrorizadas. Si
alguien había podido asesinar a Berta, ganadora del Premio Goldman y
reconocida a nivel internacional, ¿qué seguridad se podía esperar para
otros?
La impunidad es ley en Honduras, eso lo saben todos.
No sólo los asesinatos quedan impunes. En la mayoría de los casos,
los responsables de las amenazas, los ataques, las quemas de enseres,
los allanamientos, los desalojos ilegales, la criminalización y otras
formas de violencia contra quienes defienden los derechos humanos no son
sancionados.
A pesar de la gravedad de la situación, ni el Fiscal General, Oscar
Chinchilla, ni el Presidente, Juan Orlando Hernández, aceptaron vernos.
Hace un año venimos solicitando reuniones con el Presidente que son
rechazadas; en vez de respondernos, nos bloqueó de su cuenta de twitter.
No fue hasta un mes después del crimen contra Berta que el Fiscal
General aceptara públicamente que su asesinato podría haber sido en
respuesta a su trabajo de defensa de derechos humanos. Prometió que se
tendría en cuenta esto como línea de investigación.
Pero a un año de la tragedia que marcó una profunda herida en el
movimiento de derechos humanos en Honduras y en el mundo, los avances
han sido deficientes.
A lo largo de los meses que siguieron al asesinato, las autoridades
capturaron a seis sospechosos de haber participado en el crimen. Dos de
ellos vinculados a las fuerzas militares, por ser miembros activos o
retirados, y otros dos relacionados con la empresa dueña del proyecto
Agua Zarca, un gerente y un ex jefe de seguridad. Posteriormente, en los
primeros meses de 2017, fueron capturados otros dos sospechosos, uno de
ellos en México.
Sin embargo, queda el interrogante sobre si la investigación ha sido
suficiente para identificar a los autores intelectuales y frenar la ola
de ataques de la que decenas de activistas de derechos humanos siguen
siendo víctimas.
En febrero de 2017 se desató una campaña mediática para desacreditar y
deslegitimizar a distintas organizaciones de la sociedad civil, entre
las que se encontraba el COPINH. Los acusaban de mentirosos y de
promover una mala imagen de Honduras. La estigmatización provenía de
personas particulares afines a los gremios económicos, pero también fue
respaldada por el silencio del Presidente Hernández, quien a pesar de
los repetidos llamados de la comunidad internacional, no condenó estas
declaraciones ni reconoció públicamente el legítimo trabajo que realizan
quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente.
“Tenemos que ser muy celosos de cuidar nuestra imagen y si algo no
está bien, tenemos que enmendarlo y hacer justicia” dijo el Presidente
en los primeros días de febrero de este año.
¿Pero, justicia de qué tipo es a la que hacía referencia el
Presidente Hernández? Una en que se identifique a todos los autores
materiales e intelectuales del asesinato de Berta. Una justicia en que
las autoridades del Estado, incluidas las de mayor rango, rechacen
enfáticamente el lenguaje que presenta a las personas defensoras de
derechos humanos como enemigas del país, y que facilita que sean
asesinadas como Berta. Justicia que reconozca de forma pública y
continua que las personas defensoras de los derechos humanos realizan un
trabajo esencial y legítimo.
Como ve, señor Presidente, hay algo que no está bien en Honduras y debe enmendarse.
http://defensoresenlinea.com/berta-caceres-y-las-heridas-abiertas-de-honduras/
viernes, 3 de marzo de 2017
Berta Cáceres y las heridas abiertas de Honduras
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