Santiago, Chile (Tomado de: El Ciudadano.cl).- "Debemos
como sociedad defender el derecho de los habitantes de un territorio a
opinar y manifestarse en contra de proyectos impuestos, así como la
posibilidad de construir alternativas desde sus espacios de vida, en
lugar de cuestionarlos y perseguirlos hasta la muerte".
El
22 de agosto de 2016 en la localidad de Tranguil, comuna de
Panguipulli, fue encontrada muerta Macarena Valdés Muñoz, quien, según
informes médicos, se habría suicidado por ahorcamiento. Hasta el 21 de
agosto, Macarena era, junto a su esposo Rubén Collío (vocero de la
Coordinación Newen Tranguil), una de las principales opositoras a la
construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica
RP Global Chile (perteneciente al holding RP Global, de capitales
chilenos, austríacos y españoles) y la eléctrica chilena SAESA; proyecto
que se ubicaría en territorio perteneciente a comunidades mapuche.
Dos
días antes de la muerte de Macarena, la familia Collío Valdés había
recibido amenazas por parte de trabajadores contratistas de RP Global.
Menos de 24 horas después de su muerte, la eléctrica SAESA, en compañía
de carabineros, comenzó la instalación de cables de alta tensión para la
central de paso, afuera de la casa de los Collío Valdés. Hoy, en medio
de fuertes cuestionamientos a la autopsia que habría determinado el
supuesto suicidio de Macarena, solo en la comuna de Panguipulli se
levantan 8 proyectos hidroeléctricos y existen más de 300 derechos de
agua concesionados.
El
3 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza, Honduras, fue
asesinada Berta Cáceres, dirigenta indígena lenca, ganadora del premio
Ambiental Goldman 2015 y cofundadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización
concebida para luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la
cultura lenca y mejorar las condiciones de vida en la región. Por
oponerse desde 2009 al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río
Gualcarque (territorio sagrado del pueblo lenca), Berta fue amedrentada y
hostigada en múltiples ocasiones por las empresas constructoras de la
represa, el Estado hondureño a través de la Policía Nacional, el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) e incluso la iglesia católica.
La muerte de Berta permitió denunciar la grave amenaza en la que se
encuentran los activistas indígenas en conflictos socioambientales en
Honduras, donde, según el Informe Anual 2015 “En Terreno Peligroso” de
Global Witness, solo entre 2010 y 2014 fueron asesinadas 101 personas en
contextos de conflictos asociados al avance de la agroindustria, la
minería y la construcción de represas, transformándose en el país más
peligroso del mundo para defender una causa ambiental.
Lo
más ominoso de las muertes de Macarena Valdés y Berta Cáceres, es que
no son casos aislados. Así lo señalan los datos de Global Witness,
Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para ser un activista
o dirigente territorial en contextos de conflicto socioambiental: 122
de las 185 muertes documentadas en 2015 y 88 de las 116 muertes
documentadas en 2014 ocurrieron en nuestro continente. Dentro de estos,
quienes se encuentran más afectados son los pueblos indígenas: en 2014 y
2015, el 40% de los defensores ambientales asesinados corresponden a
representantes de pueblos originarios, según este reporte. Esto es un
indicador de la concentración de este tipo de conflictos en territorios
indígenas, así como la creciente presión sobre sus recursos: solo en
Chile, el 38% de los conflictos socioambientales documentados entre 2010
y 2015 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) involucran
tierras y territorios indígenas.
El
alarmante aumento de los asesinatos de líderes de movimientos de
defensa medioambiental y territorial en nuestra región, particularmente
asociados a conflictos y territorios indígenas, abre una serie de
preguntas sobre el crecimiento de los proyectos extractivistas en el
continente y la aparente nula capacidad de los Estados nacionales de
regular o resolver los mismos, obligando a las comunidades locales a
organizarse en la defensa de sus territorios y derechos ambientales
hasta las últimas consecuencias. Esta aparente complicidad entre los
Estados nacionales y los intereses económico-políticos detrás de los
proyectos extractivistas que desangran el continente, no solo protege en
un manto de desinformación a los responsables de estas muertes; también
motiva el levantamiento de diversos movimientos socioambientales y por
la defensa de territorios locales.
Desde
fines del siglo XX, el auge de diversos movimientos sociales en contra
de las políticas neoliberales, la globalización y la privatización,
reflejan un cuestionamiento profundo a la legitimidad del modelo
capitalista y su desmantelación de la capacidad de los Estados para
articular los diversos intereses presentes en la sociedad (los
nacionales con los locales, o el interés público con el
privado-productivo, por ejemplo). Este cuestionamiento se concreta en la
defensa de una nueva manera de estructurar la vida social, que permita a
las personas y comunidades locales determinar lo que ocurre en los
territorios que habitan, decidiendo sobre aquello que influye
cotidianamente en sus vidas.
Es
desde los territorios y comunidades locales dónde se imaginan y
defienden proyectos de desarrollo alternativos, que redefinen las
prácticas ambientales, económicas, políticas, sociales y culturales a
nivel local. Se comprende así que los movimientos sociales
latinoamericanos se encuentren cada vez más territorializados: desde lo
local, diversos pueblos, comunidades y grupos de interés nos proponen un
nuevo ordenamiento democrático para la sociedad en su conjunto,
explorando las posibilidades que surgen de la autogestión y organización
local, ofreciendo nuevos caminos para la libre determinación del ser
humano.
Así,
los conflictos socioambientales ponen en valor el territorio para una
comunidad específica, como el espacio donde se desarrolla, produce y
reproduce una forma particular de vida en común, un proyecto colectivo y
una visión de futuro. Lo que está en el centro de la disputa es el
territorio mismo, considerado integralmente, como la base de los bienes
públicos sobre los que también existen derechos; como una potencialidad
que los proyectos de desarrollo alternativos de diversas comunidades
locales pueden contribuir a materializar.
La
demanda por decidir sobre el propio desarrollo y por tener el legítimo
derecho a oponerse a una intervención territorial particular, impuesta
por intereses generalmente ajenos al territorio mismo, no implica solo
transformar las condiciones materiales y sociales de reproducción de la
sociedad, sino también una transformación política y cultural. Las
luchas lideradas por personas como Macarena y Berta, exigen una
participación real y vinculante en el proceso de transformación
territorial; una participación que considere competencias y atribuciones
concretas que empoderen a las comunidades locales para participar de
forma efectiva en la construcción de un proyecto de desarrollo
territorial propio.
Es
relevante que como sociedad podamos reflexionar y discutir sobre las
legítimas demandas que se levantan desde los territorios, y de cómo
hacer factibles los proyectos de desarrollo alternativos que surgen en
cada uno de ellos. Esta discusión es fundamental, sobre todo en el marco
de vulnerabilidad y asesinatos alevosos que hoy sufren dirigentes
territoriales y defensores ambientales en todo el continente: para que
voces y opciones de vida como las de Macarena Valdés y su familia sean
respetadas, debemos como sociedad defender el derecho de los habitantes
de un territorio a opinar y manifestarse en contra de proyectos
impuestos, así como la posibilidad de construir alternativas desde sus
espacios de vida, en lugar de cuestionarlos y perseguirlos hasta la
muerte. Este mínimo social, nos encaminará hacia la comprensión del
derecho al territorio, facilitando un diálogo constructivo como sociedad
civil respecto a la necesidad y potencialidad de un desarrollo mirado
desde los territorios, y no desde un escritorio muy lejos de los pasares
cotidianos de cada lugar.
Ver la publicación original aquí.
*Asistente de Investigación de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/berta-caceres-vive/macarena-y-berta-la-defensa-ambiental-y-el-derecho-al
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