Honduras: Infiltrado, el Poder Judicial muestra la urgencia de profunda depuración

Autor del artículo: Proceso Digital /  Sábado, 10 Diciembre 2016 - 20:02

Tegucigalpa - Por insólito que parezca en el Poder Judicial hondureño también se han cocinado las habas de la corrupción. Al órgano que administra la justicia hondureña se le investiga por presuntos actos que involucran a lo interno a varios protagonistas.

Por ello, en las últimas horas, detectives de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron documentos en las oficinas del Centro de Justicia Civil del Poder Judicial.

Debido a una denuncia relacionada al extravío de títulos valores en esa dependencia, la Fiscalía actúa en coherencia.

Estas últimas acciones se suman a otras investigaciones que la Fiscalía junto a otros operadores anticrimen.

                                                

Las ejecuciones del jueves de esta semana se debieron a una acción investigativa relacionada al extravío de 1.4 millones de lempiras de la oficina de Títulos Valores entre enero de 2007 y enero de 2015.

El dinero que ingresó bajo consignaciones y custodia al Centro de Justicia Civil nunca fue depositado a las cuentas bancarias de los Juzgados de Letras o se devolvió a las partes, entre otras circunstancias que investiga la Fiscalía.

Otros casos que involucran a
personeros del Poder Judicial

                                              

Sonado también ha sido el caso del magistrado Ovidio Rodríguez, quien tiene varias líneas de investigación sobre presuntos actos fuera del margen de la ley.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha presentado diligencias ante la Fiscalía hondureña sobre el actuar de este alto funcionario judicial.

Asimismo, otro asunto que mantiene el interés de la ciudadanía, son los requerimientos que anunció el Ministerio Público para los exmiembros del Consejo de la Judicatura, vinculados a una cadena de acciones en la que se mezclan abusos de todo tipo y una violación de la ley a gran escala.

Apenas uno que otro juez ha sido enjuiciado y enfrenta acusaciones en los tribunales de la República.

Para el caso guardan prisión las exjuezas Wendy Caballero, María Elena Fonseca y Liz María Núñez, todas acusadas de prevaricato.

Particularmente, el segundo a bordo en el Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, también enfrenta acusaciones ligadas a abusos y uso de influencias. Una operación anticrimen denominada Shalom ha mostrado detalles que le vinculan actos impropios.

Particularmente, el segundo a bordo en el Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, también enfrenta acusaciones ligadas a abusos y uso de influencias. Una operación anticrimen denominada Shalom ha mostrado detalles que le vinculan actos impropios.

Necesaria depuración

El exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, señaló que todas las instituciones públicas necesitan una depuración, sin embargo, refirió que la pérdida de títulos valores que se denunció recientemente en el Poder Judicial “se trata de un caso de empleados subalternos, no necesariamente es un problema de las autoridades supremas”.

“Se evidencia que hace falta control, recordemos que hasta hace poco existió en Consejo de la Judicatura que se ocupaba de esos temas, aunque este es otro caso por el cual no vemos a ningún exfuncionario judicializado”, indicó.

Apuntó que el Poder Judicial necesita una depuración, aunque advirtió que esta no debe ser como se ha hecho en la Policía.

“Si llegaran a nombrar una comisión -tal como ocurre en la Policía- esto vendría a debilitar la institucionalidad”, recomendó.

Estas cosas no deben ocurrir en el Poder Judicial

De su lado, Mario Díaz, hasta hace poco presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, le confió a Proceso Digital que es imperativo que las denuncian sobre la pérdida de títulos valores sea investigada a profundidad.

“Se perdieron títulos valores que ascienden a más de un millón de lempiras que estaban bajo la custodia de un determinado funcionario judicial. Creemos que esto no debe ocurrir en el Poder Judicial porque nosotros estamos para impartir justicia a la ciudadanía”, apostilló.

Agregó que “si estos dineros se están perdiendo quiere decir que esos actos van en contra de los ciudadanos que por alguna razón depositaron estos valores bajo la custodia de funcionarios judiciales”.

Díaz exigió castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estos ilícitos. “Debe haber castigos ejemplares, en vista que los funcionarios judiciales no deben estar bajo ese tipo de cuestionamientos que afectan la credibilidad de todo el sistema judicial de Honduras”.

¿Y los castigos al Consejo de la Judicatura?

El juez Mario Díaz insistió que como miembro de la carrera judicial le preocupa que no existan castigos contra el anterior Consejo de la Judicatura. “Queremos saber cuáles son las sanciones que la propia Corte Suprema de Justicia va imponerles a estas personas que cometieron diferentes irregularidades. No es posible que a nueve meses de haber declarado inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura, todavía estos exfuncionarios no tengan procesos legales en los tribunales”, afirmó.

Recordó que una Mesa de Verificación determinó en tres informes que los exconcejales del desaparecido cuerpo que administró el Poder Judicial, realizaron actos reñidos con la ley, sin embargo, no hay acciones de ningún tipo.

A renglón seguido exteriorizó que “desde la cabeza hacia abajo debe haber evaluaciones del desempeño de sus funciones.  Si internamente no hay justicia, cómo es posible que pueda haberlo para la sociedad en general. Debe ser un proceso que nos abarque a todos y así tener un mejor servicio de justicia”, concluyó.  

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