Diciembre 7, 2016 / redaccion@criterio.hn
Apreciados secretario Kerry y secretario Lew:
Escribimos
para hacer seguimiento a nuestra carta del 16 de marzo de 2016, firmada
por 62 miembros del Congreso, en donde expresamos nuestras
preocupaciones por el asesinato de Berta Cáceres — activista hondureña
reconocida internacionalmente por su lucha a favor de los derechos
indígenas — y por los derechos humanos y las políticas de Estados Unidos
hacia Honduras en general. Desde entonces, nuestros temores solo se han
incrementado.
Nos
preocupa que el Gobierno de Honduras continúe limitando indebidamente
el acceso a la investigación del caso del asesinato de la Sra. Cáceres y
de Gustavo Castro, un testigo clave atentado junto a la Sra Cáceres.
Bajo la ley hondureña, las víctimas y sus familiares tienen derecho a
participar activamente en el seguimiento de los casos, sin embargo, el
expediente de la Sra. Cáceres sigue siendo secreto siete meses después
del hecho. Esto limita considerablemente la participación en el caso que
le brinda la ley a la familia y limita su habilidad de abogar por un
enjuiciamiento rápido de los implicados.
Estamos
también alarmados por la manera descuidada con la que las autoridades
hondureñas han tratado el expediente del caso, dado que se permitió que
este fuera sustraído de las oficinas del estado y luego fue robado. Esto
genera aún más dudas sobre la habilidad de las autoridades hondureñas
para manejar el caso de la Sra. Cáceres y de llevar el caso de manera
imparcial.
Estuvimos
complacidos al enterarnos que cinco sospechosos conectados con el
asesinato de la Sra. Cáceres fueron arrestados en mayo de 2016 y que un
sexto sospechoso fue arrestado en septiembre. Las personas arrestadas
incluyen: un empleado actual de la compañía de construcción de represas
hidroeléctricas DESA, empresa constructora de la represa a la cual la
Sra. Cáceres y las comunidades indígenas Lenca en Río Blanco se oponían
activamente; un comandante activo del ejército hondureño y dos
ex-miembros del ejército hondureño, de los cuales uno también era
ex-empleado de DESA.
Siguen
habiendo preocupaciones sobre el hecho de que los presuntos autores
intelectuales del asesinato de la Sra. Cáceres no hayan sido detenidos y
de que las autoridades no hayan incautado evidencia relevante durante
las inspecciones de la sede de DESA. El 21 de junio el periódico The
Guardian reportó que un ex-soldado de una unidad de fuerzas especiales
financiada por Estados Unidos relató que había visto el nombre de la
Sra. Cáceres en una lista de “objetivos a eliminar”, presuntamente
perteneciente al ejército hondureño. Esto, junto a las identidades de
aquellos previamente arrestados, sugiere la participación de militares
de alto rango del ejército hondureño en el asesinato de la Sra. Cáceres.
Damos
la bienvenida al anuncio del 14 de noviembre de 2016 sobre la creación
del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), el cual fue
conformado por solicitud de la familia Cáceres con el apoyo de COPINH y
varias organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que el GAIPE
pueda contribuir a una revisión independiente e imparcial de la
investigación criminal pendiente. Sin embargo, el GAIPE no tiene acceso a
más información de la que ha estado a disposición de la familia. En
nuestra carta de marzo de 2016, solicitamos su ayuda para presionar al
gobierno hondureño para apoyar una investigación internacional
independiente del caso de la Sra. Cáceres, la cual estuviese liderada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de
las ofertas de ayuda de la CIDH, el Gobierno de Honduras no ha permitido
que proceda esta investigación y el Departamento de Estado de los
Estados Unidos no ha tomado una postura pública clara en apoyo a la
investigación de la CIDH. Solicitamos que haga esto inmediatamente.
Adicionalmente,
continúa la violencia en contra de los activistas de derechos humanos.
Nelson García, activista del COPINH, fue asesinado en marzo de 2016 y su
familia ha sido forzada a huir de Honduras dadas las amenazas que han
recibido. En octubre de 2016, Tomás Gómez Membreño, sucesor de la Sra.
Cáceres como coordinador de la COPINH, y Alexander García, líder local
de COPINH en Llano Grande, sobrevivieron atentados contra sus vidas. Más
recientemente, el 18 de octubre de 2016, cuatro hombres enmascarados
asesinaron a tiros a dos defensores de reforma agraria de la cooperativa
MUCA en el Valle de Aguán — una región en donde más de 150 defensores
del derecho a la tierra han sido asesinados desde el 2009. Los miembros
de MUCA están protegidos por la CIDH, como lo estaba la Sra. Cáceres,
pero el Gobierno hondureño todavía no ha cumplido la orden de protección
emitida por la Comisión.
Finalmente,
el dinero de los impuestos de los estadounidenses no debería ser
otorgado a un gobierno que está siendo acusado de operar fuera del
estado de derecho y que está colaborando en asesinatos planificados.
Solicitamos que el gobierno de Estados Unidos suspenda inmediatamente
toda ayuda policial y militar a Honduras hasta que estas crecientes
preocupaciones sobre los derechos humanos sean atendidas.
Es alarmante
que el 30 de septiembre de 2016, el Departamento de Estado haya
certificado que el Gobierno hondureño ha cumplido con las condiciones
sobre los derechos humanos requeridas para las ayudas en la Ley de
Asignaciones para el año fiscal 2016, a pesar de existir abrumadora
evidencia de lo contrario. Los requisitos de la mencionada ley para la
ayuda incluían la protección de los defensores de los derechos humanos y
otros activistas políticos, el enjuiciamiento de fuerzas de seguridad
que cometieran abusos de derechos humanos y el cese del involucramiento
del ejército en ejército en actividades policiales a nivel interno. Las
violaciones de estos y otros requisitos para recibir las ayudas no ha
sido examinadas adecuadamente. Solicitamos al Departamento de Estado
reconsiderar inmediatamente su decisión.
Adicionalmente, reiteramos las
preocupaciones mencionadas en nuestra carta de marzo de 2016 con
respecto a la paralización de la construcción de la represa de Agua
Zarca así como la reconsideración del apoyo que le da Estados Unidos
para la aprobación de préstamos a Honduras por parte de los bancos
multilaterales de desarrollo.
Tenemos
esperanza de que la muerte de la Sra. Cáceres traiga más justicia al
pueblo hondureño. Apreciamos su ayuda para alcanzar esta meta y por la
consideración de las solicitudes antes mencionadas.
Sinceramente,
Keith Ellison, Congresista.
Henry C. “Hank” Johnson, Jr. Congresista.
Y 27 Congresistas adicionales
http://criterio.hn/2016/12/07/congreso-eeuu-nuevamente-pide-suspender-toda-ayuda-policial-militar-honduras/
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