El
centro de detención familiar del Condado de Berks es uno de los tres
que hay en
Estados Unidos; los otros dos son más grandes y están en
Texas. (Credit Mark Makela
para The New York Times) 65
mujeres y niños centroamericanos permanecen en
detención ante la
negación del gobierno estadounidense de otorgarles asilo y, ante
eso,
las envió al Centro Residencial del Condado de Berks en Leesport,
Pensilvania,
unos 112 kilómetros al noroeste de Filadelfia.
“He
estado aquí por 320 días”, dijo el 30 de agosto anterior Amparo, una
mujer de
26 años que llegó de Honduras y tiene un hijo de dos años de
edad. Como todas
las mujeres detenidas en Berks que concedieron
entrevistas telefónicas en español,
pidióque no se le identificara con
su nombre completo, por miedo a represalias por
parte de miembros del
personal. “Lo que queremos es que se escuche nuestra
voz”, mencionó.
Liz Robbins / The New York Times
Leesport, Pensilvania, EE.UU. Margarita
Alberto no puede olvidar el berrinche que hizo
su hijo de 6 años hace
varios meses. Una tarde comenzó a gritar que se quería ir del centro
de
detención para familias migrantes en Pensilvania, donde han estado desde
el 28 de
octubre. “Me dijo: ‘Estamos aquí por tu culpa, por tu culpa’”,
cuenta.
Después,
según recuerda, el niño se apretó alrededor del cuello la cuerda que
sostiene su
tarjeta de identificación, y amenazó con ahorcarse si no
salían de ahí.
Margarita
Alberto y su hijo, migrantes de El Salvador que buscan asilo en Estados
Unidos,
aún están detenidos junto con otras 65 mujeres y niños en el
Centro Residencial del Condado
de Berks en Leesport, Pensilvania, más o
menos a 112 kilómetros al noroeste de Filadelfia.
“La
verdad es que estamos en el limbo”, declaró Margarita en español a
través de un intérprete durante una entrevista telefónica que mantuvimos
a fines de agosto. “No sé si me van a dejar
salir de aquí o me van a
regresar a mi país, que es lo que no quiero”.
Ella
es una de las 28 mujeres a las que se les negó el asilo y que
presentaron una demanda
federal para que se les conceda una nueva
audiencia porque las audiencias originales sobre
su “temor creíble”,
dijeron, se llevaron a cabo de manera incorrecta. La corte de
apelaciones
rechazó su caso el lunes 29 de agosto.
Dos
días después, Margarita Alberto y otras 21 mujeres, quienes se
autodenominan “Madres
Berks”, retomaron una huelga de hambre que habían
llevado a cabo por 16 días en agosto.
de los migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras que han
llegado a Estados Unidos
para huir de la violencia extrema de sus
países.
Como
respuesta al enorme flujo de centroamericanos que se vivió en 2014, el
Departamento
de Seguridad Nacional comenzó a arrestar a madres e hijos
que cruzaban la frontera, con la esperanza de que eso desanimara a otros
a venir a Estados Unidos. Sin embargo, gracias a
la presión de
defensores y, con base en una resolución de la corte federal de agosto
de 2015,
la agencia cambió su rumbo y acortó el arresto prolongado de la
mayoría de las familias que
buscan asilo.
El
centro de detención familiar del condado de Berks es uno de los tres
que hay en Estados
Unidos; los otros dos son más grandes y están en
Texas.
Jeh
Johnson, el secretario de Seguridad Nacional, dijo en agosto pasado que
un comité
llevará a cabo en noviembre una revisión interna de los
centros privados de detención familiar.
Los funcionarios del Servicio de
Inmigración y de Control de Aduanas dijeron que el centro
Berks,
administrado por el condado, podría evaluarse por separado. Cuando
Johnson declaró
el mes pasado que el tiempo promedio que una familia
pasa en el centro es de 20 días, las
mujeres en Berks se molestaron y
comenzaron su huelga de hambre.
de Honduras y tiene un hijo de dos años de edad. Como
todas las mujeres detenidas en
Berks que concedieron entrevistas
telefónicas en español, pidió que no se le identificara con
su nombre
completo, por miedo a represalias por parte de miembros del personal.
“Lo que
queremos es que se escuche nuestra voz”, mencionó.
El
senador Bob Casey, del Partido Demócrata, le mandó una carta el 24 de
agosto a Johnson
sobre los arrestos prolongados y las condiciones en
Berks.
“Las
familias detenidas en ese lugar en muchos casos han escapado de
horrores innombrables
en sus países de origen y están buscando asilo y
una vida mejor”, escribió Casey. “Podemos
mejorar el trato que reciben”.
Bridget
Cambria, una de los tres abogados locales que representan a los
detenidos, dijo que
en Berks los servicios para las familias son
limitados. Los niños, cuyas edades oscilan entre
los 2 y los 16 años,
están divididos en dos salones de clase, pero no se les permite asistir a
una escuela fuera del edificio (el gobierno dice que cuentan con
maestros de tiempo completo).
Las familias tienen acceso a diversión al
aire libre, pero se les prohíbe ir más allá de la cerca
de madera.
Pueden usar el internet, pero no está permitido el uso de redes
sociales.
Los detenidos deben limpiar el centro, por lo que reciben un
dólar al día como pago.
Las
madres dicen que la monotonía es más difícil de sobrellevar para los
niños. “Nos
levantamos y vemos las mismas paredes, el mismo techo y
pensamos para nuestros adentros: ‘¿Cuándo terminará esto?’”, dijo
Estefani, de 16 años, la mayor de los niños en Berks. Ella,
su hermana y
su madre, Maria Leyva, que llegaron de El Salvador, cumplieron 373 días
de
arresto el viernes 26 de agosto.
Casi
la tercera parte de las mujeres suscriben la demanda federal presentada
en marzo por
la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su
sigla en inglés) en contra del
Departamento de Seguridad Nacional. La
demanda impugnó la legalidad de sus entrevistas
iniciales para pedir
asilo. La corte distrital de Filadelfia dijo que no tenía jurisdicción
en el caso.
Sin
embargo, el lunes 29 de agosto, una corte federal de apelación fue más
allá: decretó que
las mujeres no tenían derecho a demandar porque habían
sido aprehendidas a las pocas horas
de haber cruzado la frontera “a
escondidas”. Tal sentencia, según afirmaron varios académicos
especialistas en derecho, violó el habeas corpus, que es el derecho básico constitucional de cuestionar la legalidad del arresto o el encarcelamiento.
“Si
esta decisión no se cambia, será la primera vez en la historia de este
país en que los
extranjeros que entran a Estados Unidos y que están en
suelo estadounidense no tendrán la oportunidad habeas corpus para impugnar sus órdenes de traslado”, dijo Lee Gelernt,
el abogado principal que pelea en el caso de la ACLU.
MUJERES APELARON LA DECISIÓN
Dicen
que sus actos de desobediencia civil —las protestas y las huelgas de
hambre— han provocado tensiones entre Berks y los funcionarios de
migración. Thomas Decker, un oficial
superior de migración, se reunió
con las mujeres en agosto y les advirtió que debían suspender
la huelga
de hambre porque se podrían debilitar demasiado para poder cuidar de sus
hijos;
les dijo también que podrían mandarlas a una “cárcel adulta” sin
sus hijos, declararon las tres madres. “Le preguntamos: ‘¿Por qué haría eso?’”, contó Leiva, de 41 años. “No somos
criminales ni delincuentes”.
Khaalid
Walls, un vocero de la agencia de migración, aclaró en un comunicado:
“El Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en
inglés) respeta completamente los derechos de todas las personas para
expresar su opinión sin interferencia. El ICE no toma represalias de
ningún tipo en contra de los huelguistas. El ICE le explica a nuestros
residentes
los efectos negativos en la salud de no comer. Por su salud y
su seguridad, el ICE monitorea
de cerca la ingesta de comida y agua de
aquellos que se encuentran en huelga de hambre”.
Las
mujeres preguntan por qué no las liberan y por qué deben utilizar
tobilleras con
rastreadores mientras esperan a que sus casos de asilo se
resuelvan.
Algunas
mujeres que son parte de la demanda ya han sido liberadas, dijo Walls, y
agregó
que “muchos factores pueden contribuir al tiempo de estadía de
un residente, como, entre
otros, la disposición actual de sus casos de
migración”.
Sin
embargo, los abogados de Margarita Alberto dicen que el gobierno está
tomando
represalias en contra de ella por hablar con los medios. A fines
de agosto, el gobierno
pidió su traslado urgente a un centro más seguro
en la ciudad de Karnes, Texas, debido a
que su presencia en Berks se
considera perjudicial. Sus abogados presentaron una
apelación la semana
pasada para pelear en contra de su traslado, y mandaron los reportes
de
buena conducta permanente como evidencia.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/internacionales/1705-nyt-en-huelga-de-hambre-hondurenas-detenidas-en-ee-uu
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