7 de Junio 2016
Un Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán
otorgó este martes sobreseimiento provisional a favor de 25 campesinos y campesinas del Aguán que fueran judicializados el 21 de agosto de 2012, tras ser detenido durante un violento desalojos en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, cuando participaban en una manifestación pacífica en ese poder del estado, exigiendo se respetara el fallo que había emitido un tribunal del país a favor de las cooperativas La Trinidad, La Despertar y San Isidro, donde les otorgaba las tierras que poseían en ese momento.
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En Juicio Oral y Público, testigos recuerdan el brutal ataque de policías contra campesinos en el 2012
Monday, 06 June 2016 - 19:42 Sandra Rodríguez defensoresenlinea.com/
Al no cumplirles una cita, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Avilés, los y las campesinas que esperaban afuera alguna explicación, fueron reprimidos y 25 de ellos enjuiciados, esta semana el caso se ventila en juicio Oral y Público, del que ya han hablado algunos testigos.
Ese día fueron atendidos por los magistrados de la Sala de lo Civil, Edith María Rivera y Jorge Reyes, quienes les informaron que serían atendidos por Avilés el día siguiente, lo que no fue cierto, de hecho, encontraron los portones con candado, tal como fue la orden del jefe se seguridad de ese entonces y quien lo declaró así, Bartolo Alvarado, quedando los manifestantes en la calle, quienes decidieron permanecer ahí.
Había más de 300 policías preventivos y Cobras, dijo uno de los participantes y testigo Mariano Aguilar, eran muchas personas, continuó el hombre, quien aseguró que tenían orden de dar seguridad ese día.
Los policías agredieron con toletes, golpes, bombas lacrimógenas e insultos, por más de 40 minutos, lo que dejó como resultado 26 personas detenidas, incluyendo a su abogado defensor, Antonio Trejo, quien fue asesinado un mes después.
Hoy los testigos presentados por la defensa, narraron los hechos, la brutalidad de la agresión, la falta de diálogo de parte de los uniformados y las mentiras de las altas autoridades judiciales, quienes de un momento a otro cambiaron de opinión, como lo declaró la testigo Karla Zelaya, defensora de derechos humanos, que acompañaba las acciones campesinas.
No se les permitió ninguna conciliación, pese a que había mujeres capturadas sólo por darle de tomar agua a los golpeados, vendedores ambulantes y todo en su calidad de espectadores, pues no se comprobó que alguno de ellos fuera incitador.
Sin embargo al abogado Trejo, quien fue sobreseído de los cargos, tras ser asesinado, “estaba dando entrevistas a los medios de comunicación, un policía preguntó ¿quién es ese? Y le dije que era el representante legal de los campesinos, entonces dio la orden de que se lo llevaran porque también era incitador” narró Rafael Alegría, dirigente campesino y testigo en la audiencia.
El grupo de los criminalizados son Josefa López, María Luísa Lara, Bueso, Elvin Pérez, Miguel Reyes, Fredy Elvir, Nelson Pérez, Lázaro Bejarano, Carlos Ulloa, Elvin García, Vitalino Álvarez, Orlin Coello, Yony Rivas, Narciso Pérez, Jari Aguilar, Santos Munguía, Orlando Bueso, Manuel Díaz, Carlos Ramón Navarro, Daniel Santos y Marvin Leonel Acosta, presentando por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y José Flores, cuyo caso lo lleva el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH).
Pero siete de ellos no se presentaron, por no ubicarlos en su domicilio, cabe mencionar que hay personas desconocidas al grupo campesino, ya que fueron detenidos cuando transitaban por la calle en el momento de los ataques policiales.
Voces de las víctimas
Pese a los toletes policiales, el bebé en su vientre, se aferró a la vida.
María Josefa López no sabía que estaba embarazada cuando viajó a Tegucigalpa, recorriendo 10 horas de camino, desde el Bajo Aguan, para exigir que se cumpliera la sentencia que junto a otras personas, las acreditaba dueñas de día tierras en las comunidades San Isidro, Trinidad y Despertar.
En las afueras de la CSJ, con otros compañeros fue reprimida por policías preventivos y Cobras, según un testigo. Le golpearon él ovario izquierdo, por lo que después del parto, quedó sangrado teniendo la necesidad de usar pañal desechable.
Tenía mi ovario podrido, y en agosto del 2015, me lo quitaron, esos daños nadie los ve desde el Sistema Judicial, porque yo que soy la víctima, más bien me criminalizan.
Criminalizada por dar agua
Nosotros no somos criminales, sino personas trabajadoras que exigimos se nos respete el derecho de estar en posesión de nuestras tierras.
Luisa Zerón, campesina criminalizada durante el desalojo violento del 21 de agosto del 2012, frente a la CSJ cuando un grupo de campesinos del Bajo Aguán esperaban ser atendidos por el magistrado presidente Jorge Avilés, tras como se los prometieron el día anterior, y fue mentira.
Ni sé porque me detuvieron
Yo no sé porque me capturaron, andaba en una reunión para exigir se nos respete el derecho de tener nuestro pedacito de tierra.
Me dieron un garrotazo en la cabeza, eran muchos policías, me pusieron boca abajo en la calle, y después preso.
Lo que sucede en este país, es muy injusto, los ricos tienen el poder, y los pobres no tenemos ni justicia.
Narciso Pérez, campesino criminalizado en agosto del 2012, cuando participaba en una manifestación pacífica en la CSJ.
Cabe señalar que este juicio está siendo observado por la abogada experta en Derechos Humanos, Liliana Ávila, enviada por la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, de la que COFADEH y CIPRODEH son miembros, además fue delegada para venir a Honduras, por la Organización Mundial Contra la Tortura, OMCT.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, El derecho a manifestarse públicamente está consagrado en diversos instrumentos internacionales, el derecho a manifestarse está protegido tanto por el derecho a la libertad de expresión como por el derecho a la libertad de reunión.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, subraya que la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. En general, ésta como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar una limitación de este derecho. En este sentido, la finalidad en la reglamentación del derecho de reunión no puede ser la de crear una base para que la reunión o la manifestación sea prohibida.
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