Tegucigalpa.

La movilización que reunió a centenares de representantes de las comunidades indígenas de Honduras en demanda de justicia por el asesinato de la dirigente indígena lenca, Berta Cáceres asesinada el pasado 3 de marzo, recogió las voces contra la impunidad por los crímenes cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
Esa voces también contaron sobre las principales amenazas que enfrentan las comunidades indígenas que son propiciadas por ladinos invasores de tierras ancestrales.
El líder de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Salvador Zúniga dijo que los pueblos quieren una Honduras donde se respete la vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos, y hemos visto que la lucha sigue, si pensaron que iban a aterrorizar a los pueblos; se equivocaron.
“Hoy la lucha se fortalece y nos convoca para seguir hasta alcanzar una Honduras distinta”, expresó Zúniga.
Zúniga dijo sentir una enorme satisfacción por la presencia en Honduras de la “Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres”, porque lo único que puede garantizar una investigación correcta, adecuada y que se haga justicia es la movilización del pueblo hondureño y también la movilización de la comunidad internacional que ha sido clara y contundente.
Por su parte el Coordinadora de la Tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, Ramón Matute expresó que “hoy acompañamos esta movilización de todos los pueblos de Honduras en exigencia a que se haga justicia al vil asesinato de la compañera Berta Cáceres, ese es uno de los principales objetivos por los cuales estamos aquí”.
Matute señaló que lo cometido contra Berta Cáceres fue una barbarie, a la que consideraban como una hermana y lideresa de los pueblos indígenas.
“Responsabilizamos al estado de Honduras, porque nuestra compañera Berta Cáceres era una defensora de los bienes naturales, de los ríos, de los bosques, de los territorios que nosotros tenemos y nosotros como pueblos no tenemos líderes que nos defiendan, por eso es una gran pérdida que hemos tenido; y por eso estamos aquí”, enfatizó el dirigente indígena tolupán.
“Nosotros formamos un consejo preventivo para defender el bien común de la tribu San Francisco y cuando nos organizamos en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), fue ahí cuando venimos siendo perseguidos, nosotros allá somos criminalizados como de la resistencia”, sostuvo Matute.
El dirigente dijo que las principales amenazas que experimenta el pueblo tolupán se dan por la defensa del bosque y por la resistencia de las comunidades a las extracciones mineras en el departamento de Yoro.
De la comunidad Pech del departamento de Olancho llegó Kenia Elizabeth Catalán, hermana de Blas López Catalán , maestro de profesión y fundador de la Confederación Indígena PECH y de la Coordinadora Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) quien fue asesinado a machetazos el 17 de enero de 2010.
Los pech afirman que su líder fue víctima de una emboscada que le tendieron invasores ladinos de las tierras tolupanas.
“A mi hermano lo mataron por defender nuestro territorio (Santa María del Carbón) que nos legó el padre Manuel de Jesús Subirana, él nos cedió esas tierras al pueblo pech y el Instituto Nacional Agrario (INA), no está haciendo nada por nosotros”, aseguró Kenia Catalán.
La presencia del pueblo pech en esta movilización es para solidarizarnos con nuestra compañera Berta Cáceres, quien fue asesinada por el mismo problema que murió Blas López Catalán, sostuvo la hermana del líder ambientalista.
Sufrimos mártires en nuestro pueblo como lo es Blas López Catalán que lo mataron el 17 de enero de 2010 y su asesinato se ha quedado impune, nosotros pedimos justicia para Blas López Catalán, demandó el dirigente indígena pech.
Consultado sobre quiénes fueron los involucrados en la muerte de su líder, Víctor Acosta dijo que “ahí hubo participación de diferentes sectores, especialmente el sector mestizo por querernos usurpar más nuestro territorio, eso nos duele porque actualmente el INA no está haciendo absolutamente nada a favor de los pueblos indígenas de Honduras”.
Los pueblos indígenas Pech que habitan los municipios de Culmí y San Esteban (Olancho), Trujillo (Colón) y Brus Laguna (Gracias a Dios) cuentan con un título ancestral que data del año 1862 y tres ampliaciones de este mismo título en la comunidad de Santa María El Carbón desde el año 1989 extendido por el INA, regional de Juticalpa.
“La principal amenaza para nosotros es la explotación de nuestro bosque que realizan ladinos, todavía nos siguen saqueando lo último que tenemos, nosotros que somos pueblos indígenas queremos y amamos la naturaleza; por eso quizás nos están matando, porque nosotros amamos nuestra naturaleza”, aseguró Acosta.http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4008:total-impunidad-prevalece-sobre-los-crimenes-de-dirigentes-y-dirigentas-indigenas-&catid=37:mem-y-imp&Itemid=150
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Pueblos étnicos exigieron justicia por asesinato de la líder indígena Berta Cáceres
La Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres demandó este jueves una investigación a fondo e independiente del asesinato, que conlleve a identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de la líder indígena y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, acaecido el masado 3 de marzo del año en curso.
La demanda fue realizada durante una movilización que se realizó en esta Capital, donde se reunieron centenares de indígenas lencas, tolupanes, pech, campesinos, afrodescendientes, feministas, organizaciones defensoras de derechos humanos, de la comunidad LGTB, magisteriales, sindicales, entre otras, que llegaron de diferentes departamentos del país.
El asesinato de la ambientalista, defensora de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, Berta Cáceres, fue perpetrado hace dos semanas, sin que hayan trascendido avances en las investigaciones.
En un manifiesto que fue leído frente a las instalaciones del Ministerio Público, la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres, demandó una investigación a fondo e independiente, que conlleve a identificar y enjuiciar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de la lideresa indígena.
Además exigen que esté acompañada por un cuerpo independiente de juristas e investigadores que monitoreen las líneas de investigación hacia la empresa hidroeléctrica DESA, el gobierno, diputados y alcaldes, que fueron insistentemente denunciados por Berta Cáceres como responsables de al menos cinco crímenes anteriores al suyo, además de persecuciones, hostigamientos y amenazas a muerte.
En el manifiesto, la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres está solicitando al Estado hondureño la cancelación definitiva del convenio de construcción y operaciones de del proyecto Agua Zarca.
También están exigiendo fuera DESA para siempre del río Gualcarque y de los territorios lencas.
Asimismo, los manifestante está solicitando la cancelación y derogación de los convenios, decretos y leyes que autorizan concesiones, venta, compra, explotación y comercialización de los territorios indígenas, campesinos y garífunas, que atenta contra la soberanía nacional, la vida de las comunidades y la cultura de estos pueblos.
Señala el llamamiento de la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres que Estados unidos, por su parte, debe suspender las asignaciones previstas en el Plan para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, y los bancos y financieras europeas cancelar sus créditos a los proyectos de muerte en Honduras.
La Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres también, a través de su manifiesto público, exige la aprobación de un convenio que otorgue a las comunidades lencas, así como a todos los pueblos indígenas hondureños el pleno derecho a ser salvaguardas, protectores y conservadores de sus territorios y bienes comunes de la naturaleza y su cultura, y que en ellos residan las decisiones sobre el destino presente y futuro de los usos y aprovechamiento de los mismos, dando cumplimiento al convenio 169 de la OIT.
También demandaron la desmilitarización y el retiro de todas las fuerzas y organismos de seguridad público y privados de los territorios lencas, así como las supresión definitiva de la Policía Militar del orden público, y un alto a las políticas de remilitarización de las instituciones públicas y de las sociedad hondureña en general.
Finalmente la Articulación Popular Hondureña Berta Cáceres demandó la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, de mujeres con alto perfil de liderazgo, dirigencias nacionales y locales y de organizaciones de base, conforme a criterios establecidos por las organizaciones afectadas y los estándares internacionales de protección.
La movilización salió desde muy temprano del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), pasó muy cerca de Casa Presidencial, luego se detuvo en la embajada de México para solidarizarse con el activista Gustavo Castro Soto, testigo en el asesinato de Berta Cáceres y finalizó frente al Ministerio Público.
Los representantes de los garífuna marcharon haciendo sonar tambores, maracas y caracoles. Además, varias mujeres portaban cubetas en las que quemaban especias aromáticas como "saumerio espiritual para proteger de todo mal y las malas vibras a los hondureños", dijo una de las manifestantes, procedente de Trujillo, departamento de Colón.
Los manifestantes también llevaban banderas de Honduras en azul y blanco, lo mismo que pancartas con mensajes como "Berta no murió, el Gobierno la mató", "Nuestra lucha será siempre por la libertad de la herencia natural" y "Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos".
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4009:pueblos-etnicos-exigieron-justicia-por-asesinato-de-la-lider-indigena-berta-caceres&catid=71:def&Itemid=166
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