Honduras: Director de fiscales se abstendría de conocer caso de Berta Cáceres

Escrito por Redacción | Marzo 31 del 2016   Secciones: Pueblos Indigenas

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras ser señalados por los fuertes vínculos con la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), el director de fiscales  José Arturo Duarte Portillo, anunció en reunión privada con las hijas de la fallecida dirigente indígena, Berta Cáceres, que entregará un informe de los “avances” de la investigación y que se abstendrá de seguir conociendo el caso.

Así lo confirmaron este martes organizaciones defensoras de derechos humanos que realizan acompañamientos legales a la familia de la fallecida.

Víctor Fernández, coordinador general del MADJ

De acuerdo con, Víctor Fernández, uno de los participantes de la reunión y representante legal de las hijas de la activista, el abogado Duarte “salió de la reunión anunciando que informaría de forma inmediata su decisión de retirarse de la investigación, tras los fuertes señalamientos que se le hicieron a través de la carta pública”.

En una carta pública divulgada el martes frente al Ministerio Público familiares de Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (Copinh), integrantes de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras (PMSPH) y la Articulación Popular Berta Cáceres exigieron  cinco puntos, el más importante de ellos que se acepte la intervención de una Comisión Internacional rectorada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, para que contribuya al esclarecimiento del crimen.

Igualmente, señalaron la importancia del derecho a las víctimas de conocer los alcances de la investigación que coordina el Ministerio Público, garantizar la vida y los derechos de las víctimas, del Copinh y del equipo jurídico que les acompaña y el respeto de la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Honduras.

En este punto, los representantes del Ministerio Público señalaron que solo el Poder Ejecutivo es capaz de llamar a la participación de una Comisión Internacional Independiente.

Finalmente, demandaron el respeto del derecho del principal testigo del hecho, el activista mexicano, Gustavo Castro, a retornar a su país y que se revierta la concesión del río Gualcarque a la concesionaria  DESA.

Estado responsable del crimen

En la conferencia de prensa, Berta Zúniga Cáceres, también cuestionó la tardanza de las autoridades hondureñas a más de un mes de cometido el asesinato. “Hasta ahora lo que sabemos con certeza es que ustedes como figuras principales del gobierno y el Estado hondureño no cumplieron con su deber de proteger la vida de Berta, a pesar de sus reiteradas denuncias de amenazas a muerte y que desde 2009 la CIDH les indicó que estaba en graves y reales riesgos y solicitó que la protegieran. Es decir que son responsables de este crimen y esperamos que un día sean juzgados”.

Del mismo modo, Zúniga Cáceres, condenó la apatía por parte de las autoridades hondureñas para informar a las víctimas sobre el proceso de investigación, enfrentándose a una serie de contradicciones como la supuesta participación del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la manipulación de la escena del crimen y la escasez de hipótesis basada únicamente en dos líneas de investigación, un crimen pasional o conflictos internos en Copinh.

^{Lectura de la carta pública presentada por los familiares de Berta Cáceres, el Copinh,}

^{la Plataforma Berta Cáceres y la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras}

Partido Nacional, funcionarios y Policía 

Por su parte, su hermana Olivia Zúniga en declaraciones a la prensa recordó que “Duarte es accionista de DESA y además es representante de la empresa Desarrollos Energéticos” es la persona que se presentó en su casa para anunciar que coordinaría la investigación.

Wilfredo Méndez, director de Ciprodeh

Para Olivia, esta acción “es completamente ilegal que una persona vinculada al más grande sospechoso de este crimen sea el que esté llevando esta investigación”. “Nos parece sumamente contradictorio y que sigue reinando la impunidad, por eso es que ese eslogan de que Honduras está cambiando es una farsa y eso lo sabe todo el pueblo, porque si está cambiando está cambiando para mal”.

A su criterio, el gobierno hondureño “está fomentando la impunidad con el silencio, de darle largos plazos y no dar los nombres de los responsables, así como lo ha explicado el doctor Denis Castro Bobadilla, que un máximo de cinco días para poder dar una respuesta”.

“Seguiremos exigiendo que a través de la CIDH venga una comisión internacional e independiente que tenga la capacidad de desarrollar un trabajo técnico, científico, de peritaje que observe y supervise el proceso investigativo de este crimen, porque en primer lugar no hay confianza en las instituciones judiciales del Estado”.

“En segundo lugar porque hay personas vinculadas a esta investigación ahora que están vinculados directamente a la empresa Desarrollos Energéticos S.A., pues han sido socios, apoderados legales o accionistas, por lo que creemos y denunciamos públicamente que el Estado está protegiendo a estos grandes grupos de poder y a los autores materiales e intelectuales para favorecer la impunidad”.

Olivia Zúniga Cáceres

Estas “son personas de su mismo partido (Nacional), son funcionarios públicos a nivel local y han utilizado todo el aparato coercitivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se ha puesto siempre a la orden de la misma empresa y que incluso recibían órdenes directas del señor Jorge Ávila, jefe de Seguridad de la empresa”, sostuvo.

“Conocían el plan para asesinar a nuestra madre”

Aseguró que el Estado hondureño ya tenía conocimiento del “plan para asesinar a nuestra madre y a pesar de que ella tenía medidas cautelares otorgadas por la CIDH no pudieron garantizar su vida, demostrando ser incapaces, ineficientes, no tener voluntad y además ser cómplices del asesinato”.

Así también, lamentó que hasta la fecha las dos únicas hipótesis conocidas tenían relación con un crimen pasional o conflictos internos en el Copinh, hechos que -según ella- se han ido debilitando, sin que hasta el momento se haya emitido ninguna comunicación formal por parte del Ministerio Público.

Finalmente también demandaron el cese de la campaña mediática contra la familia de la dirigente Lenca, el Copinh y el movimiento social hondureño.

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