Nueve sentencias de la CIDH esperan una respuesta del Estado de Honduras

Escrito por Tomy Morales | Febrero 24 del 2016   Secciones:  Derechos Humanos

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-PARTICIPA convoco a una “Mesa redonda para el consenso de recomendaciones para el cumplimiento de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Honduras”.

Se hicieron presentes diferentes organizaciones como el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Comité de  Diversidad Sexual, Linda Lizzie Rivera sub Comisionada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Daysi Rodríguez del Proyecto de Derechos Humanos del PNUD, Brigadas de Paz y estudiantes de derecho de la universidad “José Cecilio del Valle”, las que aportaron conocimientos para elaborar una estrategia y exigir que el sistema interno del país cumpla las medidas jurisdiccionales que la CIDH.

Para tener un panorama más completo desarrollaron temas como el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los Tribunales Internacionales, el Pacto de San José y las nueve sentencias contra el Estado de Honduras.

Debido a la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 1977 y reconocida la competencia de la CIDH el 09 de septiembre de 1981; este país centroamericano está obligado a someterse a la jurisdicción del mecanismo interamericano en relación a violaciones a los derechos humanos.

Desde su reconocimiento la CIDH ha recibido numerosas denuncias en las que se acusa al Estado de Honduras por violaciones a los Derechos Humanos; de ellas nueve de las que sometió a la consideración de la Corte han recibido sentencia, en ocho el fallo ha sido condenatorio al establecer la responsabilidad internacional del Estado hondureño en la violación de Derechos Humanos protegidos por la convención Americana, la que obliga al país a hacer las reparaciones respectivas a las víctimas.

Pero existe un denominador común en todos los casos sometidos al juicio de la Corte Internacional y es la impunidad con la que han actuado los responsables intelectuales y materiales de los hechos que han motivado la denuncia, consecuencia de la falta de una investigación seria, eficaz y diligente por parte de las autoridades hondureñas.

Apoyo de organizaciones DDHH

Las victimas hondureñas de violaciones de los Derechos Humanos protegidos por el Pacto de San José y que no encontraron satisfacción a sus demandas de justicia en el Derecho Interno, encontraron el apoyo de organizaciones o instituciones como el Centro de Justicia y el Derecho Internacional CEJIL; el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC; la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centro América CODEHUCA; la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRAHEH); la Pastoral Penitenciaria de Cáritas Sampedrana; Asociación Casa Alianza América Latina; el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que les permitió acceder al Sistema Interamericano como alternativa para romper con el cerco de impunidad prevaleciente en Honduras.

Breve reseña de casos

Los nueve casos sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana son el de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez (desaparecido1981), Saúl Godínez Cruz (desaparecido 1982), Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solis Corrales (costarricenses desaparecidos 1981), Juan Humberto Sánchez (torturado y asesinado en 1982), Alfredo López Álvarez (violación al debido proceso 1997), Francisco Sevellon García (uno de los cuatro puntos cardinales 1995), Blanca Jeannette Kawas Fernández (asesinada 1995), Rafael Arturo Pacheco Teruel y otros 106 privados de libertad (Incendio Penal San Pedro Sula) y Carlos Antonio Luna López (asesinado 1998).

Derecho Internacional

Según el informe de ACI-PARTICIPA es necesario la invocación de los tratados internacionales a los que Honduras está suscrita para exigir justicia.

Atendiendo al principio de la CIDH que cita: “Que el Estado debe responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos, aunque actúen fuera de su competencia”.

La pacta sunt servanda “lo pactado obliga”, en materia internacional implica que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Lura Novit Curia, con el propósito de darles una mayor protección a las víctimas, pero sin violar el equilibrio procesal, la Corte ha hecho uso de este principio utilizado por la jurisprudencia internacional, el juzgador tiene la facultad y hasta el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en la causa, aunque las partes no las invoquen.

Con el fin de no violentar el debido proceso sustentado en el Pacto de San José en su artículo 8 cita: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Leo Valladares director de ACI-PARTICIPA expreso que “todos nosotros debemos tener los medios necesarios para hacer efectivos el derecho de acudir a los tribunales para que pueda resolver los conflictos que podemos atender de forma personal”.

Valladares adujo que en Honduras el sistema judicial que se ha ido extendiendo a muchas zonas del país y que es necesario atender instancias atentas, imparciales para resolver las controversias de los problemas que se dan para el bien de la sociedad.

“Debemos estructurar todos los juzgados para pedir una sentencia que debemos acatar y asumimos que esas autoridades tienen la capacidad con imparcialidad para determinar con justicia cada caso”, indicó el ex Ombudsman.

Valladares aclaró que al derecho internacional le atañe el tema de los derechos humanos y la protección a los mismos, que se ha aceptado la intervención de los Tribunales Internacionales para que las y los hondureños puedan acudir en caso de que las instancias internas hayan fallado en impartir justicia.

En conclusión y después de debatir la situación de la jurisprudencia en las sentencias que ha emitido el Sistema Internacional de Justicia, convinieron en algunos puntos como mejorar la Escuela Judicial, enriquecer el conocimiento del Sistema Judicial en Honduras, crear una cultura jurídica y elaborar un plan de acción para lograr que la jurisprudencia se cumpla en las resoluciones que han resultado por parte de los órganos de justicia internacional. 

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