El hecho se produjo el 22 de diciembre de 2015, alrededor de las 10 de la mañana en la comunidad de El Astillero, municipio de Arizona, departamento de Atlántida. Ramos Rivera se dirigía a San Juan Pueblo a operar uno de los programas de Radio Dignidad, radio comunitaria del MADJ desde la cual se promueve la participación de las comunidades del sector en la lucha contra la corrupción pública, la defensa de los derechos humanos y especialmente la defensa de ríos, bosque y minerales que empresas mercantiles en contubernio con funcionarios de gobierno pretenden explotar ilegal e ilegítimamente.
Ramos Rivera quien también es miembro de la Conducción Nacional del MADJ, estuvo privado de su libertad por 5 horas, tiempo en el cual sus captores lo interrogaban sobre las actividades a las que se dedica, su destino, sus compañeros y compañeras de organización y finalmente le llevaron parte del equipo con el que realiza su trabajo para el MADJ, como cámaras fotográficas, celulares, agenda, entre otras. A eso de las 5 de la tarde, sorpresivamente fue dejado en libertad.
Este hecho se produce luego que el MADJ ha sido parte de fuertes procesos de resistencia en el atlántico hondureño, provocando que los ciudadanos y ciudadanas del municipio de San Francisco y Arizona se declararan libres de explotación minera y proyectos hidroeléctricos. En el municipio de Arizona, lugar donde ocurrió el hecho, esta decisión fue tomada en un cabildo abierto celebrado el 20 de noviembre recién pasado en medio de denuncias de corrupción contra el alcalde Adolfo Paguada Saybe, quien tendría compromisos con empresarios de la hidroenergía.
Por el ambiente de amenazas en que los líderes del MADJ desarrollan el trabajo en el departamento de Atlántida, el 24 de diciembre del 2103, mediante resolución 195-2013, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de varios líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos del departamento de Atlántida, específicamente de la comunidad de Nueva Esperanza y del Patronato Pro Mejoramiento Regional del Sector Florida (PRSF) en el caso identificado como “Adonis Romero y Otros”. Estas medidas han sido abiertamente incumplidas por el Estado de Honduras, lo que constituye un estímulo para quienes violentan el trabajo del MADJ y de otros defensores y defensoras de derechos humanos en la zona.
El MADJ condena esta cobarde agresión y exige al Estado de Honduras que identifique y sancione a los autores intelectuales y materiales de este crimen. Además continua solicitando a los funcionarios del Estado que cumplan con su deber de respetar y garantizar los derechos humanos de quienes integran el MADJ, especialmente a quienes la CIDH ha dispuesto su protección.
Comunicaciones MADJ
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