Redacción Central / EL LIBERTADOR / 12 de diciembre 2015
Tegucigalpa.
A través de un comunicado, el Observatorio de los Derechos Humanos de
los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH), rechazó la imposición de
una ley indígena por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
y que el Congreso Nacional discute sin incluir a los pueblos
originarios. “Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en
múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de
nuestros derechos a un Estado cuyas administraciones, se encuentran
atrofiadas por la corrupción y el clientelismo”, afirman los
denunciantes.
Acá el comunicado íntegro:
Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH)
COMUNICADO
Reunidos
representantes de los pueblos indígenas, Pech, Maya-Chortí, Lencas,
Garífunas, Miskitos y Pech, para analizar y discutir la situación que
enfrentan nuestras comunidades y pueblos en el escenario actual,
Concluimos:
La
actual administración pretende imponer una Ley Indígena la cual se
encuentra en el Congreso Nacional, diseñada por el Banco interamericano
de Desarrollo (BID) con el propósito de diluir el Convenio 169 de la
OIT. La Ley no fue consultada y ha sido rechazado su contenido en
múltiples ocasiones, ante su esencia colonialista y la entrega de
nuestros derechos a un Estado cuyas administraciones gubernamentales, se
encuentran atrofiadas por la corrupción y el clientelismo.
Señalamos
que el Capítulo V de la Ley sobre Recursos Naturales, sienta las
bases para la explotación de los bienes comunes desde una perspectiva
neoliberal, atribuyéndose el estado el control, uso y dispensa de
concesiones. No obstante mencionar el requerimiento de la Consulta
previa, conociendo la corrupción imperante socavará las buenas
intenciones, tal como sucedió con la concesión de petróleo de la
plataforma continental en la Moskitia.
ODHPINH
rechaza la violencia con que el Estado y sus secuaces, responde a las
demandas de nuestros pueblos, tal como es el caso del atentado contra el
defensor del territorio Garífuna de Trujillo, Vidal Leiva el pasado 27
de noviembre. De paso solicitamos a los operadores de justicia,
específicamente al Juzgado de Letras de Trujillo apegarse a derecho y
hacer prevalecer la justicia en el caso del despojo perpetrado por Randy
Jorgensen, el que asociado a otros inversionistas canadienses se
apoderó de gran parte de los territorios de las comunidades Garífunas de
la Bahía de Trujillo.
El Observatorio además exige la condena de los militares implicados en el
asesinato
del compañero Lenca Tomas García y el intento de homicidio contra el
menor Allan García, hecho perpetrado por el Ejército de Honduras en
julio del 2013, producto de la represión del gobierno frente a la
defensa pacifica del pueblo Lenca del Río Gualcarque contra la empresa
DESA y el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en Río Blanco.
Denunciamos
la persistencia en la destrucción de los ríos del territorio Lenca,
promovida por los bancos FICOSAH, DMO, incluyendo los Mecanismos
Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono de Naciones Unidas, situación que
ha generado violencia y represión contra las comunidades indígenas a
las que se les ha denegado su derecho a la Consulta, Previa, Libre e
Informada.
En
relación a la Tribu Locomapa del pueblo Tolupán, exigimos el respeto a
las medidas cautelares emitidas a favor de líderes amenazados y
perseguidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
además de la aplicación de justicia en relación a los homicidios
cometidos por el crimen organizado ante el rechazo a la minería ilegal.
Señalamos
la manipulación por parte de la Embajada de los Estados Unidos en
cuanto al caso de la masacre de Ahuás (11 mayo de 2011), la que ha
permanecido en la impunidad, sin que las autoridades hondureñas o
estadounidense hayan asumido ninguna responsabilidad.
Denunciamos
la militarización que se viene dando en las comunidades indígenas a lo
largo del continente en nombre de las supuestas guerras contra las
drogas, tras décadas donde las mismas autoridades tanto militares como
civiles han estado al servicio del crimen organizado.
Denunciamos
la falta de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el Estado desde
hace más de 20 años con el pueblo Maya Chortí, quienes hoy día han sido
amenazados con la represión si continúan exigiendo la entrega y
reconocimiento de sus territorios ancestrales a través de la ocupación
pacífica del Centro Ceremonial de Copán.
Denunciamos
los mapeos en territorios indígenas como una estrategia de
contrainteligencia disfrazados de proyectos académicos y ambientalistas,
los que además de poner en riesgo los bienes comunes de nuestro pueblos
facilitarían la represión dirigida a quienes se oponen a las políticas
nacionales e imperiales.
Rechazamos
rotundamente la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDE) conocidos también como “ciudades modelo”, y la entrega
del territorio nacional a inversionistas extranjeros. En el caso del
pueblo Garífuna, las ZEDE en la Bahía de Trujillo, nunca fueron
consultadas con las comunidades, encontrándose los pobladores de Puerto
Castilla a punto de ser relocalizados como lo señalan las amenazas
proferidas por personajes relacionados con el proyecto neoliberal.
Los
pueblos indígenas de Honduras somos el segmento poblacional más
afectado por el cambio climático y sus severas consecuencias, sin
embargo la Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,
además de no haber sido consultada con nuestros pueblos, su supuesta
implementación ha sido municipalizada. De paso denunciamos las falsas
soluciones al cambio climático promovidas por Naciones Unidas y el
Estado, tales como los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MLD) y el
programa de Reducción de la Deforestación y Degradación del Bosque (REDD
por sus siglas en inglés).
ODHPINH
hace un llamado a los estados participantes en la COP21 para que de una
vez por todas emitan una Convención vinculante, en la cual se fije como
tope del aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados
centígrados, y se logre el financiamiento necesario para la
implementación de medidas concretas de mitigación y adaptación que no
sean regidas por el mercado.
Finalmente
El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos indígenas de
Honduras, ODHPINH, manifiesta un reconocimiento a la Relatora Especial
de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz, la que en su informe preliminar sobre su visita a
Honduras, señaló la grave situación por la que atravesamos los pueblos
indígenas ante la dictadura civil que enfrenta el país.
Dado en la ciudad de El Progreso
a los 5 días del mes de diciembre de 2015
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