PERIODISMO SOBRE AMÉRICA LATINA Y EL SISTEMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU
Por: Diego de León Sagot / Ginebra, 15 de diciembre.–
Quien aborda estos temas sabe que será objeto de amenazas, agresiones, atentados a su integridad, o que deberá afrontar una querella penal en su contra. Así de sombrío describió el ambiente en el que se ejerce el periodismo en Honduras la periodista y activista de derechos humanos Dina Meza, durante su visita a Ginebra, Suiza, para denunciar las graves limitaciones a la libertad de expresión en su país.
En
entrevista con Panorama, la directora del medio digital Pasos de animal
grande y actual presidenta de Pen Honduras, explicó que entre las
principales amenazas contra la libertad de expresión se cuentan la
figura de la difamación criminal “como la punta de lanza para ponernos
contra la pared a los periodistas”, así como los asesinatos contra
quienes ejercen la profesión. Como consecuencia, “los periodistas se
autocensuran y deciden no abordar ciertas problemáticas”, indicó.
“Desde
el golpe de Estado –contra el entonces presidente Manuel Zelaya,
ocurrido el 28 de junio del 2009– hasta la fecha, han sido asesinados 54
colegas, de los cuales solo se han logrado cuatro sentencias parciales
contra los supuestos autores materiales” relató; sin embargo, la
justicia no ha alcanzado a los autores intelectuales, lamentó la
periodista, quien a su vez es objeto de amenazas y hostigamientos, desde
2006, por sus investigaciones y sus denuncias sobre violaciones de los
derechos humanos.
Según
su relato, uno de los principales obstáculos para la justicia en estos
casos es que en el marco de la investigación y persecución criminal no
se plantea un vínculo entre los asesinatos ocurridos y el ejercicio de
la profesión. “El Estado afirma que son delitos comunes, que nada tienen
que ver con que sean periodistas, y no hay investigaciones que permitan
establecer esa relación”, argumentó.
La
ausencia de sanción judicial por los homicidios y agresiones contra
periodistas se inscribe en el contexto que vive el Estado hondureño:
según el Índice Global de Impunidad, realizado por el Centro de Estudios
sobre Impunidad y Justicia –CESIJ– de la Universidad de las Américas de
Puebla, México, Honduras se sitúa entre los países del mundo con
mayores niveles de impunidad.
Según
este estudio, en el país centroamericano la violencia y la desigualdad
económica son factores que obstaculizan la construcción de la democracia
y “minan la capacidad de las instituciones del Estado para procurar
seguridad y justicia a la población”. Las instituciones judiciales “han
estado particularmente mal gobernadas, lo cual ha creado incentivos para
la corrupción”.
Asimismo,
la investigación concluye que los usuarios del sistema “tienen la
percepción de que los responsables de delitos no serán castigados y que
sólo los casos más triviales llegarán a los juzgados, además de que
temen represalias al presentar alguna denuncia”.
Meza
coincide con estas palabras al afirmar que “los propios agentes
estatales están involucrados con los hechos de violencia y casos de
violaciones a los derechos humanos, por lo tanto no se van a enjuiciar a
ellos mismos… tenemos una falta de institucionalidad y hay un control
sobre los operadores de justicia por parte de los grupos de poder”.
La
periodista añadió que existe, además, infiltración de la criminalidad
organizada en el sistema de justicia, principalmente del narcotráfico.
“Todo el Estado está copado”, aseguró Meza. “Cuando alguien denuncia,
los mismos fiscales son los que avisan a las estructuras criminales que
están siendo objeto de una querella… es un país de la impunidad”.
Limitaciones en el acceso a la información
Otra
problemática que enfrentan los periodistas y las organizaciones de la
sociedad civil hondureña es la restricción de facto a la información
oficial.
Honduras
aprobó en 2006, por medio del Decreto No. 170-2006 del Congreso
Nacional, la Ley de transparencia y acceso a la información pública. En
ella se garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la
gestión de los asuntos públicos y se busca promover la utilización
eficiente de los recursos del Estado, hacer efectiva la transparencia en
el ejercicio de las funciones públicas y combatir la corrupción y la
ilegalidad de los actos estatales, entre otras prerrogativas.
“Es
una ley muy avanzada en papel, pero el acceso a la información se ha
restringido a través de otros mecanismos, como la aprobación de la ley
sobre secretos oficiales” explicó Meza. Según indicó, mediante esta
normativa, aprobada el 20 de enero de 2014, se puede encriptar
información hasta por 25 años, y se otorga discrecionalidad a los
funcionarios para decidir qué es un secreto de Estado y qué no, por
motivos de seguridad nacional; “hasta un contrato puede entrar en esta
categoría”, alertó Meza. Con ello “han restringido y violentado la ley
de acceso a la información”.
Según
la activista, en la actualidad hay 18 instituciones que tienen vedada
la potestad de dar información a los periodistas. “Son instituciones
como la empresa nacional de energía eléctrica, la dirección de ingresos,
instituciones que manejan recursos o que son estratégicas y que han
sido tomadas por militares, ya que Honduras se militarizó luego del
golpe de Estado”, afirmó.
Honduras, ¿tras los pasos de Guatemala?
Frente
a los fenómenos de impunidad y violaciones de derechos humanos, actores
sociales hondureños claman cada vez con más fuerza la instalación en el
país de dos instituciones internacionales: una oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y un símil de
la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–,
institución sui generis de la ONU instalada desde el 2007 para
contribuir a desmantelar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad incrustados en las institucionales del Estado.
A
la CICIG, en calidad de querellante adhesivo o tercer interesado en
procesos judiciales que permite el Código procesal penal en Guatemala,
se le atribuye en buena medida la desarticulación de estructuras
criminales incrustadas en instituciones del sector justicia, como el
Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil o el Sistema
Penitenciario; o bien el caso más sonado denominado “La Línea”, una
estructura criminal dedicada a defraudar al Estado en aduanas, que llevó
a la caída en 2015 del entonces presidente Otto Pérez Molina y de la
entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión en el marco de
procesos judiciales en su contra.
La
posibilidad de una CICIH –como se le denominaría en Honduras– es aún
remota. Según Meza, el gobierno ha puesto en marcha una campaña
mediática para desacreditar la labor que la CICIG ha desarrollado en
Guatemala. “Buscan deslegitimarla antes de una posible discusión sobre
su instalación”, lamentó.
Otra
suerte ha corrido el proceso de instalación de una oficina “en el
terreno” del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que
está por concretizarse. “No tenemos claro el mandato, indicó Meza, pero
esperamos que sea una oficina que funcione, que pueda evidenciar la
grave situación que tenemos en el país, ya que en Honduras vivimos una
crisis de derechos humanos”, concluyó.
DIEGO DE LEÓN SAGOT
Editor
de Panorama Diplomático. Corresponsal para Europa de la Agencia
CERIGUA, acreditado ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra.
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