HONDURAS TIERRA LIBRE: Crímenes derivados del Golpe de Estado de 2009 deben ser investigados, aún sin la Corte Penal Internacional

by PROAH

Así empieza el comunicado de las organizaciones de derechos humanos FIDH (Federación Internacional de derechos Humanos), CIPRODEH y COFADEH luego del anuncio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que la Corte no continuará su examen preliminar sobre Honduras.

Miembros de COFADEH llevando los rostros de las víctimas del Golpe
Wed, 11 Nov 2015 - 14:32

Según el comunicado, « La FIDH y sus organizaciones miembros en Honduras, COFADEH y CIPRODEH, lamentan profundamente el anuncio realizado hoy por la Corte Penal Internacional (CPI) de no continuar el análisis de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Honduras posteriormente al golpe de Estado de 2009 y en la región del Bajo Aguán. Resulta inaceptable dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación» dejar a las víctimas de los mencionados crímenes sin acceso a la justicia y a la reparación» (1)
Contexto: El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras tuvo por consecuencia una represión sistemática y brutal en contra del movimiento social en protesta contra el golpe y numerosas graves violaciones a los derechos humanos, tales como detenciones ilegales, tortura, y ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones de derechos humanos, frente a la gravedad de las violaciones a derechos humanos que ocurrieron en ese momento, el muy alto nivel de impunidad y la ingobernabilidad que imperaban en el país pos-golpe, denunciaron y visibilizaron estos hechos.

En junio de 2010, las principales organizaciones de defensa de derechos humanos hondureñas, impulsaron la creación de la « Comisión de Verdad » (alternativa a la Comisión de Verdad y Reconciliación -CVR-, creada por el gobierno de Porfirio Lobo) con el objetivo de “esclarecer los hechos realizados con el golpe de Estado del 28 de Junio del 2009, para demandar justicia, de la población hondureña afectada por el golpe de Estado, y se adopten medidas necesarias para evitar se repitan acontecimientos de este tipo a futuro”. La primera recomendación que contiene el informe de la Comisión de Verdad, “La voz más autorizada es la de las víctimas” es : « investigar y sancionar a los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos que se desprenden del mismo » (2).

Paralelamente a las denuncias interpuestas ante el sistema judicial nacional, también impulsaron acciones legales a nivel internacional, incluso a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Después de cinco años de investigación, la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda declaró que “ llegué a la conclusión de que las violaciones perpetradas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero 2010 no constituyen crímenes de lesa humanidad bajo la definición del Estatuto, y por ende no constituyen crímenes sobre los cuales la CPI tiene la facultad para investigar”. Sin embargo también reconoce que « violaciones a los derechos humanos fueron cometidas el día 28 de junio de 2009 y con posterioridad a esta fecha, y que éstas fueron directamente imputables a las autoridades del régimen que tomó el poder durante el golpe »(3)

La FIDH y sus organizaciones miembros señalan que “Identificar y juzgar a los responsables de graves crímenes no sólo es necesario para las víctimas y sus familiares, sino también es imprescindible para la población hondureña entera, para restaurar la confianza perdida en el compromiso de su gobierno de servir y proteger a sus ciudadanos y ciudadanas.” (4)

Por lo tanto, es pertinente preguntarse :

¿A más de 6 años del golpe de Estado, cómo ha actuado el sistema judicial hondureño para sancionar las violaciones a derechos humanos que ocurrieron ? Miremos cómo han sido tratados unos casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos en el marco de represiones a manifestaciones, destacados en el informe de la Comisión de Verdad. ¿Ha habido justicia en estos casos?

Isy Obed Murillo, primera víctima mortal de la represión:

Isy Obed Murillo

El 5 de julio de 2009, Isy Obed Murillo se convirtió en la primera víctima mortal del golpe de Estado. Ese día miles de hondureños se habían agrupado en el aeropuerto Toncontín para esperar el regreso del presidente Manuel Zelaya, anunciado para ese día. Militares dispararon a balas vivas en esta manifestación, y el joven de 19 años Isy Obed recibió un impacto de bala viva en la cabeza, falleciendo inmediatamente.

La Fiscalía de Derechos humanos abrió un expediente, sin embargo hoy en día el caso está todavía en la etapa de investigación. El Centro de Derechos Constitucionales (CCR, organización basada en EEUU), con el apoyo del COFADEH, presentó una denuncia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, en nombre de David Murillo y Silvia Mencías, padres de Isy Obed Murillo, en contra de Roberto Micheletti, Presidente del Congreso que ocupó la Presidencia luego del golpe, de quien se suponía que poseía bienes en este Estado y por lo tanto podía ser juzgado allí. La denuncia detalla ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, persecuciones, y otras graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en Honduras bajo la autoridad y la dirección de Micheletti”. Sin embargo, en abril de 2013, el caso fue desestimado por la Corte de Texas (5).

Desde el día del golpe hasta finales de 2011, al igual que la manifestación del 5 de julio, numerosas manifestaciones fueron duramente reprimidas, entre ellas éstas:

Represión del 12 de agosto de 2009, Tegucigalpa

El 12 de agosto del 2009, una manifestación en contra del golpe de Estado fue brutalmente reprimida en Tegucigalpa. 27 personas fueron detenidas, incluso personas que no habían participado en la manifestación. Las personas detenidas fueron víctimas de tratos crueles. Luego fueron llevadas a un centro irregular de detención, el batallón de los militares antimotines « COBRAS». Elder Madrid Guerra, quien estaba a cargo de los COBRAS, segun COFADEH « pudiendo detener las agresiones, más bien ocultó información sobre el grupo que fue llevado de manera ilegal a ese cuartel ». Las personas fueron detenidas varios días. Luego fueron liberadas, pero con medidas sustitutivas a la cárcel, pues al inicio del proceso fueron acusadas por sedición, manifestación ilícita y daños; el caso fue sobreseido en junio de 2010 (6).

Después de esto, el COFADEH presentó una acusación en contra del Oficial de Policia Elder Madrid Guerra, y la Fiscalía de Derechos humanos inició un proceso legal contra él, así como cinco Oficiales de policía, acusados de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad y vejamenes. A finales de febrero del 2015, el juez dictó un veredicto en el que sobresee al comisionado nacional de policía Elder Madrid Guerra. Un recurso de apelación está en curso todavía. Para los oficiales, las Cortes aplicaron el decreto de Amnistía (7). Esta decisión fue rechazada por la parte acusadora y un amparo está pendiente ante la Sala de lo Constitucional.

Es importante destacar que a pesar de este proceso legal en su contra, el Comisionado Elder Madrid Guerra, fue premiado y ascendido al grado superior, en junio de 2014 ; luego en mayo del 2015, fue nombrado jefe del Estado Mayor de la Policía (8).

Represión policial 12 de agosto (fuente: defensoresenlinea)

Represión en Choloma, 14 de agosto de 2009

En el caso de la represión de Choloma que tuvo lugar dos días después, el 14 de agosto de 2009, el desalojo violento fue efectuado por unos doscientos efectivos que destruyeron las cámaras y equipo de trabajo de tres comunicadores sociales que cubrían los hechos, lanzaron bombas lacrimógenas dentro de las casas, realizaron registros ilegales y allanamientos. Persiguieron a los manifestantes, acorralándolos en diferentes sitios de la comunidad de Choloma. Les sometieron a tratos crueles, inhumanos y degradantes. 32 personas fueron detenidas y ocho resultaron heridas. Una mujer denunció haber sido violada por varios policías. Esta fue una de las represiones más brutales que se registró en el marco del golpe de estado9.

La Fiscalía de DDHH inició un caso en contra de Héctor Iván Mejía y Abrahán Figueroa Tercero, dos altos oficiales de la Policía Nacional Preventiva ; fueron acusados luego por detención ilegal, tortura y abuso de autoridad ; el abogado Omar Menjivar, puso una denuncia especialmente por los perjuicios contra el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza, quien fue golpeado y detenido ilegalmente mientras ejercía su labor en la cobertura de la manifestación. Sin embargo, los acusados fueron sobreseídos definitivamente por todos los delitos. Un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional está pendiente todavía.

Represión del 15 de septiembre 2010, San Pedro Sula

Un año después de estos acontecimientos en Choloma, en el mismo departamento, la población de San Pedro Sula sufrió la primera fuerte represión bajo el nuevo gobierno del Presidente Lobo.

El 15 de septiembre de 2010, día en que se celebra la independencia de Centroamérica, se organizó una manifestación del Frente Nacional de Resistencia Popular, que iba a concluir con un concierto de música. Cuando los manifestantes se aprestaban a escuchar el concierto de la banda Café Guancasco, la policía y los militares iniciaron un bombardeo de gases lacrimógenos y de líquido tóxico con sus tanquetas, agrediendo y golpeando con brutalidad a los manifestantes. Tuvo por resultado varias personas heridas e intoxicadas, incluyendo la muerte por asfixia del vendedor ambulante Efraín López. Salieron heridas varias personas, al menos 5 personas fueron hospitalizadas y 37 detenidas. La policía destruyó gran parte del equipo de la banda musical. Al mismo tiempo, las instalaciones de la estación de Radio UNO, fueron atacadas por la policía, que rompieron los vidrios del edificio y les lanzaron bombas lacrimógenas.(10)

La Fiscalía de Derechos Humanos y como acusador privado el abogado Víctor Fernández en representación de las víctimas, iniciaron un proceso legal en contra de los subcomisionados de la Policía Nacional Héctor Iván Mejía (también acusado en el caso de la represión de Choloma) y Daniel Omar Matamoros acusados por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal, tortura, lesiones. Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió sobreseer a los acusados por todos los delitos que les fueron imputados.

Además de estos casos, existen cientos de casos de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado que ni siquiera han sido judicializados ni investigados por la Fiscalía. Se comprueba que incluso en los casos emblemáticos aqui presentados, ninguna víctima de la represión post-golpe ha obtenido justicia. A la excepción de un caso, no hubo ninguna persona condenada por violaciones a derechos humanos (11). Es más, varios de los altos mandos de la Policía y Fuerzas armadas han sido promovidos en su carrera ; un ejemplo evidente, Hector Ivan Mejía y Elder Madrid Guerra, los dos Comisionados involucrados en los tres casos de represión presentados, lejos de haber sido sancionados, fueron ascendidos a un grado superior y hoy en día forman parte de la cúpula policial.

Después de la decisión de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, las tres organizaciones (FIDH, CIPRODEH y COFADEH) reiteran la necesidad de « un mecanismo híbrido, como una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (CICIH), compuesto de expertos nacionales e internacionales para la efectiva investigación y juicio de graves crímenes”.

Además, varios casos han sido llevados ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Precisamente ayer 10 de noviembre de 2015, la Corte Interamericana condenó al Estado de Honduras por la destitución de cuatro jueces miembros de la “Asociación de Jueces por la Democracia” que se opusieron al golpe de Estado, declarando que en este caso hubo violaciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Esta sentencia condenatoria en contra del Estado representa una luz de esperanza para las víctimas, no solamente en este caso, sino también para todas las víctimas del golpe de Estado que siguen exigiendo la justicia.

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