Redacción Central / EL LIBERTADOR / 18 Agosto 2015
Tegucigalpa.
Uno de los fundamentos legales claves para que la jueza, Wendy Gallo,
dictara auto de prisión, con medidas sustitutivas de cárcel, contra tres
estudiantes universitarios, criminalizados por protestar, fue el
testimonio del militar retirado, Roger Aguilar Flores, encargado de la
seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
mediante un contrato civil de prestación de servicios profesionales,
firmado con la rectora Julieta Castellanos.
Esta resolución fue impugnada ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán.
Los
tres universitarios son Moisés David Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario
Padilla, de la Facultad de Ciencias Sociales y están acusados del delito
de usurpación porque al participar en una protesta supuestamente se
querían apropiar de la UNAH, según el argumento de las autoridades
universitarias, del ex integrante de las Fuerzas Armadas y del ente
acusador del Estado, el Ministerio Público (MP). Además, el militar
también es testigo en el juicio contra el universitario Josué Armando
Velásquez, criminalizado por participar en la misma protesta.
La
funcionaria del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de
Tegucigalpa dictó el auto de prisión el 7 de agosto, lo cual indica que
a su juicio hay indicio racional y plena prueba del delito.
Aguilar
Flores fue el encargado de Relaciones Laborales, de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, orientado a la privatización de
la seguridad, ha sido funcionario policial, según la documentación
obtenida por C-Libre.
Además
habría sido integrante de servicios de inteligencia y de la
desaparecida Dirección Nacional de Investigación (DNI), de acuerdo con
información del Movimiento Universitario.
Algunas
organizaciones de Derechos Humanos han mencionado que habría sido
integrante del escuadrón de la muerte 3-16, en la década de los 80,
describió la presidenta de Pen Honduras, dijo Dina Meza y al juzgado
vino a dar falso testimonio, indicó Meza.
Se
pidió carta de libertad, “más bien pensamos que la jueza iba a decir
que es ilegal que (el militar) ande haciendo levantamiento de perfiles
de los estudiantes”, apuntó. La UNAH tiene 23 estudiantes
criminalizados, agregó.
Meza
denunció que Moisés Cáceres, que está como voluntarios de Pen Honduras,
ha recibido hostigamiento dentro de la UNAH para evitar que haga su
práctica profesional. La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha
enviado notas a todos los departamentos diciendo “que la estamos
denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. “En
efecto la denunciamos ante la CIDH porque está violentando el debido
proceso y este es un nuevo dato que se enviará”.
Meza
describió las condiciones de intolerancia en la Universidad donde se
habla de desmilitarización y en la práctica eso no ocurre. Se habla de
diálogo y al mismo tiempo hay acusaciones criminales contra los
estudiantes, apuntó.
De su lado, Padilla señaló que el MP no presentó evidencia científica suficiente para demostrar la acusación.
“Se
presentaron fotografías en las que no se logra comprobar la estancia en
la toma”. “El señor Aguilar…hubo una serie de irregularidades en su
testimonio porque él asegura que el día lunes a las 6:00 de la mañana,
yo estaba en el portón de Odontología, sin embargo, puedo comprobar que
yo estaba en otra parte de la capital”. La decisión judicial se vale en
un 80 por ciento del testimonio del señor Aguilar, señaló.
Los
fiscales salieron apresurados de audiencia y no dieron declaraciones.
Las autoridades de la UNAH no asistieron a la audiencia. La defensa del
caso la llevan Pen Honduras y C-Libre por tratarse de un caso de
libertad de expresión.
Aguilar
también es uno de los principales testigos de la acusación contra el
universitario, Josué Armando Velásquez, acusado por usurpación por
participar en la protesta estudiantil.
Velásquez
acudió a audiencia inicial este 17 de agosto y ahora está a la espera
de conocer si el testimonio militar fue contundente para que el juzgado
dicte auto de prisión en su contra.
Las
protestas estudiantiles tienen su origen en que se está privatizando la
UNAH y se están reduciendo los espacios de participación estudiantil
con el fin de evitar que los egresados tengan pensamiento crítico, según
dicen los manifestantes.
La
rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha mencionado que no es cierto
que se esté criminalizando la protesta estudiantil como aducen algunas
organizaciones de derechos humanos.
“El
derecho a manifestarse, por otra parte, se encuentra íntimamente
vinculado a los derechos de expresión y participación política.
Esencialmente, porque en una sociedad democrática el espacio público no
sólo constituye un ámbito de circulación, sino también de
participación”, según el análisis de Javier Mujica de los artículos 15 y
16 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en un libro que
lleva el mismo nombre, publicado en Colombia en 2013. (Fuente: C-Libre).
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/423-militar-que-hacia-perfiles-es-testigo-en-juicio-contra-universitarios
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