Honduras: Jueza Wendy Rivera recusada por la Corte Primera de Apelaciones // Militar retirado fue la "pieza clave" del auto de prisión contra universitarios

 Escrito por Redacción | Agosto 19 del 2015   Secciones: Libertad de Expresión

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). - Por violentar la ley, la jueza de letras de lo penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Wendy Rivera, fue recusada por la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán y recibió un llamado de atención por su desempeño en el juicio de tres universitarios, criminalizados por protestar en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

 “Procede a criterio de esta alzada, aprobar la recusación planteada por los abogados Edy Tábora Gonzáles y Carlos Jiménez Borjas contra la juez Wendy Carolina Rivera, en consecuencia, se nombra a la jueza Gabriela Gallo, para que en lo sucesivo continúe con la sustanciación de la presente causa”, resolvió la Corte de Apelaciones.

 “…De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en su artículo 58, hace un llamado de atención a la juez Wendy Carolina Rivera por haber inobservado el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, con respecto a la sustanciación de las recusaciones a fin que en lo sucesivo observe la debida diligencia en la observancia de los procedimientos establecidos en la ley procesal”.

La cédula de notificación, de la providencia de Apelaciones, tiene fecha del 11 de agosto pasado.

El proceso en mención es por el supuesto delito de usurpación por el que están enjuiciados los estudiantes Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Luis Ulloa, criminalizados por las autoridades universitarias por su presunta participación en una toma de las instalaciones de Ciudad Universitaria para protestar por la falta de espacios de participación estudiantil.

La jueza no sólo decidió conocer el caso aun cuando estaba recusada sino que actuó como jueza ejecutora del desalojo y llegó ataviada a las instalaciones de la UNAH con indumentaria policial.

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 Militar retirado fue la "pieza clave" del auto de prisión contra universitarios

 Escrito por Redacción | Agosto 19 del 2015    Secciones: Libertad de Expresión

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Uno de los fundamentos legales claves para que la jueza, Gabriela Gallo, dictara auto de prisión, con medidas sustitutivas de cárcel, contra tres estudiantes universitarios, criminalizados por protestar, fue el testimonio del militar retirado, Roger Aguilar Flores, encargado de la seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante un contrato civil de prestación de servicios profesionales, firmado con la rectora Julieta Castellanos.

 

Esta resolución fue impugnada ante la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán. Los tres universitarios son Moisés David Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, de la Facultad de Ciencias Sociales y están acusados del delito de usurpación porque al participar en una protesta supuestamente se querían apropiar de la UNAH, según el argumento de las autoridades universitarias, del ex integrante de las Fuerzas Armadas y del ente acusador del Estado, el Ministerio Público (MP). Además, el militar también es testigo en el juicio contra el universitario Josué Armando Velásquez, criminalizado por participar en la misma protesta.

 

La funcionaria del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa dictó el auto de prisión el 7 de agosto, lo cual indica que a su juicio hay indicio racional y plena prueba del delito.

 

Aguilar Flores fue el encargado de Relaciones Laborales, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, orientado a la privatización de la seguridad, ha sido funcionario policial, según la documentación obtenida por C-Libre.

 

Además habría sido integrante de servicios de inteligencia y de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación (DNI), de acuerdo con información del Movimiento Universitario.

 

Algunas organizaciones de Derechos Humanos han mencionado que habría sido integrante del escuadrón de la muerte 3-16, en la década de los 80, describió la presidenta de Pen Honduras, dijo Dina Meza y al juzgado vino a dar falso testimonio, indicó Meza.

 

Se pidió carta de libertad, “más bien pensamos que la jueza iba a decir que es ilegal que (el militar) ande haciendo levantamiento de pérfiles de los estudiantes”, apuntó. La UNAH tiene 23 estudiantes criminalizados, agregó.

 

Meza denunció que Moisés Cáceres, que está como voluntarios de Pen Honduras, ha recibido hostigamiento dentro de la UNAH para evitar que haga su práctica profesional. La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha enviado notas a todos los departamentos diciendo “que la estamos denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. “En efecto la denunciamos ante la CIDH porque está violentando el debido proceso y este es un nuevo dato que se enviará”.

 

Meza describió las condiciones de intolerancia en la Universidad donde se habla de desmilitarización y en la práctica eso no ocurre. Se habla de diálogo y al mismo tiempo hay acusaciones criminales contra los estudiantes, apuntó.

 

De su lado, Padilla señaló que el MP no presentó evidencia científica suficiente para demostrar la acusación. “Se presentaron fotografías en las que no se logra comprobar la estancia en la toma”. “El señor Aguilar…hubo una serie de irregularidades en su testimonio porque él asegura que el día lunes a las 6:00 de la mañana, yo estaba en el portón de Ondontología, sin embargo, puedo comprobar que yo estaba en otra parte de la capital”. La decisión judicial se vale en un 80 por ciento del testimonio del señor Aguilar, señaló.

 

Los fiscales salieron apresurados de audiencia y no dieron declaraciones. Las autoridades de la UNAH no asistieron a la audiencia. La defensa del caso la llevan Pen Honduras y C-Libre por tratarse de un caso de libertad de expresión.

 

Aguilar también es uno de los principales testigos de la acusación contra el universitario, Josué Armando Velásquez, acusado por usurpación por participar en la protesta estudiantil.

 

Velásquez acudió a audiencia inicial este 17 de agosto y ahora está a la espera de conocer si el testimonio militar fue contundente para que el juzgado dicte auto de prisión en su contra.

 

Las protestas estudiantiles tienen su origen en que se está privatizando la UNAH y se están reduciendo los espacios de participación estudiantil con el fin de evitar que los egresados tengan pensamiento crítico, según dicen los manifestantes.

 

La rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, ha mencionado que no es cierto que se esté criminalizando la protesta estudiantil como aducen algunas organizaciones de derechos humanos.

 

“El derecho a manifestarse, por otra parte, se encuentra íntimamente vinculado a los derechos de expresión y participación política. Esencialmente, porque en una sociedad democrática el espacio público no sólo constituye un ámbito de circulación, sino también de participación”, según el análisis de Javier Mujica de los artículos 15 y 16 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en un libro que lleva el mismo nombre, publicado en Colombia en 2013.

 

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