Un grupo de congresistas estadounidenses han enviado una carta al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, para solicitar el fin de la ayuda financiera a organismos de seguridad hondureños por masivas violaciones a DDHH.
Honorable John Kerry
Secretario del Departamento de Estado de EEUU
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Estimado secretario Kerry:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación por la continua participación de las fuerzas armadas hondureñas en las labores policiales
nacionales e instituciones tradicionalmente civiles en Honduras, así
como por la solicitud del gobierno de Obama de aumentar la asistencia de
los Estados Unidos a Honduras en materia de seguridad para el año
fiscal 2016.
Asimismo,
le escribimos para solicitar una evaluación estricta por parte del
Departamento de Estado del apoyo y entrenamiento dados por los Estados
Unidos a la policía y a las fuerzas armadas hondureñas, de acuerdo con
los requisitos relativos a los derechos humanos fijados en la Ley de
Asignaciones a Operaciones en el Estado y en el Extranjero para el año
fiscal 2015[1],
en plena aplicación de la ley Leahy, y la suspensión y reevaluación del
subsiguiente entrenamiento y asistencia a la policía y a las unidades
militares de Honduras hasta que los abusos contra los derechos humanos
sean abordados adecuadamente por el gobierno hondureño.
La
mayoría de los países democráticos establecen claramente los distintos
papeles de la policía y del ejército, y fijan límites a la participación
de sus fuerzas armadas en las labores policiales nacionales. Sin
embargo, en Honduras, las fuerzas armadas están cada vez más
involucradas en la vigilancia policial a civiles.
Desde
2010, el gobierno de Honduras ha desplegado con regularidad a las
fuerzas armadas para llevar a cabo funciones propias de la policía en
diferentes partes del país. En 2013, el gobierno de Honduras estableció
una "policía militar", promovida por Juan Orlando Hernández cuando era
candidato presidencial. Esta policía militar, que forma parte de la
cadena de mando militar, actualmente alcanza los 3.000 miembros y
continúa ampliándose. El 28 de febrero de este año, el ahora presidente
Hernández anunció que el trabajo de los 2.144 miembros recién graduados
de las fuerzas armadas regulares incluiría tareas policiales. En la
actualidad, los militares patrullan barrios residenciales, autobuses,
aeropuertos y carreteras.
De
acuerdo con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), una reconocida organización de defensa de los
derechos humanos en Honduras, el personal militar ha estado involucrado
en violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos e
intimidación a líderes de la oposición, activistas por el derecho a la
tierra y manifestantes pacíficos. En los últimos meses, agentes de la
policía militar han presuntamente amenazado y hostigado a periodistas,
líderes comunitarios y miembros de la organización indígena COPINH; han
desalojado por la fuerza y sin orden judicial a pequeños agricultores;
han hecho una redada en la casa de un líder estudiantil involucrado en
protestas recientes; y han disparado y matado a una mujer desarmada que
vendía mangos, entre otros presuntos delitos. Según han informado
Al-Jazeera, Defensores en Línea y Today Media Network, estos cuerpos
militares también han llevado a cabo, presuntamente, redadas en los
domicilios de activistas de la oposición y han participado en el
asesinato de manifestantes pacíficos y activistas por los derechos a la
tierra.
Más
aún, durante el gobierno de Hernández, según informan Amnistía
Internacional, Associated Press y los medios de comunicación hondureños,
la policía militar ha golpeado brutalmente a un reconocido defensor de
los niños sin hogar, golpeado y rociado con gas lacrimógeno a 35
miembros de un partido de la oposición dentro de los pasillos del
Congreso, y presumiblemente secuestrado y violado a una mujer joven
–todo con impunidad–.
La
Constitución de Honduras prohíbe que el ejército participe en las
tareas policiales nacionales, excepto en casos de emergencia. Este mes
de febrero, el Congreso de Honduras rechazó una propuesta del presidente
Hernández para cambiar la Constitución y permitir el uso regular de la
policía militar. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones legales, el
gobierno de Honduras ha continuado ampliando este cuerpo militar por
medio del poder ejecutivo y ha incumplido sus promesas de emprender
reformas fundamentales en las fuerzas policiales corruptas del país.
También
estamos preocupados por la creación de un nuevo "súper ministerio" el
año pasado, llamado el Ministerio de Seguridad. Este ministerio unificó
instituciones civiles y militares de seguridad bajo la dirección de
Julián Pacheco Tinoco, un general activo en el momento de su
nombramiento, que no renunció a su cargo hasta enero de 2015, después de
que varios actores locales e internacionales, incluidos defensores de
derechos humanos, cuestionaran el nombramiento. Antes de desempeñar este
cargo, el Sr. Pacheco estuvo a cargo de la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (FUSINA), un cuerpo especial
interinstitucional –que combina a la policía, a personal militar,
agencias de inteligencia y fiscales– creado por el presidente Hernández.
Actualmente, el ministerio controla la policía, la Dirección General de
Migración, la Marina Mercante y la Agencia de Aeronáutica Civil, entre
otras instituciones gubernamentales claves.
Estamos
preocupados por los informes de los medios de comunicación hondureños
según los cuales, a mediados de mayo de este año, un equipo de 300
militares estadounidenses y personal civil, incluyendo a los Marines y
el FBI, llevaron a cabo un entrenamiento de "respuesta rápida" con 500
agentes de FUSINA, utilizando helicópteros y aviones de Estados Unidos, a
pesar de las denuncias en conexión a la repetida participación de esta
institución hondureña en violaciones de los derechos humanos.
El
2 de febrero de 2015, el gobierno estadounidense presentó la solicitud
de presupuesto para el año fiscal 2016. Esta solicitud incluyó un fondo
de mil millones de dólares para Centroamérica, en su mayor parte
dirigido a los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para
asistirles en el abordaje de los principales problemas que impulsan la
migración desde la región hacia Estados Unidos. Entendemos la
importancia de atacar las causas fundamentales de la migración hacia los
Estados Unidos, pero queremos asegurarnos que los dólares de los
contribuyentes estadounidenses no se utilicen para la vigilancia
policial de tipo militar, actividad que podría, de hecho, ser una de los
motivos de esta migración, ya que agrava la violencia en el país.
Apoyamos
firmemente la revisión de la cooperación en seguridad de Estados Unidos
con el gobierno de Honduras, exigida por la Ley de Asignaciones a
Operaciones en el Estado y en el Extranjero para el año fiscal 2015 y
por las limitaciones a la ayuda contempladas en la Ley Leahy, y nos
preocupa cómo el Departamento de Estado va a aplicar estos estatutos.
El
Congreso ha mostrado su continuo apoyo a una revisión de la cooperación
en seguridad de Estados Unidos con el gobierno de Honduras, solicitando
la inclusión de condiciones en la Ley de Asignaciones para Operaciones
en el Estado y en el Extranjero del año fiscal 2016. Por otra parte, de
conformidad con los requisitos legales, instamos a la suspensión y
re-evaluación de próximos entrenamientos y asistencia a la policía
hondureña y a unidades militares, hasta que el gobierno de Honduras
aborde adecuadamente las violaciones de los derechos humanos.
Le
pedimos que proporcione a nuestras oficinas una descripción detallada
de cómo el Departamento de Estado está implementando estos estatutos,
incluyendo qué parámetros está utilizando para evaluar si el gobierno de
Honduras está ocupándose adecuadamente de las violaciones de derechos
humanos.
Además,
le pedimos al Departamento de Estado que continúe con los esfuerzos
para instar al gobierno de Honduras a implementar medidas serias y
concretas para abordar los abusos militares y policiales, y para detener
la continua participación de los militares en las tareas policiales de
cumplimiento de la ley.
Finalmente,
solicitamos un informe detallado sobre el uso de los fondos asignados a
la asistencia en seguridad de Estados Unidos a Honduras en la Ley de
Asignaciones para Operaciones en el Estado y en el Extranjero del año
fiscal 2015 y en la futura legislación de asignaciones para 2016.
Le agradecemos de antemano su rápida atención a este importante asunto. Esperamos noticias suyas.
Atentamente,
Henry C. “Hank” Johnson, Jr.
Janice D. Schakowsky
James P. McGovern
John Conyers, Jr.
Sam Farr
Luis V. Gutiérrez
Raúl M. Grijalva
John Lewis
Marcy Kaptur
Mark Pocan
Keith Ellison
Maxine Waters
Michael M. Honda
Rosa DeLauro
Gwen Moore
Barbara Lee
Karen Bass
Zoe Lofgren
Danny K. Davis
Michelle Lujan Grisham
José E. Serrano
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