El
Gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) inició su mandato el 27 de
enero con una legitimidad precaria. En las elecciones de noviembre de
2013, apenas obtuvo el 36.89% de los votos válidos. Pero más allá del
porcentaje de votos obtenido, la precariedad de la legitimidad de origen
de JOH se debe a hechos como los siguientes:
El
Gobierno ha llevado adelante políticas que han profundizado el malestar
de la ciudadanía. De esta manera, de la precaria legitimidad de origen
se pasó a un mayor nivel de erosión de la legitimidad de desempeño
gubernamental.
Entre estas situaciones que generan descontento ciudadano se identifican los hechos siguientes:
•
La remilitarización de la seguridad. Cada vez más los militares se
convierten en los reales protagonistas de la seguridad y los policías
adoptan una actitud de subordinación al viejo estilo de los años
ochenta, lo que ha llevado a una serie de abusos de poder y violaciones
de los Derechos Humanos.
•
La habilitación de la reelección. Mediante un fallo de la Sala
Constitucional, como respuesta a un recurso de inconstitucional
presentado por un grupo de diputados nacionalistas acompañados de
diputados de UD y el PDCH y otro recurso sobre el mismo tema presentado
por el ex Presidente Rafael Leonardo Callejas. Además, hay que recordar
que la Sala Constitucional fue impuesta ilegalmente por el Congreso
Nacional de la República, en diciembre de 2012, mientras el actual
Presidente de la República fungía como Presidente del Poder legislativo.
•
El Presidente JOH mantiene un fuerte control y subordinación de los
poderes Legislativo y Judicial al Poder Ejecutivo. Lo anterior permite
afirmar que la separación y autonomía entre los poderes del Estado ha
desaparecido casi por completo en el Gobierno actual.
•
La prevalencia de los altos niveles de corrupción (el caso del IHSS es
el caso más visible, pero no es el único) y la percepción negativa de la
ciudadanía debido a que se hace muy poco o casi nada para combatir este
flagelo.
• La persistencia de los altos porcentajes de hogares en situación de pobreza, la precariedad laboral y el creciente desempleo.
• Los despidos de empleados públicos. Siendo más visibles los de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
• Los despidos de empleados públicos. Siendo más visibles los de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).
•
Existen denuncias permanentes de organizaciones de Derechos Humanos.
Estas denuncias evidencian la violación sistemática de los mismos con la
participación directa o indirecta por complicidad, de las autoridades
gubernamentales. A todo lo anterior hay que agregar que el Presidente ha
mantenido un estilo de Gobierno autoritario, excluyente y de
criminalización de la oposición política y social. Toda esta situación
ha llevado a que amplios sectores de la ciudadanía hondureña estén
impugnando en las calles al Gobierno que encabeza JOH.
Para
continuar leyendo el análisis de contexto, realizado por el Centro de
Estudio para la Democracia –CESPAD-, haga clic en el siguiente enlace:
Ciudadanía indignada versus la concentración de poder del Presidente
Ciudadanía indignada versus la concentración de poder del Presidente
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