CIDH denuncia destrucción de pruebas en caso de estudiantes mexicanos desaparecidos // CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en México

 
La Tribuna.hn/ 18 ago, 2015 - 9:21 am
México (EFE).- Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 jóvenes en el municipio mexicano de Iguala denunciaron hoy la destrucción de pruebas de vídeo, rechazaron entrevistar por escrito a militares y pidieron la ampliación de su mandato.
“Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso”, dijo la exfiscal guatemalteca Claudia Paz en la rueda de prensa ofrecida tras la quinta visita de este grupo interdisciplinario al país para investigar la desaparición de los jóvenes hace casi un año.
Personal del Palacio de Justicia del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, dijo a la CIDH que existían grabaciones de vídeo tomadas desde el edificio en las que se observaba la detención de “entre 10 y 16″ estudiantes por parte de la Policía en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, detalló.
Ese día 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades corruptas y miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un municipio vecino, según la versión oficial, que los padres rechazan.
La CIDH solicitó esta prueba a través de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), pero “parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, continuó Paz, que pidió que, de confirmarse este hecho, se tomen las medidas legales pertinentes.
Asimismo, el grupo criticó la postura gubernamental de permitir únicamente por escrito y dentro del proceso penal la entrevista a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes.
Los expertos aceptaron en un primer momento la entrevista a estos militares dentro del proceso penal siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, como ya hicieron cuando se tomó la declaración de varios alumnos de la Normal.
Sin embargo, el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las demandas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.
“No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración”, dijo el experto chileno Francisco Cox.
Cox puntualizó que recabar los testimonios de los militares permitiría obtener información para las pesquisas y la búsqueda de los jóvenes, y criticó que el Gobierno haya respondido que la presencia del grupo en la declaración “pondría en riesgo la legalidad de la investigación”.
Además de ello, los expertos denunciaron la ocultación de evidencias de ropa de los normalistas a sus familiares.
El 29 de junio, el grupo interdisciplinario encontró en el expediente del 27 de septiembre que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la Ciudad de México a principios de octubre.
Dichas evidencias “no eran conocidas por los familiares, ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma”, explicó Paz.
El grupo afirmó que este hecho es “grave”, tanto “para la investigación” como por la importancia que tiene para los familiares.
Por ello, pidió a la Fiscalía general tomar las muestras genéticas de la ropa y resguardar de forma adecuada la misma, que será identificada en estos días por los familiares.
El experto español Carlos Beristain describió que la ropa había sido guardada en “malas condiciones”, por lo que presenta “un cierto deterioro” que puede contaminar los análisis que se llevarán a cabo en el laboratorio de la Universidad de Medicina de Innsbruck (Austria).
Paz explicó que, del total de solicitudes de información de la CIDH al Gobierno mexicano, un 48 % han sido resueltas en su totalidad.
En un 12 % de las peticiones no se puede acceder a la información porque no existió o no se resguardó adecuadamente, en un 13 % las demandas fueron cumplidas parcialmente y un 27 % quedan pendientes de ser atendidas.
En la visita anterior, el porcentaje de peticiones resueltas era del 30 %.
A pregunta de los periodistas, los expertos dijeron no temer por su seguridad ni haber pedido medidas de protección tras el asesinato a tiros a principios de agosto de Miguel Ángel Jiménez, un policía comunitario implicado en la búsqueda de los desaparecidos.
Al cumplirse su mandato inicial de seis meses, que arrancó el 2 de marzo, el grupo de expertos presentará el 6 de septiembre sus conclusiones sobre lo ocurrido con los estudiantes, sobre las cuales no quisieron avanzar detalles hoy.
El grupo, también integrado por los colombianos Alejandro Valencia y Ángela Buitrago, ha solicitado al Gobierno ampliar su mandato para continuar con la investigación.

http://www.latribuna.hn/2015/08/18/cidh-denuncia-destruccion-de-pruebas-en-caso-de-estudiantes-mexicanos-desaparecidos/  


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CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en México 

 Escrito por Redacción | Agosto 17 del 2015  Secciones: Internacionales

Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en México del defensor de derechos humanos Miguel Ángel Jiménez Blanco. La Comisión manifiesta su preocupación por estos hechos e insta a las autoridades mexicanas a actuar de forma urgente para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo, así como adoptar las medidas necesarias para proteger la integridad y la labor de los defensores y las defensoras de los derechos humanos.

Según información de público conocimiento, el 8 de agosto de 2015, Miguel Ángel Jiménez Blanco fue hallado muerto en un taxi colectivo, en el poblado de Xaltianguis, Estado de Guerrero, México. Miguel Ángel Jiménez era integrante de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), fundador en 2013 de la policía comunitaria de Xaltianguis, y habría estado activamente involucrado en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa. De acuerdo con la UPOEG, Jiménez Blanco había sido víctima de múltiples amenazas y seguimientos por parte de desconocidos.

La Comisión urge al Estado a investigar de oficio este asesinato con debida diligencia, de manera exhaustiva, seria e imparcial, y a procesar y sancionar a las personas que resulten responsables. En este sentido, la Comisión insta a las autoridades competentes a seguir todas las líneas lógicas de investigación, incluyendo la posibilidad de que el asesinato haya estado motivado por las actividades de Miguel Ángel Jiménez Blanco como defensor de derechos humanos.

Los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad.  La Comisión Interamericana insta al Estado mexicano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las y los defensores de derechos humanos puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, en contextos seguros y libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida y su seguridad. Asimismo, la CIDH reitera que los Estados tienen la obligación ineludible de adoptar, en congruencia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, todas aquellas medidas necesarias para proteger la vida y prevenir vulneraciones a la integridad personal de todas las personas bajo su jurisdicción.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designado por la CIDH en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúa realizando sus trabajos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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