(Conexihon) Escrito por Redacción | Julio 13 del 2015 Secciones: Derechos Humanos
San José y San Pedro Sula.-
A año y medio de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) otorgara las medidas cautelares para la protección de 18
integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y
sus familiares –en su mayoría indígenas tolupanes–, Honduras continúa
incumpliendo el mandato de este órgano internacional. No sólo no ha
brindado protección física a las personas beneficiarias sino que ha
omitido su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a
los responsables de los graves hechos que afectan a dichos indígenas.
Los
beneficiarios de las medidas de protección se han destacado por
reclamar la participación justa y equitativa de los pueblos indígenas en
los planes de manejo forestal de las zonas protegidas por el Instituto
Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF). Esta defensa
activa del medio ambiente ha provocado que los indígenas tolupanes,
residentes en la comunidad de San Francisco, Locomapa, ubicada en el
departamento de Yoro, sean víctimas de constantes actos de
hostigamiento, amenazas y agresiones.
Previo
al otorgamiento de las medidas de protección, en agosto del 2013, los
líderes indígenas María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando
Fúnez Medina fueron asesinados mientras participaban de una protesta
pacífica. Asimismo, durante la vigencia de las medidas asesinaron a los
indígenas Erasio Vieda Ponce y Luis de Reyes Marcía, este último esposo
de Consuelo Soto, una de las beneficiarias de las medidas quien también
sufrió atentados contra su vida. Todos estos hechos permanecen impunes
pese a que existen testigos que identifican a los autores materiales de
los mismos.
Ante
el incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del
Estado hondureño, siete indígenas tolupanes se encuentran acampando a
las afueras de Casa Presidencial, donde llevan catorce días en huelga de
hambre, exigiendo al gobierno el cumplimiento inmediato de su
obligación de protegerlos. Este esfuerzo se suma a las manifestaciones
de indignados e indignadas que también permanecen allí en huelga de
hambre, desde el pasado 22 de junio.
“La
indiferencia de las autoridades ante estos hechos es preocupante, el
Estado debe garantizar el derecho de los indígenas tolupanes a defender
sus recursos naturales sin ser objeto de agresiones ni cualquier tipo de
violencia”, manifestó Víctor Fernández Guzmán, Coordinador del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), organización
hondureña que lucha contra la corrupción y por la defensa de los
recursos naturales.
La
solicitud de medidas cautelares fue realizada el 19 de noviembre del
2013 por el MADJ y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL). Dichas medidas fueron otorgadas por la Comisión un mes después,
determinando la obligación del Estado de proteger a 18 indígenas
tolupanes y sus familiares, que en total suman 38 personas.
“La
protección efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos
contribuye a fortalecer el Estado de derecho y la institucionalidad
democrática, por ello CEJIL hace un llamado urgente a Honduras para que
implementen las acciones necesarias que protejan la vida e integridad de
las y los beneficiarios de las medidas cautelares, en particular, debe
investigarse diligentemente a las personas responsables de los
asesinatos y atentados contra los tolupanes y proceder a juzgarles y
sancionarles en el menor plazo posible” afirmó Marcia Aguiluz, Directora
del Programa de CEJIL para Centroamérica y México. /Fotografías: Esteban Meléndez
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/cejil-estado-hondure%C3%B1o-debe-proteger-ind%C3%ADgenas-tolupanes
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