Cinco
años han pasado desde que asesinaron a Elsa Marina Cantarero, una mujer
originaria de la zona de Intibucá. Este crimen se suma a la
interminable lista de crímenes que siguen en impunidad y que dejan un
mensaje de repetición de hechos. Este caso impactó a la opinión pública,
porque además del brutal asesinato, el hecho se dio en su casa de
habitación cuando Elsa estaba descansando con su pequeño hijo de 11 años
de edad.
Cada
día durante ese tiempo, la familia de Elsa no ha descansado para lograr
que el caso se investigue y se castigue a los criminales. Pero la
inoperancia estatal nos demuestra que la justicia hondureña no reacciona
ante los clamores de las víctimas. Desde el dolor de la ausencia su
familiar dicen no descansarán hasta encontrar justicia.
La
realidad se refleja en las diversas investigaciones realizadas por las
organizaciones de mujeres, donde se constata el aumento en los casos de
muertes violentas. De acuerdo al Observatorio de violencia, entre el año
2005 y 2014, se produjo la muerte violenta intencional de más de dos
mil mujeres, lo que representa un crecimiento del número de casos en un
120 por ciento. Datos que nos indican que cada 13 horas muere una mujer.
A los crímenes se añade el ensañamiento ejercido contra las víctimas,
que van desde violación sexual, tortura y, en muchos casos hasta
mutilaciones.
En
tales asesinatos, la investigación es el “talón de Aquiles”, ya que hay
ausencia de una policía técnica judicial y de una policía técnica de
investigación que trabaje coordinadamente con la entidad acusadora. Al
no existir investigación, no hay acceso real a la justicia.
Para
hacerle frente al grave problema de violencia contra las mujeres es
necesario una serie de acciones que van desde consultar a las mismas
mujeres que tipo de seguridad quieren, con qué y quiénes se sienten
seguras. Si se siente seguras con calles repletas de policías o
militares. Si quieren que los millones que genera la tasa de seguridad
se destinen a armas, uniformes y vehículos de lujo, descuidando los
medicamentos en hospitales, pupitres en las escuelas y comida en los
platos de los humildes hogares hondureños.
La
realidad de violencia demanda de autoridades responsables, que
promuevan la despolitización del Poder Judicial, un verdadero proceso de
depuración, construir una propuesta de seguridad que dignifique la vida
de las mujeres en sus diversos espacios, y que comiencen a trabajar un
claro mensaje de atacar la impunidad venga de donde venga.
Para
atacar los hilos de la impunidad en estas muertes y otros crímenes hay
mucho camino por recorrer. Pero sin duda todo recae en la lucha por la
recuperación de la institucionalidad. Únicamente si tenemos oficinas
públicas libres de politización y corrupción que respondan y protejan a
la ciudadanía, podremos tener la convicción que darán respuestas a las
víctimas y dejarán un claro mensaje de BASTA YA.Escuchar y descargar Nuestra Palabra
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