Escrito por Redacción | Abril 28 del 2015 Secciones: Conflicto Agrario y Minero
Tocoa, Colón (Conexihon).- La coordinadora del Observatorio Permanente de derechos humanos del Aguán (OPDHA), Martha Ligia Arnold Dubón, es la más reciente beneficiaria de las medidas cautelares de protección Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), tras recibir una serie de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de elementos policiales, militares y hasta el crimen organizado, en la conflictiva región del Aguán, en el departamento de Colón.
Tras
hacer el análisis correspondiente la Comisión determinó que Martha
Ligia Arnold Dubond y sus cinco hijos se encuentran en una situación de
gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se
encontrarían en riesgo.
En
consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH,
pidió al Estado hondureño que adopte las medidas necesarias para que
Martha Ligia Arnold Dubond pueda desarrollar sus actividades como
defensora de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y
hostigamiento en el ejercicio de sus funciones; que concierte las
medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que
informe sobre acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que
dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar
su repetición. Lea la resolución.
Hasta
la fecha la CIDH ha otorgado Medidas Cautelares a 123 defensores de
derechos humanos, dirigentes sociales y campesinos del bajo Aguán, sin
embargo a ninguna de estas personas el Estado hondureño está protegiendo
ni garantizando su vida. Esto se debe especialmente a que los
beneficiados con estas medidas no aceptan la seguridad ofrecida por el
gobierno a través de la Secretaria de Seguridad y de la Policía Nacional
Preventiva, ya que la mayoría de ellos no confían en la Policía ni en
el Ejército, debido a que la mayor cantidad de agresiones son cometidos
por los mismos agentes de Seguridad y Defensa.
Por
otro lado, el gobierno- según indicaron los beneficiarios- no asume el
total de los costos en los que incurren los elementos policiales y
militares al darles seguridad a los beneficiarios ya que a los
beneficiarios les toca pagar la alimentación, vivienda y el transporte
de quienes les dan seguridad.
Las agresiones
“Ya
han pasado más de diez agresiones en mi contra y mi familia esté en
riesgo. Hay otras situaciones que ya se las informe a la fiscalía del
Ministerio Público para que las investigue”.
Entre
las principales agresiones, relató Martha, se encuentran las cometidas
por el coronel Rene Jovel Martínez, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta
XATRUCH, y el subcomisionado Carlos Nuñes, quien fue el anteriormente
jefe de la Operación policial XATRUCH.
Ellos
se acercaron “diciéndome ya sé quién sos y de donde venís, vos sos la
responsable de lo que está pasando en el Aguán y de los enfrentamientos
entre campesinos y las fuerzas del orden en el Aguán”.
“En
una ocasión, -recordó- tanto el coronel Jovel Martínez como el sub
comisionado Nuñes me dijo que el trabajo que hacemos en el Observatorio
de Derechos Humanos no tiene ningún valor ya que no somos una
organización jurídica, porque no tenemos personería jurídica”.
“Hace
varias semanas capturaron a mi hijo y lo quisieron acusar de integrar
una banda de delincuentes, cuando mi hijo es menor de edad, claro el
objetivo es agredirme a mí, lo que quieren es meterme miedo para que yo
no siga ejerciendo la defensoría de derechos humanos”, lamentó.
Medidas cautelares inaplicables
“Es
penoso decirlo pero es la verdad algunas de las 123 personas que gozan
de medidas cautelares han sido agredidas por la Policía y el Ejército
por el simple hecho de seguir realizando su labor como dirigentes
campesinos y sociales o como defensores de derechos humanos”, explicó la
defensora de derechos humanos.
A
su criterio, “hace falta mucho para que el gobierno cumpla con las
medidas otorgadas por la CIDH ya que el Estado lo que ofrece es
asignarnos elementos policiales y militares para que nos den seguridad,
pero cómo podemos aceptar si ellos son los máximos violadores de los
derechos humanos, no confiamos en la Policía ni en el Ejército”.
Por
otro lado, “la situación económica de la mayoría o todos los
beneficiarios de las medidas cautelares es compleja, sin embargo si
aceptáramos que policías o militares nos den seguridad nos tocaría
pagarle a ellos la alimentación, hospedaje, transporte y cualquier otro
gasto que se incurra y no tenemos dinero para cubrir estos gastos”.
“Los
beneficiarios de las medidas cautelares pedimos al gobierno y los
operadores de justicia que se acerquen a nosotros ya que en mi caso
nadie de los organismos de seguridad del Estado me ha llamado para que
nos reunamos y definamos de qué manera ellos me darán seguridad, creo
que en la reunión que tendremos entre los beneficiarios haremos una
propuesta al gobierno de como creemos que el gobierno cumpla con las
medidas otorgadas a nuestro favor por parte de la CIDH”.
“El
gobierno tiene que escuchar nuestras peticiones y dejar que nosotros
decidamos cuales son las medidas de protección que queremos, una de las
cosas que se pueden hacer es proporcionarnos un número de teléfono del
Ministerio Público para que en caso de emergencia nos podamos pedir
protección a través de esta instancia”, concluyó.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/martha-ligia-arnold-la-inaplicabilidad-de
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