martes, 28 de abril de 2015

Honduras: Martha Ligia Arnold, la inaplicabilidad de medidas cautelares en el Aguán

La solicitud de medidas cautelares alega que los beneficiarios se encontrarían en riesgo en vista de sus actividades como defensora de derechos humanos en la zona de Bajo Aguán.
  Escrito por Redacción | Abril 28 del 2015    Secciones: Conflicto Agrario y Minero
 Tocoa, Colón (Conexihon).- La coordinadora del Observatorio Permanente de derechos humanos del Aguán (OPDHA), Martha Ligia Arnold Dubón, es la más reciente beneficiaria de las medidas cautelares de protección Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH), tras recibir una serie de agresiones físicas, verbales y psicológicas por parte de elementos policiales, militares y hasta el crimen organizado, en la conflictiva región del Aguán, en el departamento de Colón.
La situación de la defensora de derechos humanos fue conocida por la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) que después de evaluar la situación determino otorgarle a Arnold Dubón medidas cautelares de protección el 7 de abril de este año.
Tras hacer el análisis correspondiente  la Comisión determinó que Martha Ligia Arnold Dubond y sus cinco hijos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo. 
En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, pidió al Estado hondureño que adopte las medidas necesarias para que Martha Ligia Arnold Dubond pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Lea la resolución.
Hasta la fecha la CIDH ha otorgado Medidas Cautelares a 123 defensores de derechos humanos, dirigentes sociales y campesinos del bajo Aguán, sin embargo a ninguna de estas personas el Estado hondureño está protegiendo ni garantizando su vida. Esto se debe especialmente a que los beneficiados con estas medidas no aceptan la seguridad ofrecida por el gobierno a través de la Secretaria de Seguridad y de la Policía Nacional Preventiva, ya que la mayoría de ellos no confían en la Policía ni  en el Ejército, debido a que la mayor cantidad de agresiones son cometidos por los mismos agentes de Seguridad y Defensa.
Por otro lado, el gobierno- según indicaron los beneficiarios- no asume el total de los costos en los que incurren los elementos policiales y militares al darles seguridad a los beneficiarios ya que a los beneficiarios les toca pagar la alimentación, vivienda y el transporte de quienes les dan seguridad.
Las agresiones
“Ya han pasado más de diez agresiones en mi contra y mi familia esté en riesgo. Hay otras situaciones que ya se las informe a la fiscalía del Ministerio Público para que las investigue”.
Entre las principales agresiones, relató Martha, se encuentran las cometidas por el coronel Rene Jovel Martínez, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta XATRUCH, y el subcomisionado Carlos Nuñes, quien fue el anteriormente jefe de la Operación policial XATRUCH.
Ellos se acercaron “diciéndome ya sé quién sos y de donde venís,  vos sos la responsable de lo que está pasando en el Aguán y de los enfrentamientos entre campesinos y las fuerzas del orden en el Aguán”.
“En una ocasión, -recordó- tanto el coronel Jovel Martínez como el sub comisionado Nuñes me dijo que el trabajo que hacemos en el Observatorio de Derechos Humanos no tiene  ningún valor ya que no somos una organización jurídica, porque no tenemos personería jurídica”.
“Hace varias semanas capturaron a mi hijo y lo quisieron acusar de integrar una banda de delincuentes, cuando mi hijo es menor de edad, claro el objetivo es agredirme a mí, lo que quieren es meterme miedo para que yo no siga ejerciendo la defensoría de derechos humanos”, lamentó.
Medidas cautelares inaplicables
“Es penoso decirlo pero es la verdad algunas de las 123 personas que gozan de medidas cautelares han sido agredidas por la Policía y el Ejército por el simple hecho de seguir realizando su labor como dirigentes campesinos y sociales o como defensores de derechos humanos”, explicó la defensora de derechos humanos.
A su criterio, “hace falta mucho para que el gobierno cumpla con las medidas otorgadas por la CIDH ya que el Estado lo que ofrece es asignarnos elementos policiales y militares para que nos den seguridad, pero cómo podemos aceptar si ellos son los máximos violadores de los derechos humanos, no confiamos en la Policía ni en el Ejército”.
Por otro lado, “la situación económica de la mayoría o todos los beneficiarios de las medidas cautelares es compleja, sin embargo si aceptáramos que policías o militares nos den seguridad nos tocaría pagarle a ellos la alimentación, hospedaje, transporte y cualquier otro gasto que se incurra y no tenemos dinero para cubrir estos gastos”.
“Los beneficiarios de las medidas cautelares pedimos al gobierno y los operadores de justicia que se acerquen a nosotros ya que en mi caso nadie de los organismos de seguridad del Estado me ha llamado para que nos reunamos y definamos de qué manera ellos me darán seguridad, creo que en la reunión que tendremos entre los beneficiarios haremos una propuesta al gobierno de como creemos que el gobierno cumpla con las medidas otorgadas a nuestro favor por parte de la CIDH”.
“El gobierno tiene que escuchar nuestras peticiones y dejar que nosotros decidamos cuales son las medidas de protección que queremos, una de las cosas que se pueden hacer es proporcionarnos un número de teléfono del Ministerio Público para que en caso de emergencia nos podamos pedir protección a través de esta instancia”, concluyó.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/martha-ligia-arnold-la-inaplicabilidad-de

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