Los defensores y procuradores de los derechos humanos de Honduras, Guatemala y El Salvador coincidieron en señalar que la violencia, criminalidad y la impunidad se agudiza en los tres países que integran el Triángulo Norte de la región.
Según los ombudsman de los tres países, la prevención del delito debe ser una prioridad de cada Estado.
Cuestionaron que las políticas de “mano dura” implementadas en el pasado, siempre eludieron obligaciones de Estado como la prevención, la atención a las víctimas y la rehabilitación de los infractores que cumplen sus penas.
Indicaron que estos hechos son parte del déficit de las políticas de seguridad y que hoy se está pagando el costo de una delincuencia fuerte, por lo que es urgente cambiar el rumbo hacia políticas más integrales.
Son del criterio que el trabajo de derechos humanos pasa por realizar esfuerzos para superar la impunidad ante los abusos, fortalecer el sistema de justicia, pero también generar políticas públicas sociales de protección principalmente a sectores en condiciones de vulnerabilidad como la mujer, los niños, los pueblos indígenas y miembros de la diversidad sexual.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, manifestó que en Honduras la ola de violencia y criminalidad ha sido, en los últimos años, una constante en la vida nacional que se ve reflejada en la muerte violenta de personas.
Indicó que la violencia y la criminalidad en el país se agudizaron con la existencia de las maras o pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado, la impunidad y la corrupción.
Admitió que si bien la tasa de homicidios tuvo una reducción significativa en el 2014 en comparación al 2011 al pasar de 85.5 a 66.4 por cada 100 mil habitantes, delitos como la extorsión siguen en aumento.
Explicó que la impunidad se manifiesta cuando no se investiga, no se hacen los requerimientos fiscales ni se judicializan o se concluyen los juicios y tampoco se ejecutan las órdenes de captura.
Se estima que en Honduras más del 90 por ciento de los delitos quedan en la impunidad por falta de investigación y otras causas.
Según el ombudsman hondureño se vuelve necesario redoblar esfuerzos y acciones para mejorar esta situación a través de la coordinación interinstitucional entre gobierno, sector empresarial, sociedad civil y demás sectores de la nacionalidad.
Por su parte, la adjunta II de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Hilda Morales, expresó su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en su país, principalmente contra el derecho a la vida.
“Tenemos un rango de más de 15 personas muertas violentamente a diario, de las cuales hay un promedio de tres mujeres víctimas cada día” declaró.
Agregó que la situación de los derechos humanos en Guatemala les preocupa mucho porque además de las violaciones que podrían tomarse como cotidianas también hay implicaciones del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.
“Hay mucha violencia, hay muchos brotes de desigualdad y de animadversión a todo lo que está pasando”, expresó.
Añadió que en Guatemala hay grandes índices de corrupción y que eso incide también para que haya malestar en la población.
A lo anterior sumó la falta de acceso a la justicia y que no haya una cobertura completa para que las personas puedan acercarse al sistema de justicia para hacer sus propios reclamos.
En su criterio la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala se encuentra rebasada por el número de denuncias, sobre todo, en cuanto al debido proceso.
Señaló que producto de la similitud de actos delincuenciales que hay en Guatemala, Honduras y El Salvador ya está prácticamente institucionalizada la expresión la violencia del Triángulo Norte de Centroamérica.
Se refirió a que las “maras” han copado, sobretodo, el caso de los niños y las jovencitas que están siendo obligados a incorporarse a ellas y convertirlos en sicarios, en extorsionadores y a delinquir desde muy tierna edad.
Entre tanto, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, admitió que uno de los problemas más graves que enfrenta la población salvadoreña es la violencia delictiva tanto del crimen organizado como de las pandillas, ante un escenario de altísima impunidad frente a los delitos.
Declaró que en su país, en este momento, hay un auge grandísimo de homicidios y una continuidad de atentados contra agentes policiales o agentes del sistema de justicia especialmente, custodios penitenciarios.
Relató que en los primeros tres meses del año, unos 20 policías murieron violentamente, de los cuales, al menos, 12 habrían sido víctimas de las pandillas, a juzgar por las características de los atentados que estos realizan contra los miembros de los cuerpos policiales.
Atentados que, según el Morales, es la respuesta que dan los miembros de las “maras” a los operativos que realiza la policía, la nueva ley contra las extorsiones y al aislamiento en cárceles de máxima seguridad a los líderes de pandillas.
fuente: hondudiario http://www.hondudiario.com/?q=node/18914
Cuestionaron que las políticas de “mano dura” implementadas en el pasado, siempre eludieron obligaciones de Estado como la prevención, la atención a las víctimas y la rehabilitación de los infractores que cumplen sus penas.
Indicaron que estos hechos son parte del déficit de las políticas de seguridad y que hoy se está pagando el costo de una delincuencia fuerte, por lo que es urgente cambiar el rumbo hacia políticas más integrales.
Son del criterio que el trabajo de derechos humanos pasa por realizar esfuerzos para superar la impunidad ante los abusos, fortalecer el sistema de justicia, pero también generar políticas públicas sociales de protección principalmente a sectores en condiciones de vulnerabilidad como la mujer, los niños, los pueblos indígenas y miembros de la diversidad sexual.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, manifestó que en Honduras la ola de violencia y criminalidad ha sido, en los últimos años, una constante en la vida nacional que se ve reflejada en la muerte violenta de personas.
Indicó que la violencia y la criminalidad en el país se agudizaron con la existencia de las maras o pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado, la impunidad y la corrupción.
Admitió que si bien la tasa de homicidios tuvo una reducción significativa en el 2014 en comparación al 2011 al pasar de 85.5 a 66.4 por cada 100 mil habitantes, delitos como la extorsión siguen en aumento.
Explicó que la impunidad se manifiesta cuando no se investiga, no se hacen los requerimientos fiscales ni se judicializan o se concluyen los juicios y tampoco se ejecutan las órdenes de captura.
Se estima que en Honduras más del 90 por ciento de los delitos quedan en la impunidad por falta de investigación y otras causas.
Según el ombudsman hondureño se vuelve necesario redoblar esfuerzos y acciones para mejorar esta situación a través de la coordinación interinstitucional entre gobierno, sector empresarial, sociedad civil y demás sectores de la nacionalidad.
Por su parte, la adjunta II de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Hilda Morales, expresó su preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos en su país, principalmente contra el derecho a la vida.
“Tenemos un rango de más de 15 personas muertas violentamente a diario, de las cuales hay un promedio de tres mujeres víctimas cada día” declaró.
Agregó que la situación de los derechos humanos en Guatemala les preocupa mucho porque además de las violaciones que podrían tomarse como cotidianas también hay implicaciones del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.
“Hay mucha violencia, hay muchos brotes de desigualdad y de animadversión a todo lo que está pasando”, expresó.
Añadió que en Guatemala hay grandes índices de corrupción y que eso incide también para que haya malestar en la población.
A lo anterior sumó la falta de acceso a la justicia y que no haya una cobertura completa para que las personas puedan acercarse al sistema de justicia para hacer sus propios reclamos.
En su criterio la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala se encuentra rebasada por el número de denuncias, sobre todo, en cuanto al debido proceso.
Señaló que producto de la similitud de actos delincuenciales que hay en Guatemala, Honduras y El Salvador ya está prácticamente institucionalizada la expresión la violencia del Triángulo Norte de Centroamérica.
Se refirió a que las “maras” han copado, sobretodo, el caso de los niños y las jovencitas que están siendo obligados a incorporarse a ellas y convertirlos en sicarios, en extorsionadores y a delinquir desde muy tierna edad.
Entre tanto, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, admitió que uno de los problemas más graves que enfrenta la población salvadoreña es la violencia delictiva tanto del crimen organizado como de las pandillas, ante un escenario de altísima impunidad frente a los delitos.
Declaró que en su país, en este momento, hay un auge grandísimo de homicidios y una continuidad de atentados contra agentes policiales o agentes del sistema de justicia especialmente, custodios penitenciarios.
Relató que en los primeros tres meses del año, unos 20 policías murieron violentamente, de los cuales, al menos, 12 habrían sido víctimas de las pandillas, a juzgar por las características de los atentados que estos realizan contra los miembros de los cuerpos policiales.
Atentados que, según el Morales, es la respuesta que dan los miembros de las “maras” a los operativos que realiza la policía, la nueva ley contra las extorsiones y al aislamiento en cárceles de máxima seguridad a los líderes de pandillas.
fuente: hondudiario http://www.hondudiario.com/?q=node/18914
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