Tegucigalpa -
En su agenda de lucha contra la impunidad y la criminalidad común y
organizada, la Cámara Legislativa deberá reactivar la aprobación de la
Ley de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados,
Defensores humanitarios y Operadores de Justicia, con un presupuesto
real.
La
aprobación de esta normativa se vuelve casi un compromiso impostergable
para el gobierno al ser parte de las exigencias de la comunidad
internacional, en particular en el llamado Examen Periódico Universal de
Derechos Humanos de la ONU (EPU, por sus siglas en inglés) sobre el
cual Honduras deberá rendir cuentas nuevamente el próximo año.
La Ley de Protección cobra mayor fuerza luego del crimen cometido en contra de dos fiscales y una defensora pública en menos de un mes, así como la muerte de más de ochenta abogados y una veintena de periodistas en los últimos años, según registros humanitarios.
También
cuando trasciende que informes de inteligencia en poder del Estado,
descubrieron una lista de posibles personajes en la mira de grupos
criminales no identificados, entre ellos el portavoz del Ministerio
Público, en San Pedro Sula, Elvis Guzmán.
Periodista en riesgo
Guzmán,
reveló el noticiero TN5, al parecer sería uno de los objetivos de
grupos criminales no identificados, y a partir del martes 29 de este
mes, goza de protección estatal.
El
reporte de prensa señala que la inteligencia del estado habría
identificado que en esa lista uno de los objetivos era asesinar a la
fiscal Marlene Banegas, quien murió junto a su compañera Olga Patricia
Eufragio, el 10 de octubre de este año.
El crimen de Banegas, de quienes se han capturado algunos
supuestos autores materiales ligados a miembros de pandillas, fue el
caso que convocó el miércoles 29 a una reunión -justo cuando trascendió
la amenaza contra el periodista Guzmán- de importantes autoridades del
Ministerio Público de Tegucigalpa con fiscales y periodistas
sampedranos.
Rolando
Argueta, director de fiscales, dijo que la reunión fue para identificar
puntos comunes de protección en estos sectores vulnerables, así como
los abogados, para diseñar mecanismos de seguridad orientados a
disminuir el riesgo.
Argueta
dijo que en el caso de la fiscal Marlene Banegas estaban estudiando qué
casos llevaba que pudieran dar pistas acerca de su asesinato, pues
hasta el momento no han podido identificar el porqué de las causas de su
crimen. Igual labor hacen con la fiscal Eufragio.
En
tanto, Santos Gálvez, directivo del Colegio de Periodistas fue tajante
al indicar que la impunidad es la principal aliada de los criminales y
ello debe acabar para evitar que el miedo paralice a la sociedad y a las
investigaciones que hacen los cuerpos de seguridad.
Más presupuesto
La
Ley de Protección se encuentra en segundo debate y no termina de ser
aprobada porque le están incorporando algunas observaciones hechas en el
proceso de consulta, reveló uno de los diputados de la comisión de
dictamen, el liberal Yuri Sabas.
Asimismo,
porque algunos sectores han cuestionado el presupuesto asignado de seis
millones de lempiras, una cifra no compatible si se dimensionan las
responsabilidades asignadas en la ley que habla de crear una serie de
mecanismos que permitan alertar, prevenir y salvar vidas de personas
cuando estén en un riesgo inminente.
Los
congresistas indicaron que hablarán con Finanzas para ver cómo se
mejora este rubro presupuestario, en una carrera contrarreloj porque
todo apunta a que las amenazas a estos grupos vulnerables en cualquier
momento se pueden intensificar.
El
Centro de Promoción e investigación de los Derechos Humanos en Honduras
(Ciprodeh) ha publicado sendos comunicados pagados en la prensa local
exigiendo la aprobación de este instrumento, que si bien no es una
varita mágica, es una herramienta importante para dibujar los caminos y
los mecanismos de protección y disminución del riesgo.
Junto a la Ley de Protección los legisladores tienen también el reto de aprobar una ley que reglamente el caso de las extradiciones
de hondureños por delitos de narcotráfico, crimen organizado y
terrorismo, tras una reforma constitucional que permite la extradición
de hondureños.
La
Cámara Legislativa hondureña ha aprobado en los últimos tres años un
legajo de más de 20 leyes en materia de seguridad, en su mayoría
caracterizadas por el endurecimiento de penas carcelarias
en un intento por enviar fuertes mensajes a la delincuencia que sus
delitos no quedarán impunes en los tribunales, una vez comprobados.
Así,
al retorno de las vacaciones del feriado de octubre, los legisladores
tienen muchas tareas pendientes, siendo la seguridad una tarea
prioritaria para enviar mensajes de aliento a los sectores vulnerables
enmarcados en la Ley de Protección, pero también para ir cercando
legalmente aún más a quienes operan al amparo de la impunidad.
http://www.proceso.hn/component/k2/item/90465-ley-de-protecci%C3%B3n-a-periodistas-en-la-antesala-de-las-urgencias.html
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