El fracaso del gobierno a implementar las
medidas cautelares de la CIDH agudiza la impunidad y la
inseguridad.
El 22 de febrero, la
población de Locomapa celebró en
una gran ceremonia, el regreso a la comunidad de seis de las siete personas
obligadas a huir después del triple asesinato de María Enrique Matute, Armando
Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez, el 24 de agosto 2013. El asesinato de los
indígenas del pueblo Tolupán ocurrió tras 12
días de manifestación pacífica por parte de la comunidad, en rechazo a la
explotación minera y el corte ilegal de madera en sus tierras
tribales.
El gobierno
hondureño representado por una comisión oficial
(incluyendo a la Viceministra de la
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización;
miembros de la Secretaría de Seguridad; la Procuraduría General de la República;
la Fiscalía de las Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público y la
delegada regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos) se comprometió solemnemente ante la
comunidad, al igual que el MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia, que apoya a la comunidad) y otras organizaciones nacionales e
internacionales - entre ellas PROAH - a garantizar la seguridad de los 38
beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH y a detener y condenar a los
autores de los tres asesinatos. 1
Sin embargo, cuatro
meses después de la ceremonia, las amenazas y la situación de vulnerabilidad
para la comunidad siguen. Los policías a cargo de la
investigación y de la protección de las personas amenazadas mostraron confusión
entre las medidas cautelares y las medidas sustitutivas a la cárcel, y por primera vez en el mes de mayo, expresaron la idea de
establecer una lista de los beneficiarios de medidas cautelares. Al mismo
tiempo, se muestran evasivos sobre los avances de la investigación. Citan
dificultades materiales que obstaculizan su trabajo: falta de personal, falta de
material, falta de accesibilidad a la comunidad. Sin embargo una parte de esas
dificultades pareció solucionarse cuando recibieron una
moto para llegar a la comunidad. No parecen haber encontrado dificultades para
visitar a los acompañantes de PROAH en el mes de mayo.
A pesar de la
investigación policial exigida como parte de la implementación de las medidas
cautelares y el compromiso del Estado de proteger a la comunidad
Tolúpan, los dos presuntos autores de la matanza de
agosto 2013, que son objeto de orden de captura, siguen libres en la comunidad,
intimidando a los opositores al proyecto minero. Se acercan con regularidad a
ellos, suficientemente de cerca para amenazarles, y para que los miembros de la
comunidad les identifiquen. Cualquier persona de la comunidad puede entonces dar
una descripción física precisa de ellos, que podría
ayudar una investigación policial seria. Pero el caso no avanza.
Más
intimidaciones:
El 27 de marzo,
Selvin Fúnez Matute, uno de los presuntos asesinos se acercó a un miembro del
MADJ, amenazando de sacarles de sus casas y cortarles la lengua a él y tres
otros miembros de la comunidad, esto si seguían hablando
en Radio Progreso.
Varios miembros de la
comunidad también afirmaron que los Matute disparaban al aire, cerca de las
casas de las familias que se oponen a la minería,
amenazando con matarlas si llamaban a la policía. Aunque
varias familias denunciaron esas intimidaciones, la policía declaró no haber recibido ninguna llamada y expresó dudas sobre la
veracidad de las acusaciones de la comunidad.
En la última visita de PROAH, la comunidad confirmó que los Matute siguen
pasando por Locomapa e incluso llegan de noche para visitar a una de sus
mujeres. En una de esas visitas, uno de ellos se paró dos veces en la tierra
donde trabajaba un hombre de la comunidad enseñándole
las armas que portaba, presuntamente para intimidarle.
Las preocupaciones que expresan las
organizaciones de protección de derechos humanos sobre la seguridad de la
comunidad lamentablemente se confirmaron el 9 de junio cuando el ex general
Finlander Uclés, armado y acompañado por guardaespaldas,
entró al domicilio de una familia. Rodearon la casa, destruyeron los cultivos y
las pertenencias de la familia, y desaparecieron su material de trabajo. El ex
militar torturó también psicológicamente a los tres hijos de la familia que se
encontraban solos en la casa en este momento, diciéndoles que
regresarían al día siguiente
para destruirlo todo ya que el terreno pertenecía al
general. Los niños salieron corriendo, temerosos, a
avisar la comunidad de lo sucedido. Según informe de MADJ, el ex general
reivindica la propiedad de la tierra que legalmente pertenece a la familia, y
viene desde el 1980 amenazando a la comunidad. El señor de la familia víctima es
beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, como todas las persones de la
comunidad que han recibido amenazas. Después del incidente, la familia ha sido
desplazada de la comunidad.2
La impunidad de la
que gozan los autores del triple asesinato, y la no aplicación de las medidas de
protección dictadas por la CIDH incrementan de nuevo las tensiones y la
inseguridad en la comunidad. Cuatro meses después del compromiso del gobierno de
garantizar la seguridad en la comunidad, el último
exiliado todavía no ha regresado a Locomapa y expresó a PROAH su miedo y su
tristeza de no poder volver a su casa. Frente a la demora de la investigación y
la inacción de la policia, la población empieza a cuestionar las relaciones de
la policía con los autores del asesinato y los empresarios.
Para más
información, ver:
Impunidad reina en asesinatos de indígenas (June, 2014)
1 Ver nuestro blog,
marzo 2014 SAN FRANCISCO DE LOCOMAPA: LOS TOLUPANES DESPLAZADOS REGRESAN A
SUS TIERRAS CON MEDIDAS CAUTELARES DE LA CIDH
2 Ver el Comunicado del MADJ, junio de 2014
|
miércoles, 25 de junio de 2014
Honduras: San Francisco de Locomapa: impunidad y nuevas amenazas
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