Escrito por Redacción en Lunes, 05/12/2014 - 11:26
Washington, D.C. - La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su
preocupación por las presuntas agresiones que habrían sufrido unas 300
personas migrantes y su posterior detención, en el estado de Tabasco.
Asimismo, la Comisión expresa preocupación por la información sobre
presuntas agresiones contra Fray Tomás González, Fray Aurelio Montero y
Rubén Figueroa, defensores de derechos humanos de los migrantes y
beneficiarios de las Medidas Cautelares 273/11, otorgadas por la CIDH el
19 de abril de 2013.
De acuerdo a información de público
conocimiento, un grupo de alrededor de 300 personas migrantes
provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala se trasladaban a pie
hacia el municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco. La
información disponible indica que entre ellos había dos mujeres
embarazadas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, e iban
acompañados por miembros de "La 72 Hogar Refugio para Personas
Migrantes". Se informó que el 30 de abril de 2014, en las cercanías de
la comunidad de Chacamax, habrían sido interceptados y detenidos de
manera violenta por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM),
la policía federal y la policía estatal de Tabasco.
La CIDH ha recibido información
preocupante que indica que Fray Aurelio habría sido arrestado y que
Rubén Figueroa habría sido golpeado. Se indicó que posteriormente, al
ver que dos niños migrantes estaban siendo separados de sus madres, Fray
Tomás González se habría interpuesto delante del camión en el que se
los iban a llevar y habría sido empujado por un agente estatal, lo cual
le habría ocasionado lesiones en la mano derecha.
Según la información disponible, en el
marco del operativo de control migratorio, un gran número de migrantes
habrían sido golpeados e insultados por agentes estatales. Desde el 1 de
mayo, los migrantes estarían detenidos en la Estación Migratoria Siglo
XXI en Tapachula (Chiapas). Organizaciones de derechos humanos han
informado que habrían tenido dificultades para acceder a la estación
migratoria.
El Comisionado Felipe González,
Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló: "En mi
calidad de Relator sobre los Derechos de los Migrantes manifiesto mi
mayor preocupación por estos hechos. El Estado, incluyendo las
autoridades a nivel federal, estatal y local, tienen la obligación de
respetar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo los
migrantes, que se encuentran bajo su jurisdicción, en particular
derechos como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la
protección de la familia y la protección especial de las niñas, niños y
adolescentes".
Por su parte, el Comisionado James
Cavallaro, Relator de la CIDH para México, manifestó su preocupación por
el hecho de que algunas de las personas que habrían resultado agredidas
en estos hechos son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por
la Comisión. "Fray Tomás González, Rubén Figueroa y demás miembros de
'La 72' son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
En este sentido, el Estado tiene una obligación especial de protección.
Urgimos al Estado mexicano a implementar estas medidas cautelares, que
aún están vigentes, de manera que se garantice la seguridad de las
personas beneficiarias".
Ante estos hechos, la CIDH insta al
Estado mexicano a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas
necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la
seguridad de los migrantes en tránsito por México que se encuentran en
una situación de riesgo, así como de los defensores y defensoras de
derechos humanos de los migrantes. Asimismo, la CIDH urge al Estado a
que se garantice la aplicación de los estándares internacionales en
materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio, la
observancia de las garantías del debido proceso en los procedimientos
migratorios tendientes a la deportación, la excepcionalidad de la
detención migratoria y la necesidad de implementar medidas alternativas a
la detención, la detención en condiciones acordes a la dignidad humana,
la necesidad de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, la
protección del principio de no devolución y la prohibición de las
expulsiones colectivas.
Por último, la Comisión urge a las
autoridades mexicanas a investigar estos hechos en forma diligente e
imparcial, y, en particular, a investigar las denuncias de abusos y uso
excesivo de la fuerza por parte de los agentes del INM y de policías de
distintos órdenes en los hechos ocurridos entre el 30 de abril y el 1 de
mayo del presente año.
La Comisión reitera que los actos de
violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de
derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser
humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la
sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes
trabajan. La Comisión recuerda asimismo que la labor de defensores y
defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática
sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el
logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la
democracia.
La CIDH es un órgano principal y
autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo
mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de
promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa
como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea
General de la OEA a título personal, y no representan sus países de
origen o residencia.
No hay comentarios :
Publicar un comentario