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esta altura ya es obvio que los 12 campesinos inculpados por invasión
de tierras y por asociación para delinquir, son inocentes de ambos
cargos. El martes 13 de mayo, el presidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), al recibir a un grupo de veinte católicos (obispos, laicos y sacerdotes), reconoció que las tierras que los campesinos habían ocupado en junio de 2012 eran fiscales, por lo cual se desploman de un solo golpe las dos acusaciones: no puede haber asociación para delinquir si no hay delito. Tampoco son culpables los 12 campesinos de la propia masacre, ocurrida unos días después de la ocupación, y en la que murieron 17 personas (11 campesinos y seis policías). La investigación de los asesinatos ha estado plagada de irregularidades: a los cuerpos de los campesinos no se les realizaron autopsias, desaparecieron casquillos de armas de gran calibre, dos de los campesinos muertos presentaban balazos a quemarropa en la cabeza… Por otro lado, semanas después de la masacre fueron asesinados otros dos campesinos, Vidal Vega y el joven Hermenegildo Garcete. Estas dos últimas muertes, cometidas por policías encubiertos o sicarios de los sojeros, fueron verdaderas quemas de archivos. Vidal Vega era uno de los principales sostenes de las investigaciones. ¿Será capaz la Justicia de reconocer estas evidencias y dejar a los campesinos en libertad? ¿Será capaz de investigar en serio los homicidios de Vidal Vega y de Hermenegildo Garcete? Por lo realizado hasta ahora y por la composición del Poder Judicial, caben las dudas al respecto. |
| El presente material se edita en Rebanadas por gentileza de Patricia Iglesias, del Servicio de Información de la Regional Latinoamericana de la UITA (SIREL), Uruguay. / Web - Correo |
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