martes, 4 de marzo de 2014

Nuevamente el Estado viola la libertad de prensa en Honduras

Tegucigalpa.

El periodista Denovan Galicia, coordinador del departamento de prensa de la emisora  Cadena Hondureña de Noticias (CHN) denunció a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI),  de atentar contra la libertad de prensa al obligarlo a abandonar las instalaciones de la empresa de radio en la que labora, por haber vertido comentarios en contra del actual gobierno.
En comunicación con Noticias Radio Globo, emisora de cobertura nacional, Galicia expresó que recibió una llamada de Eugenia Mourra (funcionaria de la OABI) “y me dijo que por lo que yo había estado diciendo ayer en el noticiero, en el sentido que nosotros hemos estado reclamando la libertad de prensa y que la OABI o a quien corresponda se  pronuncie en este caso, porque la incautación de esta radio no puede ser y lo prohíbe la misma Constitución de la República”.
El artículo 73 de la Constitución de la República expresa : “Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, ni clausuradas o interrumpidas sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la Ley”.

Por su parte el artículo 74 señala que : “No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información”.

Minutos después y durante  la comunicación sostenida con los periodistas Marvin Palacios y Rony Jonathan Martínez de radio Globo, el coordinador de prensa de Cadena Hondureña de Noticias dijo que “me está diciendo el guardia que está de turno en la radio que ya no puedo seguir al aire con el noticiero, que tenemos que cortar en este momento esta comunicación, yo pido a todos los colegas de prensa, radio y televisión que vengan aquí a las instalaciones del Alamo, porque me están diciendo que me van a cortar por realizar estas comunicaciones con ustedes”.

A la pregunta si había recibido intimidaciones por parte de funcionarios de la OABI, Galicia contestó que “he recibido amenazas de ser enjuiciado en los tribunales de justicia por perjurio (mentir bajo juramento)”.

En torno a esta situación, el propietario de la concesión de la frecuencia y ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Marcelo Chimirri señaló que últimamente se están cometiendo abusos por parte de mandos intermedios ante ciertas cuestiones, para el caso hoy el periodista Denovan Galicia, director de noticias de Cadena Hondureña de Noticias (CHN) “fue sacado a la fuerza por un guardia privado de seguridad de la cabina de transmisión, simple y sencillamente por disposiciones de la señora Eugenia Mourra, porque no le hace caso a los caprichos que esta señora piensa”.

 Chimirri dijo que  “la señora Eugenia Mourra es una empleada de la OABI y fue quien estuvo en el allanamiento de mi casa, que según el juez fue un aseguramiento, pero en realidad fue allanamiento, y ella fue la persona que estuvo en todos los vejámenes que sufrieron no solamente mi familia, incluyendo mis hijas, y ha sido la persona que ha estado administrando radio entre comillas, pero inmiscuyéndose en los contenidos, en qué se debe decir y en que no y  ha insertado programas en la parrilla de programación de la radio”.

Chimirri añadió que Mourra autorizó a guardias de seguridad para que abrieran puerta con cuchillos y a romper una cabina de locución que estuvo cerrada con llave desde hace algún tiempo y donde se encuentran equipos de transmisión.

El ex gerente de Hondutel denunció que técnicos de un grupo televisivo del país, llegaron a la casa donde funciona CHN para revisar equipos y a extraer discos duros de computadoras, sin que la Fiscalía tuviera conocimiento de ello y sin presentar una nota por escrito de autoridad competente.

Persecución Política

Chimirri apuntó que “hemos elevado nuestra voz de protesta y de quejas ante ciertos organismos para que se pusiera en orden lo que es el contenido de la radio, nosotros no nos oponemos a auditorías, no hemos huido de Honduras nunca, aquí he enfrentado casi los nueve juicios que me ha hecho la Fiscalía de este país, que me ha juzgado hasta dos y tres veces por la misma cosa, violando todos los procesos del derecho”.

El ex gerente de Hondutel  denunció las manipulaciones que ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en torno a las acusaciones que enfrentó y al Ministerio Público por manipular declaraciones juradas presentadas ante un juez.

Además Chimirri aseguró que muchos de sus bienes como empresas de sistemas de cable, escuelas, empresas de seguridad y las viviendas, algunas de las cuales aseguradas por la OABI, fueron adquiridas muchos años antes de que asumiera el cargo de gerente de Hondutel.

El ex funcionario calificó como una persecución política lo sucedido en su contra y que de continuar con estas acciones amenazó con “destapar la olla de corrupción en el país”.

La OABI es una dependencia del Poder Ejecutivo y es la encargada de la guarda, custodia y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito, que la autoridad competente ponga a su disposición.

En marzo de 2009, el ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, compareció  ante la Fiscalía Contra la Corrupción a rendir formal declaración en torno a una denuncia por “tráfico gris” de llamadas.

La comparescencia del funcionario se produjo cuando dicha fiscalía investigaba una denuncia sobre la modificación de tarifas para favorecer a una empresa carries estadounidense denominada Latin Node. Con esta modificación,  el Estado, a través de Hondutel, dejó de percibir varios millones de dólares, según el ente investigador.

En julio de 2009 Chimirri fue capturado por autoridades policiales en el parqueo vehicular de un centro comercial en la capital. El ex funcionario de Hondutel enfrentó acusaciones en los tribunales, por abuso de autoridad, violación y revelación de secretos.

El 7 de abril de 2009, el diario Nuevo Herald de Miami publicó una declaración del ex secretario de Estado Adjunto para América Latina, Otto Reich, en la que menciona a varios funcionarios de Hondutel en un caso de corrupción y mencionó que el ex presidente Manuel Zelaya estaría involucrado.

 El diario informó que una compañía de telecomunicaciones del sur de Florida (Estados Unidos) se declaró culpable en una Corte Federal de Miami de pagar sobornos por 1,09 millones de dólares a tres funcionarios de Hondutel.

La empresa, llamada Latin Node, admitió haber pagado más de 2,2 millones de dólares a funcionarios de Honduras y Yemen para recibir trato especial en contratos de interconexión telefónica, por lo que fue multada por la Corte con 2 millones de dólares.

 La publicación identificó a la empresa Latin Node pero no a los tres funcionarios hondureños que recibieron los sobornos y los nombró como "a", "b" y "c". Uno de ellos es Chimirri, según la Fiscalía hondureña, que presentó las acusaciones.

En torno al caso Latin Node, Chimirri aseguró que obtuvo sobreseimiento definitivo por estos señalamientos.

Por otro lado El Tribunal Superior de Cuentas ( TSC) reveló supuestos casos de enriquecimiento ilícito y pérdidas en la estatal de telecomunicaciones por la autorización de “call center” fantasmas.  De acuerdo a uno de los informes, el TSC le aplicó un pliego de responsabilidad al ex gerente de Hondutel, Marcelo Antonio Chimirri, por supuesto enriquecimiento ilícito de 22 millones de lempiras. “El TSC ha detectado un incremento de capital no justificado; eso significa el informe provisional”, informó el presidente del TSC, Renán Sagastume.

El 2 de mayo de 2011, las autoridades judiciales le dictaron auto de prisión por los supuestos delitos de fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública hondureña por supuestamente utilizar fondos de Hondutel para su defensa y la de otros ex funcionarios. Sin embargo en abril de 2010 fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 4 millones de lempiras.

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