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Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Recurso de amparo contra la nueva Ley de Secretos Oficiales, aprobada el pasado 20 de enero, presentarán organizaciones sociales por valorarla de “ley mordaza” y que favorece la corrupción.
El miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, aseguró que acudirán a instancias nacionales e internacionales para denunciar la nueva normativa que manda a secretividad documentación relacionada al Estado.
“Tenemos derecho a acceder a la información”, dijo Murillo, al tiempo que lamentó que el nuevo ordenamiento facilite a opacidad de los actos de corrupción de los funcionarios públicos.
Cabe recordar que la Ley de Secretos Oficiales, fue presentada por el exdiputado nacionalista Rodolfo Zelaya, con el pretexto de “proteger los asuntos importantes del país como la defensa y seguridad”.
Esto generó airadas quejas de organizaciones civiles, que orilló al Congreso anterior a retirarla; sin embargo, el diario oficial La Gaceta lo publicó la semana anterior, por lo que ya es oficial la secretividad de documentos oficiales.
En consecuencia, el instrumento jurídico da un tiro de gracia al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y a la ley que la rige.
Esta ley da exclusividad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a fin que pueda emitir resoluciones de clasificación de la información.
La Ley de Secretos tendrá cuatro categorías: reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta.
Dependiendo de la importancia de la información, esta podrá estar en secreto entre cinco y 25 años, de acuerdo a su categoría.
Tegucigalpa. Recurso de amparo contra la nueva Ley de Secretos Oficiales, aprobada el pasado 20 de enero, presentarán organizaciones sociales por valorarla de “ley mordaza” y que favorece la corrupción.
El miembro de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Josué Murillo, aseguró que acudirán a instancias nacionales e internacionales para denunciar la nueva normativa que manda a secretividad documentación relacionada al Estado.
“Tenemos derecho a acceder a la información”, dijo Murillo, al tiempo que lamentó que el nuevo ordenamiento facilite a opacidad de los actos de corrupción de los funcionarios públicos.
Cabe recordar que la Ley de Secretos Oficiales, fue presentada por el exdiputado nacionalista Rodolfo Zelaya, con el pretexto de “proteger los asuntos importantes del país como la defensa y seguridad”.
Esto generó airadas quejas de organizaciones civiles, que orilló al Congreso anterior a retirarla; sin embargo, el diario oficial La Gaceta lo publicó la semana anterior, por lo que ya es oficial la secretividad de documentos oficiales.
En consecuencia, el instrumento jurídico da un tiro de gracia al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y a la ley que la rige.
Esta ley da exclusividad al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad a fin que pueda emitir resoluciones de clasificación de la información.
La Ley de Secretos tendrá cuatro categorías: reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta.
Dependiendo de la importancia de la información, esta podrá estar en secreto entre cinco y 25 años, de acuerdo a su categoría.
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