Escrito por Wendy Funes en Lunes, 10/03/2014 - 15:12
• La OABI ha estado vendiendo publicidad comercial, decidiendo políticas editoriales, han violentado puertas y se ha desaparecido información de comunicadores.• “Las personas que a mí me persiguen saben por qué me persiguen y ellos saben cuál es el miedo que tienen. Mientras yo esté vivo y mi familia esté bien, yo simplemente voy a ser su tumba, pero el día que a mí me pase algo o a mi familia toda la verdad de este país va a salir a la luz y no va a salir a luz dentro del país porque yo sé que los medios de Honduras no van a transmitir esas cosas, va a salir a luz en el exterior”.Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El ex gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), Marcelo Chimirri Castro, pretende demandar al Estado de Honduras por menoscabo a sus derechos humanos, malos tratos y tortura; el quebrantamiento del principio de presunción de inocencia, violación a la libertad de expresión y por la vulneración de otras garantías judiciales.
Violación a la libertad de expresión:
Entra la OABI a administrar medios
Aunque
el Artículo 3 de la Ley Marco de Telecomunicaciones indica que las
telecomunicaciones son inviolables y que sólo pueden ser intervenidas
por resolución judicial, desde abril de 2013, la Oficina Administradora
de Bienes Incautados (OABI) administra la radio de manera oral pues pese
a que hay aseguramiento de bienes por vía judicial, no hay ninguna
documento legal que diga que la OABI regirá el trabajo periodístico.
El 4 de marzo de este año, la OABI sacó del aire la programación periodística de la radio Cadena Hondureña de Noticias (CHN),
con una orden oral de la funcionaria Eugenia Mourra. La radio estuvo
así por unas cinco horas hasta que el Comité por la Libre Expresión
(C-Libre) intervino junto a varios periodistas, Mourra se retractó y el
director por ley de la OABI, José Francisco Zavala Brizuela, se
comprometió a respetar la libertad de expresión.
En esta radio ejercen su labor más de
15 periodistas hondureños cuyo ejercicio. Esta radio tiene unas 13 o 14
horas de programación periodística. El
5 de marzo, los medios locales informaron que “los periodistas y
técnicos de la radioemisora, Cadena Hondureña de Noticias (CHN),
propiedad de Marcelo Chimirri, fueron sacados a la calle a las 11:30 de
la mañana de ayer, en el preciso momento en que transmitían el
noticiario estelar, denunció el director de Prensa, periodista Denovan
Galicia.
La
orden para el desalojo fue dada por Eugenia Mourra, administradora de
la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), quien le dijo al
guardia de seguridad de la estación radial que me dijera que ya no podía
estar adentro de la cabina de transmisión”, afirmó el comunicador
social. Galicia manifestó que Mourra le había dicho que el cierre de la
radio era por lo que él había estado diciendo al aire sobre la OABI,
demandando libertad de expresión y de prensa.
El artículo 74 constitucional indica
que “no se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
particulares del material usado para la impresión de periódicos: de las
frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la
información”.
Sin embargo, Chimirri indicó que todas
las órdenes de intervención de la radio han sido dadas de manera oral,
hace más de un año la radio no tiene página web y se perdió el auditorio
mundial; la programación de la radio y la política editorial ha sido
modificada por órdenes de funcionarias de la OABI.
“Irregularidades de la OABI en la publicidad”
“La persona de la OABI que han puesto a
administrar lleva anuncios y saca anuncios sin nada por escrito, ¿cómo
se sabe cuánto pagan por anunciarse?”, se preguntó Chimirri. La OABI
debería llevar un informe mensual de cómo maneja la radio y que está
haciendo con el dinero.
Llevan anuncios, por ejemplo, de
Sudragrip y sólo le dicen al operador meta este anuncio. “Los bienes se
arruinan y la OABI no repara las cosas de la radio”. Además, están
subvaluando el precio de los espacios de la radio, cada espacio lo están
rentando en 7,000 lempiras (unos 350 dólares) al mes, mientras en la
contabilidad indican que le pagan 25, 000 lempiras a cada guardias de
seguridad privada.
“Despiden personal con experiencia y contratan recomendados, además impiden el ingreso de los técnicos a realizar su trabajo”. La
OABI está insertando programas noticiosos y deportivos y “son espacios
polarizados con cierta ideología, mientras la radio tenía una política
editorial neutral desde que nació y es la radio la que carga con el
pecado de decirlo, y dicen: la radio de Chimirri está allá rumbándole
maceta a fulano de tal”. “Desde el 6 de abril de 2013, la señora Mourra
nos amenaza con cerrar la radio”.
Desaparece información del "Cucuy de la Mañana"
El sábado 1 de marzo de 2013, personas
sin ningún tipo de autorización ni contrato firmado, la señora Dania
Calix, llegó a la radio, ella dijo ser la asistente de la señora Ana
María Villeda y que iba a ver los equipos de la radio.
Ese día, el guardia de seguridad
privada y la señora Dania Calix violaron las puertas de la radio de la
cabina del Cucuy de la Mañana, Renán Almendárez, el último lugar donde
transmitió en vivo, ahí hay equipos que pertenecen a él, sacaron la
información del disco duro del Cucuy y no se sabe dónde está toda esa
información. “Y no tengo idea que más hicieron los técnicos que esta
señora andaba”.
Tocaron los equipos de transmisión,
interrumpieron los noticieros de los periodistas para hacer pruebas al
aire y decir 1, 2, 3 durante una hora, denunció Chimirri. La
Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión, Numeral 9, cita
que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada.
Hasta ahora han muertos dos periodistas que trabajaban en CHN, Luz Marina Paz, acribillada el 6 de diciembre de 2011, su caso sigue en la impunidad; y Karen Valladares,
el 15 de mayo de 2012, cuya muerte fue aparentemente natural, pero a
Chimirri le parece que falleció en circunstancias “extremadamente
sospechosas”. Además, en dos
ocasiones han llegado a romper el equipo y robarse equipo de la radio y
es la tercera vez que rompen puertas, esta vez fue la OABI, denunció
Chimirri.
Derechos vulnerados
Las denuncias de Chimirri Castro
sirvieron como fundamento para analizar qué tipos de derechos
consignados en la Constitución de la República, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Convención Americana a los Derechos Humanos
y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y en las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le han sido
vulnerados.
En ese sentido, según las denuncias
de Chimirri Castro hubo falta del derecho al debido proceso porque lo
han enjuiciado tres veces por las armas decomisadas en su casa y en los
tres juzgados ha recibido carta de libertad.
Además, vulneración de la garantía de
integridad física, menoscabo a sus derechos humanos, malos tratos y
tortura sicológica en la cárcel: “La
celda era pestilente, de dos metros por dos, sin ventanas, la compartía
con otra persona y estaba revuelto con más de 300 internos algunos eran
procesados y otros condenados”. El Pacto de San José manda que los
procesados y condenados deben estar en celdas separadas.
Aunque el Estado hondureño tiene
varias condenas internacionales por la situación en las cárceles,
Chimirri denuncia que le apretaban las esposas al punto que sus manos se
ponían negras, un oficial de apellido Bustillo le daba un pésimo trato,
le destrozaban su celda de manera constante a las 2 de la mañana, 4 de
la mañana o 7 de la noche, los perros le olían su comida de manera
rutinaria.
Una de las condenas relacionada con la
situación en las cárceles es la del caso López Álvarez que hace
referencia a las condiciones de detención insalubre, hacinamiento y
maltrato físico y manda al Estado hondureño a garantizar los derechos de
los detenidos en condiciones de dignidad.
Según los documentos de descargo
presentados en su juicio, hubo vulneración de su principio de inocencia
porque las fechas de las escrituras de sus propiedades son anteriores a
la época en que fue gerente de Hondutel, mientras la fecha que sostiene
la Fiscalía son posteriores, para demostrar el enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia de Chimirri, la Fiscalía alteró estas fechas para
afectarlo.
El juicio por enriquecimiento ilícito
que dio pie para el aseguramiento está cerrado provisionalmente, desde
el 25 de julio de 2013, que el juez le dio un sobreseimiento provisional
a Chimirri. A juicio de Chimirri,
el verdadero origen de su juicio es que mientras fue gerente de Hondutel
tocó a unas seis familias muy poderosas del país que tenían injerencia
en los gobiernos y él se les enfrentó porque denunció el tráfico gris,
en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales.
“Las personas que a mí me persiguen
saben por qué me persiguen y ellos saben cuál es el miedo que tienen.
Mientras yo esté vivo y mi familia esté bien, yo simplemente voy a ser
su tumba, pero el día que a mí me pase algo o a mi familia toda la
verdad de este país va a salir a la luz y no va a salir a luz dentro del
país porque yo sé que los medios de Honduras no van a transmitir esas
cosas, va a salir a luz en el exterior”.
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