Frente
a la violencia que azota al país, la clase política nos ofreció depuración
policial, militares en las calles, mano dura, policía militar e incluso, sin que
lo comprendiéramos totalmente, reducir nuestros derechos en nombre de una
seguridad ciudadana que llegaría.
No
obstante, tanto las estadísticas como la experiencia cotidiana de la gente
demuestran que ninguna de esas medidas ha dado resultados. Los militares están
en las calles desde el gobierno de Maduro, es decir, desde hace 10 años y los
índices de violencia se han duplicado.
La
creación de la policía militar representa un retroceso grave con respecto al
proceso de desmilitarización de la sociedad que inició a partir de los años 90 y
coloca al Estado de Honduras en franca violación de sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos que le exige que los asuntos de
seguridad ciudadana sean de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles,
debidamente organizados y capacitados.
La
depuración policial y la reforma del sistema de seguridad es un total fracaso
puesto que las redes criminales siguen actuando con impunidad, lo cual refleja
el poco o nulo compromiso de las autoridades y la falta de liderazgo de los
dirigentes políticos en la definición de una política de seguridad integral que
priorice la prevención y el fortalecimiento de las instituciones.
Por
todo ello, no es extraño corroborar, como lo señala el Observatorio de la
Violencia que ha habido un súbito aumento en el número de asesinatos, temiendo
que este año se supere incluso la tasa de 83 homicidios por cada 100 mil
habitantes y se consolide una situación de por sí alarmante que ha convertido al
país en una enorme cárcel y a los hondureñas y hondureños en titulares de una
ciudadanía de baja intensidad.
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