A partir del golpe de estado del año
2009, en Honduras se inició una ofensiva neoliberal encaminada a
subastar el país por retazos, siendo las empresas extractivas las
mayores promotoras de la entrega del territorio nacional a precio de
gallo muerto.
La historia de Honduras ha estado
relacionada íntimamente con la minería desde el siglo XVI y es hasta el
siglo XX cuando deja de ser el pilar sustancial de la economía nacional
para ser suplantada por el banano. En los albores del siglo XXI la
explotación minera y de hidrocarburos se perfilan como los rubros que
sentarán la pauta económica; sin embargo dada la ausencia de un estado
de ley y el feudalismo existente, es de esperar un enorme incremento en
las violaciones a los derechos humanos, territoriales y ambientales de
los hondureños.
La entrada en en vigor del Reglamento de la Ley de Minería el
pasado 4 de septiembre, apertura una avalancha de proyectos extractivos
a lo largo y ancho de Honduras. A finales del mes de julio del presente
año, la administración Lobo anunció que otorgará 280 concesiones mineras,
en el marco de la congelada por el momento, Ley de Promoción del
Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública (Ley Hipoteca),
supuestamente emitida con el propósito de lograr el pago de la deuda
interna del país.
La ley Hipoteca despertó una
protesta generalizada del pueblo hondureño, incluyendo a voces de la
recalcitrante ultraderecha, razón por la cual quedo pendiente la sanción
de la ley por el actual poder ejecutivo, el que descartó la aplicación
de la ley, ante el posible perjuicio que causaría a su partido en la
pasada contienda electoral.
Si bien la administración Lobo se
refrenó en relación a la aplicación de la Ley Hipoteca, el 22 de mayo
pasado el Congreso Nacional aprobó la entrega de 35 mil kilómetros
cuadrados de la plataforma continental al Grupo BG, por un canon
irrisorio y regalías que en otros países de America Latina serían
consideradas risibles. Para la entrega de la plataforma continental no
efectuó licitación alguna, y la empresa favorecida tiene un enorme
historial de sobornos a lo largo del planeta.
En fecha reciente tuvo lugar una
reunión en la Mosktia, instigada por SERNA y BG con el supuesto
propósito de realizar una socialización-consulta. El Grupo BG y el
Estado de Honduras, han denegado el derecho a la consulta que poseemos
lo pueblos indígenas del país, y la farsa del pasado 15 de octubre, no
es mas que una ratificación de la capacidad de tergiversar el Convenio
169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), en los cuales está consignado
el derecho a la consulta como un pilar esencial para lograr el mítico
desarrollo.
La administración Lobo se ha
destacado por ser una tramitadora de la entrega del territorio nacional
en retazos al capital extranjero. Esto se manifiesta claramente en el
intento de subastar la mitad de las comunidades Garifunas en nombre de
las supuestas ciudades modelo, y el posteriormente se dio un golpe a la
Corte Suprema desde el poder Legislativo como represalia al haber
declarado inconstitucional la Ley RED.
La desaparición de la independencia
de poderes sumerge mas a Honduras en una dictadura civil a merced de la
rapacidad de los inversionistas extranjeros.
La explotación de numerosos
yacimientos de óxido de hierro es uno de los tantos retos que padecen
las comunidades locales, ante la voracidad del gigante económico en el
que se ha convertido China, país que posee una larga práctica de
desastres neocolonialistas en Africa.
Desde hace dos años Honduras firmó un Convenio
con la empresa sudcoreana POSCO, consorcio metalúrgico que pretende
construir una mega siderúrgica en la costa norte. POSCO- DAEWOO motivó
el golpe de estado en Madagascar en el año 2009, ante la inminente
entrega de 100 mil hectáreas del territorio insular al conglomerado
coreano. El pueblo de Madagascar depuso al expresidente Ravalomanana
por sus tendencias entregistas. En Honduras sucedió todo lo contrario:
un golpe de estado y el relevo de sátrapas colocó al país en una
subasta, apareciendo de inmediato la empresa POSCO en la escena.
El Observatorio de los Conflictos
Mineros de América Latina incluyen cuatro casos graves casos en
Honduras: Mina San Andrés en la Unión Copan; El Valle de Siria, Oracle
en Santa Barbara y la comunidad de Nueva Esperanza en el municipio de
Tela. Estos son los casos mas sonados y es de esperar que en los
próximos años cuando entre en vigencia la Ley Hipoteca, la lista se
alargará de forma inconmensurable.
La ofensiva neocolonial que padece
Honduras es similar a la del resto de América Latina. Las empresas
mineras, especialmente las canadienses, desestiman la resistencia de las
poblaciones locales, las que son reprimidas por ejércitos nacionales y
fuerzas de seguridad interna. La CEPAL señala que Argentina y Mexico son
los países donde se confrontan mas conflictos sociales en relación a la
explotación minera con 26 casos cada país, superados por Peru y Chile
con 33 conflictos, que la CEPAL atribuye "a la falta de una legislación
minera que incluya leyes ambientales sociales laborales y territoriales
entre otras y que sobre todo sea firme al monitorear y sancionar la
falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible de los
países”.
Buena parte de los proyectos
extractivos se encuentran localizados en los territorios de los pueblos
indígenas del continente. De ahí la importancia de la emisión de una la
Ley para la Consulta, la cual el estado de Honduras a rehuido emitir,
diluyéndola a un simple reglamento; y aun así SERNA, los ministerios de
Justicia y Etnias han sido incapaces de plasmarlo. La farsa de la
consulta a posteriori sobre el petróleo en la Moskitia, demuestra la
capacidad del Estado de retorcer Convenios y Declaratorias .
Los asesinatos de tres indígenas
tolupanes de la tribu de Locomapa, cometido el pasado 24 de agosto,
quienes se oponian a la explotación ilegal de antimonio; es un indicador
de la indefensión de los pueblos indígenas de honduras, los que
actualmente padecemos de una ofensiva sin precedentes desde los tiempos
de la colonia.
Desde el año 1995 Honduras firmó y
ratificó el Convenio 169 de la OIT y en el 2007, firmó la Declaratoria
de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos indígenas. Tanto el
Convenio y el Tratado reafirman la importancia del derecho a la
consulta. El estado de Honduras he desconocido de forma sistemática la
aplicación de dichos instrumentos jurídicos, colocando en una situación
endeble a los pueblos que vemos nuestros derechos territoriales
restringidos, además de una entrega de los hábitats funcionales a
compañías extranjeras dedicadas a la explotación de la minería e
hidrocarburos, mega proyectos turísticos y en futuro cercano a los
proyectos REDD+.
La consulta a posteriori efectuada
en la Moskitia en relación a la explotación petrolera, demuestra un
inconcebible desprecio por el pacta sub servanda (lo pactado
obliga), el cual constituye un principio básico del derecho civil e
internacional. Sin la implementación de una adecuada Ley del Derecho a
la Consulta los pueblos indígenas de Honduras desapareceremos ante el
avance de las industrias extractivas, las cuales se encuentran en auge
en el país.
Sambo Creek, Municipio de la Ceiba. 5 de Diciembre del 2013
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH
http://ofraneh.wordpress.com/2013/12/05/honduras-empresas-extractivas-y-el-saqueo-anunciado/
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
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Sambo Creek, Atlántida.
Honduras
telefax: 504-24541513 / 504-24490003
email:garifuna@ofraneh.org / ofraneh@yahoo.com
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