Artículo publicado en El Heraldo de Aragón, España
Por Luis Mangrané Cuevas
“La voz más autorizada es la de las
víctimas”, este es el título del Informe Final de la Comisión de Verdad, un
trabajo impulsado por defensores de derechos humanos que analiza el golpe de
estado que el 28 de junio de 2009 terminó con el proceso democratizador
inaugurado en Honduras a principios de los años 80. Bertha Oliva, defensora de
derechos humanos que inició su activismo después de la desaparición de su
marido Tomás en 1981, nos entregó un ejemplar del informe este verano en
Tegucigalpa. Entre 1980 y 1984 hubo 184 desapariciones forzadas de opositores
políticos y nadie ha sido encarcelado, tampoco los responsables del último
golpe de estado y, en la actualidad, la inseguridad ciudadana (maras y
narcotráfico) constituye la amenaza más importante en materia de seguridad.
Desde principios de los años 90 se
aplicaron propuestas económicas liberales que favorecieron a las clases
dominantes y convirtieron al país en uno de los más desiguales de
Latinoamérica. Las maquilas, la exportación del banano y las remesas de los
inmigrantes han sido su sostén económico. Cuando el liberal Zelaya llegó al
poder en 2006, sus decisiones se encontraban en sintonía con los intereses de
los grandes empresarios, después realizó un viraje hacia las clases populares
con una serie de medidas, como el incremento del salario mínimo en un 60% que
provocaron el desaire de empresarios y multinacionales extranjeras, como la
compañía Chiquita. En el plano geoestratégico, EEUU no podía tolerar que la
“República Alquilada”, históricamente sumisa a sus exigencias y plataforma de
la agresión a la Nicaragua
sandinista desde las bases de la “Contra”, adoptara medidas con las que
recuperar su soberanía. La adhesión de Honduras al ALBA y PETROCARIBE, que
despertó la obsesión antichavista, la reconversión de la Base aérea de Palmerola en
comercial, o la toma de control de las terminales petroleras controladas por
Exxon Mobil y Chevron, son ejemplos del giro político de Zelaya en favor de la
soberanía nacional. La convocatoria de una consulta popular para decidir sobre
una Asamblea Nacional Constituyente con la
que promover una nueva constitución fue la excusa para que las élites
empresariales, apoyadas por el ejército, el Poder Judicial, el legislativo y la
mayoría de los medios de comunicación social, derrocaran al Presidente Manuel
Zelaya, dinamitando un periodo de democracia representativa en el momento en
que consideraron que ésta no garantizaba sus intereses.
Aunque el golpe suscitó la condena
internacional, desde el Ayuntamiento de Zaragoza hasta la Organización de
Estados Americanos, a finales del 2009 se celebraron unas elecciones
presidenciales fraudulentas y sin garantías, bajo la sistemática represión de
los movimientos opositores y con Zelaya refugiado en la embajada brasileña
después de regresar clandestinamente al país. Desde el golpe la violencia se ha
incrementado contra organizaciones sociales, políticas, maestros,
campesinos, indígenas y mujeres, aunque
la epidemia de violencia que asola el país, con una media de 20 homicidios
diarios, invisibiliza las víctimas políticas.
El próximo mes de noviembre se celebraran
elecciones y la candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE), fuerza
política nacida en junio de 2011
entorno al Frente Nacional de Resistencia Popular, Xiomara Castro,
aparece como ganadora en las encuestas. La realización de una Asamblea Nacional
Constituyente que sirva para redactar una nueva constitución y refundar el
país por la senda del socialismo es el
corazón de su propuesta. Hace 4 años una
medida similar fue abortada por un golpe de estado militar. Que la historia no
se repita depende también de nosotros.
Luis Mangrané Cuevas
Abogado
http://luismangrane.es/
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