Escrito por Wendy Funes 4 de Agosto 2013
Tegucigalpa, Honduras, (Conexihon).-
La condena de este jueves es ejemplar porque tanto los autores
materiales como los que callaron han sido condenados igualmente por
doble asesinato y abuso de autoridad, según el argumento de la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos que ahora investiga por omisión al ex
ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Así lo confirmó el fiscal de Derechos Humanos, Juan Carlos Griffin. "Bonilla
es investigado para conocer si participó por omisión en el asesinato de
los universitarios Carlos David Pineda Rodríguez y Héctor Alejandro
Vargas Castellanos, hijo de la rectora de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos y ya fue a declarar al
juzgado en dos audiencias", dijo.
El fiscal Griffin dio la noticia tras
salir del juicio en el que el Tribunal de Sentencias con Jurisdicción
Nacional pronunció la condena contra los cuatro policías José Rubén Pozo
López, Santos Arnulfo Padilla, Wilson Roberto Córdova y Gabriel
Donatilo Marcía. Ellos fueron remitidos ayer mismo a la Penitenciaría Nacional (PN), en Támara, 17 kilómetros al norte de la capital.
El fiscal Griffin señaló que, tal como
se conoció en juicio, durante la persecución en la ruta de la muerte
hubo llamadas de los policías condenados para números desconocidos.
Una probabilidad es que llamaron para
pedir instrucciones y se investiga de quiénes son esos números,
respondió cuando se le consultó si esos números serán de los altos
mandos de la policía, involucrados en la ejecución.
"Si nosotros llegamos a demostrar que
los altos mandos tuvieron conocimiento de esa persona herida (Vargas
Castellanos) y que había resuelto darles muerte a los dos jóvenes, si
tuvieron conocimiento antes que sucediera, tienen responsabilidad por
estar sujetos a su posición de garantes y haber cometido el delito por
omisión".
Respecto a la declaración en la que
Pozo López mencionó a Pompeyo Bonilla, Griffin señaló que un compañero
de la Fiscalía citó al ministro y también compareció a la audiencia
inicial del ex director de la Dirección Nacional de Investigación
Criminal (DNIC), Marco Tulio Palma Rivera, y también declaró en la
audiencia inicial del comisionado Jorge Barralaga, ex jefe de la policía
metropolitana.El ex ministro "está en calidad de investigado", reveló Griffin.
La condena
Ante una sala llena de funcionarios
universitarios, funcionarios del hospital Escuela, familiares de los
universitarios asesinados; el Tribunal de Sentencias dijo en su parte
resolutiva que:
"(...) En el caso que nos ocupa se logró determinar que los acusados eran miembros activos de la institución policial cuando sucedieron los hechos por lo que las acciones de colaboración en la muerte de las víctimas por parte de José Rubén Pozo López y Santos Arnulfo Padilla y las omisiones de Wilson Córdova y Gabriel Marcía, al no cumplir con su posición de garantes, actuaron incumpliendo sus deberes como agentes de autoridad y siendo que Honduras es un Estado de Derecho, tal como lo establece la Constitución de la República, es oportuno que a través de nuestras sentencias se contribuya al fortalecimiento de la legalidad y si existe un acto reprochable y jurídicamente relevante, que sea considerado así por el legislador y que ponga en peligro un bien jurídico protegido, en este caso la vida que es lo más preciado por el ser humano, consideramos que es oportuno pronunciarnos sobre algunos aspectos que atañen específicamente a la policía nacional y el trato humanizado con que debe dirigirse a los ciudadanos en general; es de mencionar que la Policía Nacional ha evolucionado en cuanto al respeto con los ciudadanos, pero este tipo de acciones como el que quedó demostrado en el juicio oral y público".
Fallo judicial: Evadir retén no justifica uso de fusiles
"Los agentes de policía atentaron contra la integridad física de dos jóvenes sin que tuviesen ningún fundamento para hacerlo por el hecho de que un vehículo no atienda una señal de parada a una patrulla no justifica que hayan utilizado fusiles para dispararles si ambos jóvenes ni siquiera habían cometido hechos gravosos que pudiesen considerarse delictivos, además que ellos no andaban con arma alguna y en una situación extrema, correspondía únicamente darles detención por una falta administrativa".
"Sin embargo, haciendo un uso excesivo y arbitrario con sus armas de reglamento, frente a dos jóvenes indefensos que ni siquiera portaban armas de ningún tipo, luego herir a uno de ellos y someter a la impotencia (...) y los cuales no habían cometido delito alguno procedieron a ejecutarlos tales acciones desacreditan a la institución ya que la población lejos de sentirse protegida por la autoridad policial se sienten reprimidos por lo que estos juzgadores, como ciudadanos responsables y garantes de la legalidad de los asuntos sometidos a nuestro conocimiento y con estricto apego a lo que establece la Constitución de la República y el Código Penal dictamos el fallo siguiente, por unanimidad", dijo la presidenta del Tribunal cuyo nombre se omite por seguridad.
Empezó a mencionar cada uno de los nombres de los policías y les pidió ponerse de pie.
"Primero: Los
declaramos culpables por el delito de asesinato en perjuicio de los
jóvenes, y a título de autor, del joven Rafael Alejandro Vargas
Castellanos".
"Segundo: Los
declaramos culpables por el delito de asesinato en perjuicio de los
jóvenes, y a título de autor, del jóven Carlos David Pineda Rodríguez".
"Tercero: declaramos
culpables a (el nombre de los cuatro imputados) de un delito de abuso de
autoridad en perjuicio de la administración pública".
La audiencia de individualización de
la pena para saber cuántos años de cárcel pagará cada quien es el 11 de
septiembre a la 1; 30 de la tarde. La pena máxima puede ser de 66 años
y la mínima de 43.
Mientras el Tribunal leía su
providencia, fuera de la sala de juicios oral los miembros de la Alianza
por la Paz y la Justicia, disfrazados de ángeles, portaban pancartas
blancas en las que se leía no callaremos; no queremos casos en la
impunidad. Se les permitió entrar a la Corte para manifestarse afuera;
fuera de las instalaciones judiciales, los familiares de los policías
gritaban justicia y "queremos que la prensa diga la verdad".
Los gritos fueron más fuertes al saber de la condena contra los policías. Por este caso están prófugos Carlos Galeas y Wilfredo Figueroa, según este juicio jugaron un rol fundamental en el asesinato.
El defensor, Héctor Durán, señaló que
no se tomó en cuenta el análisis de la defensa, se pretende hacer creer
que en 10 minutos pasaron el cuerpo a la MI-30 donde iban Córdova y
Marcía y en cinco minutos llegaron al lugar de ejecución, eso demuestra
que los policías fueron condenados sin prueba y se interpondrá un
recurso de casación porque culparon a dos inocentes, sin mencionar si
quiera los argumentos de la defensa, sostuvo.
"Se van a llevar a cualquier persona que se cruce en su camino, si a usted en la cartera le encuentran un pelo similar al de las víctimas eso basta para que sea condenada", razonó.
La última imagen de la tarde, captada
por los reporteros fue la camioneta blanca de la rectora, saliendo de la
Corte, mientras los familiares de los policías, condenados por asesinar
a su hijo, le gritaban al unísono que había comprado a los jueces.
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