Video: Amenaza http://youtu.be/jKL-kHgXqKs
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MADJ), ante el pueblo hondureño y los pueblos del mundo denuncia y demanda solidaridad militante para defender la vida de las comunidades que dignamente defiende sus territorios en el atlántico hondureño:
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MADJ), ante el pueblo hondureño y los pueblos del mundo denuncia y demanda solidaridad militante para defender la vida de las comunidades que dignamente defiende sus territorios en el atlántico hondureño:
Los pobladores y pobladoras de las 16
Comunidades del Sector Florida, municipio de Tela, en ejercicio de sus derechos
a la vida, autodeterminación y a un ambiente sano, durante más de 12
años se han organizado para defender los bienes naturales (agua, bosques, aire)
y las mismas comunidades en que residen. En este tiempo han tenido que soportar
la presencia y asedio de extranjeros chinos, italianos y hondureños, todos
ellos empresarios mineros que han pretendido explotar y destruir la riqueza natural de la zona. Pero la intranquilidad en el más amplio
sentido se ha tornado grave desde el 2011 a la fecha, en virtud de la ensañada
pretensión de varios empresarios, entre ellos el hondureño Lenir Pérez, quienes
mediante la fuerza y violando los derechos de las comunidades pretenden explotar
minas a cielo abierto, supuestamente para la extracción de Oxido de
Hierro.
Ante el amplio rechazo de la mayoría
de la población a la operación de proyectos mineros y de represas en sus
territorios, el señor Lenir Pérez con el apoyo de la policía nacional y el
alcalde de Tela, David Zaccaro, ha incrementado la intimidación, amenazas y
agresiones tanto a la comunidad, como a los líderes de las organizaciones
sociales y eclesiales comprometidas en la defensa del ambiente y sus medios de
vida (patronatos y juntas de agua del sector Florida).
El acoso, la amenaza permanente y
la situación de riesgo que viven las comunidades se expresa en la siguiente cronología.
1. Ante la intención
del señor Lenir Pérez de operar una mina en la comunidad “Nueva Esperanza”, la
población y las organizaciones sociales representantes de la comunidades Brisas
de Lean, Nombre de Dios, Las Minas, Las Mercedes, El Socorro, El Guayabo, Yusa,
Buena Vista, El Carmen, Camaguey, El Zapote, Nueva Unión, El Rodeo, Nueva
Concepción y Nueva Esperanza, organizadas en el Patronato Regional del Sector
Florida han hecho público su rechazo y oposición al pretendido proyecto,
existiendo constancia pública de la realización de foros, asambleas, denuncias
radiales y prensa escrita, inclusive a través de reuniones entre líderes
comunitarios, la Alcaldía y el empresario, en todos estos eventos la
determinación de la población de rechazo al proyecto minero ha quedado
evidenciada. Las comunidades han asumido que ningún proyecto de explotación de
la riqueza natural de su territorio se pondrá en funciones, sin que previamente
ellas hayan sido consultadas y brindado su consentimiento después de conocer
todos los impactos que tienen este tipo de industrias, tal como lo establece el
ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable a estos casos.
2. En agosto del año 2012 fue denunciado el
empresario Lenir Pérez y el Alcalde de Tela, David Zaccaro por señalarlos como
responsables de la “Amenaza de muerte contra los líderes comunitarios César
Alvarenga y Roberto García, este último también es corresponsal de Radio
Progreso”[1]. También se denunció al alcalde por haber recibido 7 millones de
lempiras del empresario minero. Por estos hechos la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos dispuso medidas
cautelares en favor de los amenazados.
3. Los empresarios
mineros han anunciado que explotarán los minerales a cualquier costo, que
entrarán a la zona con gente armada a su servicio y dispuesta a todo, han hecho
público el seguimiento que hacen a los principales líderes de los movimientos,
organizaciones e instituciones que defiende sus bienes naturales, entre muchas
otras amenazas.
4. En Enero de 2013 el
Alcalde David Zaccaro sin consultar a las comunidades y en nombre de ellas
pidió a la Policía Nacional la presencia de agentes en la región en conflicto.
A esta solicitud respondieron inmediatamente enviando 10 agentes policiales que
se instalaron en la casa del Señor Federico Quintero, colaborador del
Empresario Lenir Pérez. Estos policías hostigan permanente a las comunidades y
no existe ningún mecanismo de control a sus abusos.
5. El 21 de enero “Adonis
Romero, José Lemus, José Ángel Fúnez, Cecilio Alfaro y Merlin Pineda”
líderes de las comunidades, fueron criminalizados y obligados a comparecer ante
la policía de Tela, acusados por oponerse a los proyectos mineros[2].
6. El 28 de enero el
sacerdote César Espinoza recibe amenaza de muerte por “supuestos trabajadores
mineros” por mensaje de texto enviado a su celular.[3]
7. El 13 de febrero en
horas de la noche los agentes de policía instalados de manera irregular en la
región, a punta de bala, reventaron una cadena que la comunidad había instalado como mecanismo
de control comunitario sobre el acceso de vehículos en la zona. Este hecho fue
denunciado ante el Ministerio Público[4].
8. El 18 de febrero
los miembros de la policía instalados en la región amenazan de muerte al
periodista Leonardo Amaya Guevara,
miembro fundador de la Radio comunitaria “Exclusiva”, corresponsal de la Radio
Católica “Subirana”, Radio Globo y Radio Progreso.[5] Estas amenazas se producen
mientras el comunicador le da cobertura
a las acciones de la comunidad en defensa de su ambiente natural.
9. Durante el 2012 y
principios de 2013 se hicieron varias visitas al Director de la Dirección de
Fomento a la Minería, abogado Aldo Santos; en esas visitas, el Patronato
Regional del Sector Florida informó a este funcionario sobre todos los abusos
de los empresarios mineros y de la oposición
comunitaria a los proyectos de explotación y destrucción de su medio
ambiente.
10. Violando el
artículo 102 y 103 de la Ley General del Ambiente que le otorga el derecho a la
comunidad a ser informada y participar
en la decisión de aceptar o no cualquier proyecto que impacte el medio ambiente
de su región y violando abiertamente el reglamento del Sistema Nacional de
Impacto Ambiental (SINEIA), las comunidades han confirmado que el empresario
Lenir Pérez obtuvo una licencia ambiental y el permiso de explotación firmado
por las instituciones del Estado. Ninguna institución del Estado ha comparecido
a las comunidades a notificar sus decisiones ni a explicar todos los impactos
que tendrá dicho proyecto.
11. En Marzo de 2013,
los miembros del patronato regional del sector Florida piden la mediación de
Monseñor Lenihan, obispo de la Diócesis de Ceiba y al Comisionado de los DDHH en Ceiba para
que intercedan en el conflicto a raíz de las acciones violentas de la policía y
el empresario en contra de las comunidades. El 10 de abril fueron convocados en
Tela los empresarios mineros (Lenir Pérez, Gustavo Urrutia y Jorge Rosa) con
pretensiones de extraer los materiales en la región, el Alcalde de Tela, Ministerio
Público, Policía Nacional, Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Dirección
de Fomento a la Minería (DEFOMIN) y patronatos del Sector para entablar un
diálogo donde se aclararen los conflictos en la zona, así como legalidad del
proceso de concesión inconsulto. El 26 abril se realizó la segunda
convocatoria. Este proceso se encuentra estancado por la intransigencia de los
empresarios y por la desidia de los funcionarios estatales.
12. El sábado
25 y el domingo 26 de mayo 2013, en actitud desafiante y
provocadora el empresario Lenir Pérez pretendió ingresar materiales al sitio
defendido por la comunidad, para ello los trabajadores del empresario se hicieron acompañar por la policía nacional
de Tela quien en abierta violación a sus funciones de brindar seguridad
pública, actuaron como agentes de seguridad privada del señor Lenir Pérez para
garantizar el ingreso del referido material. No obstante la población de Nueva
Esperanza y de comunidades vecinas se hicieron presentes al sitio e impidieron
el ingreso de los vehículos que transportaban el material de construcción.
13. El día lunes
03 de Junio de 2013, Pobladores de la comunidad de Nueva Esperanza fueron
víctimas de agresiones, amenazas a muerte, intimidación y atentados por parte de la
policía al servicio del señor Lenir Pérez. El agente Marcio Castillo Palma
realizó dos disparos contra el poblador mayor de edad, 79 años, Enrique
Castillo y otro agente no identificado ha hecho 3 disparos más dirigidos a los
miembros de la comunidad ahí presentes.
14. Ante la denuncia y
repudio de la comunidad, el 05 de junio cambiaron a todos los policías
responsables de la agresión del lunes 3 de junio.
15. La Fiscalía del
Ministerio Público y el Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos
Humanos (CONADEH) de la zona, han constatado que los policías asignados al área
de conflicto, no tiene libro de registro de novedades o acciones que realizan,
lo que denota claramente que estos policías están asignados como agentes
privados de los empresarios mineros y que ejercen su función con todo tipo de
abuso y sin ningún mecanismo de control.
16. El 05 de junio, en
la noche, la comunidad observó que los policías custodiaron la entrada de
hombres civiles a la zona, los civiles
portan armas de grueso calibre.
17. A partir del jueves
6 de junio, los pobladores están recibiendo mensajes de amenazas de muerte e
intimidación por parte de los hombres fuertemente armados que se han asentado y se mantienen en el área
con ayuda de la policía nacional.
18. Al momento de
elaborarse este documento, el profesor Henry Yanes Torres, maestro de la
Escuela de la comunidad de Nueva Esperanza
y también otros maestros en la comunidad de El Carmen, han suspendido
clases debido a la gravedad del
conflicto y a la intimidación que ejercen los hombres armados al servicio de
los empresarios mineros.
Ante todo este
ambiente de terror que presagia más violencia y muerte en las comunidades:
A. Responsabilizamos
de lo sucedido al alcalde de Tela, David Zaccaro, que en lugar de respaldar a
las comunidades ha hecho causa común con los empresarios mineros, especialmente
con Lenir Pérez, dueño de la empresa Alutech, quien está ejerciendo violencia y
provocando a las comunidades.
B. Responsabilizamos a funcionarios de DEFOMIN, SERNA y el resto
de instituciones del Estado involucrados en este conflicto, en virtud que sus
acciones han sido orientadas a desconocer los derechos de las comunidades y
favorecer irregularmente a los empresarios mineros.
C. Solicitamos
a las organizaciones nacionales e internacionales solidaridad urgente a fin de
evitar que la sangre de hondureños y hondureñas continúe siendo derramada por
la voracidad de empresarios inescrupulosos, al amparo y protección del gobierno
central, del gobierno municipal y la policía nacional de Honduras.
En concreto solicitamos su apoyo en
las siguientes acciones:
1. Escribir cartas a la Organización de Estados
Americanos y a sus órganos defensores de Derechos Humanos, como la Comisión
Interamericana para que:
a. Haga un llamado urgente al gobierno de Honduras para el cese de la represión y los atentados a muerte contra los líderes y defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Nueva Esperanza y de todo el sector Florida, en el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida, Honduras.
a. Haga un llamado urgente al gobierno de Honduras para el cese de la represión y los atentados a muerte contra los líderes y defensores de Derechos Humanos de la Comunidad Nueva Esperanza y de todo el sector Florida, en el Municipio de Tela, Departamento de Atlántida, Honduras.
b. Se inicie una investigación inmediata sobre los agentes policiales y mandos superiores que intervinieron el día 03 de Junio en los actos de represión y atentados contra la población que se opone al proyecto minero en ejercicio de sus derechos humanos.
c. Que se agilicen
las investigaciones sobre todos los abusos que ya han sido denunciados ante los
entes estatales hondureños sobre este mismo caso.
d. Que se tomen
todas las medidas disciplinarias y promover
las acciones judiciales pertinentes en contra de los agentes policiales que
actuaron y siguen actuando con evidente abuso de autoridad y uso
desproporcionado de la fuerza, poniendo en grave riesgo la vida de los
pobladores de la Comunidad de nueva Esperanza.
e. Exija al gobierno de
Honduras para que de manera urgente e inmediata brinde medidas de
protección cautelar a favor de los líderes sociales y defensores de derechos
humanos de la Comunidad de Nueva Esperanza en particular y de todo el sector Florida, en general.
f. Exigir a las autoridades ejecutivas del
gobierno de Honduras, la suspensión inmediata de cualquier permiso, concesión o
contrato realizado con el señor Lenir Pérez para la explotación de minerales o
de cualquier otra índole, sin el consentimiento de la comunidad y mientras
tanto no se obtenga la aprobación de la comunidad de cualquier proyecto
pretendido.
g. Promover la creación de un espacio de
diálogo entre todos los sectores interesados e involucrados en la problemática
anteriormente señalada, para evitar que se repitan acciones que vulneren los
derechos Humanos de la población en riesgo.
h. Que las autoridades hondureñas
procedan de inmediato a capturar y
desarmar a los hombres que el empresario Lenir Pérez ha instalado en la zona de
conflicto y que están intimidando y generando terror en las comunidades.
2. Tomando en cuenta que el origen de estos
conflictos se encuentra en la aprobación de leyes que permiten y promueven
la explotación intensiva e irracional de los recursos naturales que
tradicional e históricamente han beneficiado a las comunidades e irrespetando
la voluntad popular, tales como la Ley de Minería, La ley para la construcción
de represas, ley para la creación de regiones especiales de desarrollo, entre
otras. Ante tales circunstancias es preciso solicitar al gobierno de Honduras
la suspensión de concesiones otorgadas para la construcción y explotación de
minas y represas y someter la normativa anteriormente mencionada a revisión por
parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y derogar todas las
normas que se encuentren en conflicto con la Declaración Americana de derechos
Humanos, La Declaración Americana de Derechos de los pueblos indígenas y afro
descendientes y todas las convenciones que el Estado de Honduras ha suscrito y
que son relevantes y pertinentes en relación a la presente denuncia.
3. Redactar escritos de denuncia por lo que está
pasando y pedir que se respete la autonomía de las comunidades en su derecho a
ser informadas y consultadas sobre cualquier proyecto que atente contra su vida,
su forma de vida y su dignidad. Estos escritos deben ser dirigidos a los
siguientes contactos:
SECRETARÍA DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
*
RODIL VAZQUEZ… rvasquez@sjdh.gob.hn
PROTECCIÓN DEFENSORES DERECHOS HUMANOS.
*
ANA PINEDA… apineda@sjdh.gob.hn MINISTRA SECRETARIA DERECHOS HUMANOS.
DEFOMIN.
*
LIC. ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA aldofss@yahoo.es / 99906161
SERNA.
ABOGADO
RIGOBERTO CUELLAR, Ministro. rigobertocuellar@hotmail.com / 22325124
MEDIADORES Y FACILITADORES:
*
COMISIONADO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS… Juan
José Arita…99897003 jujoa7@hotmail.com
EMPRESARIO RESPONSABLE DEL CONFLICTO:
*
LENIR PEREZ… lenirp@grupoemco.com / 94506043
ALCALDIA MUNICIPAL
* Sr. ALCALDE DAVID ZACCARO
* Sr. ALCALDE DAVID ZACCARO
Tel: (504) 2448-2102 / 2729
Fax: (504) 2448-2729
E-mail: alcaldiadetela@yahoo.com
muni_tela@yahoo.com
alcaldiadetela@hotmail.com
Fax: (504) 2448-2729
E-mail: alcaldiadetela@yahoo.com
muni_tela@yahoo.com
alcaldiadetela@hotmail.com
POLICÍA
REGIONAL Y DEPARTAMENTAL:
*
REGIONAL: FLORES PINEDA… 96112415
*
DEPARTAMENTAL. PAZ MURILLO… 33986274
*
SUFJEFE DE OPERACIONES… GALO… 99160471
*
JEFE MUNICIPAL DE TELA… ZUÑIGA…96514436
POR
LA DIGNIDAD CONTRA LA IMPUNIDAD 7 DE
JUNIO DE 2013
MOVIMIENTO
AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA
MOVIMIENTO
AMBIENTALISTA DE ATLÁNTIDA
[1]
Denuncia MP-266-12
AUDIO
DE
DENUNCIA POR MEDIO DE LA RADIO:
http://www.goear.com/listen/791e8bb/denuncian-amenazas-de-muerte-defensores-del-medio-ambiente-en-atlantida
[4]DENUNCIA MP-309-13
AUDIO
ENTREVISTA A POBLADORES DE NUEVA ESPERANZA:
https://soundcloud.com/leonardo-guevara-amaya/nueva-esperanza-tela
[5]
OFICIO NO. SJDH-DM-N. 0083-2013
http://conexihon.info/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/miembros-de-la-polic%C3%AD-amenazan-corresponsal-de-radio-progreso
VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=jKL-kHgXqKs&list=HL1361293849&feature=mh_lolz
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Periodistas del Valle del Aguan exigen al Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo
Periodistas del Valle del Aguán exigen al Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo
Alerta 00022-2013
junio del 2013
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Periodistas y Comunicadores Sociales del Valle del Aguan, departamento de Colón, exigieron al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, respeto a la integridad física y a la libre expresión.
Actualmente en la zona del Aguán existe un conflicto por la disputa de tierras entre campesinos y empresarios que ha conllevado a políticas extremas entre las que destaca la militarización del sector a través del Operativo Xatruch, desde el mes de septiembre del año 2011.
También en agosto de 2012 el Congreso Nacional mediante la reforma al artículo 37 de la Ley de Control de Armas procedió a un desarme inmediato en el departamento de Colón, sin embargo la situación de violencia sobre todo en la región del Bajo Aguán ha generado la muerte violenta de campesinos, militares, policías, guardias de seguridad privada y de periodistas.
Ante ello los trabajadores de la comunicación del Valle del Aguán, demandan a los tres poderes del Estado de Honduras el cumplimiento de las garantías estipuladas en la Constitución de la República y las emanadas de los convenios y tratados internacionales en cuanto al derecho auna verdadera libertad de expresión en el ejercicio del periodismo.
Para Oscar López, reportero de Canal 35, el ejercer el periodismo en el departamento de Colón es una labor muy complicada debido al abrupto crecimiento de la delincuencia que los obliga a “tener mucho tacto al cubrir una noticia, por eso demandamos seguridad a los entes correspondientes para que tengan en cuenta que nuestro trabajo es tan riesgoso como el que ellos realizan”, explicó.
López, solicitó a las autoridades competentes la creación de una línea telefónica especial que atienda de inmediato cualquier llamado de auxilio o denuncia de amenazas por parte de los periodistas y comunicadores sociales y medios de comunicación locales.
Por su parte el presentador de Noticias Rigoberto Brizuela, dijo que dedicarse a la labor informativa en el departamento de Colón es un riesgo, “no tenemos libertad de expresión, para poder informar a la población, tenemos que medirnos tenemos, que balancear y clasificar la noticia y ver cual tiene menos riesgo para poderla difundirla”.
Brizuela aseguró que las amenazas son producto del abordaje del crimen organizado y del conflicto agrario, pero que los entes operadores de la seguridad no hacen nada al respecto.
“Yo recibí amenazas a muerte después de la asesinato de Nahúm Palacios, compañero con el que trabaje durante varios años, interpuse la denuncia en los derechos humanos, la policía y la fiscalía, se acordó que desde ese día la policía me daría seguridad, al ir de mi casa al trabajo, pero nunca se cumplió”, denunció Brizuela.
Según el reportero del programa Telenoticias,Tobías Navarrete, el trabajo periodístico es sinónimo de riesgo porque se exponen diariamente al peligro e inseguridad producto de los altos niveles de impunidad y corrupción, “nosotros somos la vos de los sin vos y cuando hacemos estos señalamientos, de quienes son parte de estos grupos sociales y políticos, vienen automáticamente las amenazas”, denunció.
Finalmente los trabajadores de la comunicación demandaron del gobierno, de las autoridades policiales y militares así como de la Secretaria de Seguridad investigar urgentemente todas las denuncias de amenazas contra los periodistas de esa región del país.
________________________________________________________
Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com, www.conexihon.info
COMITE POR LA LIBRE EXPRESION
Colonia Palmira, Primera Calle, contiguo al Centro Cultural de España, 25 mts al norte del Redondel de los Artesanos, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Telefax. (504) 2237-9966
Alertas (504) 3229-6241 / 9777-9053
Alerta 00022-2013
junio del 2013
Tegucigalpa, Honduras (C-Libre).- Periodistas y Comunicadores Sociales del Valle del Aguan, departamento de Colón, exigieron al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, respeto a la integridad física y a la libre expresión.
Actualmente en la zona del Aguán existe un conflicto por la disputa de tierras entre campesinos y empresarios que ha conllevado a políticas extremas entre las que destaca la militarización del sector a través del Operativo Xatruch, desde el mes de septiembre del año 2011.
También en agosto de 2012 el Congreso Nacional mediante la reforma al artículo 37 de la Ley de Control de Armas procedió a un desarme inmediato en el departamento de Colón, sin embargo la situación de violencia sobre todo en la región del Bajo Aguán ha generado la muerte violenta de campesinos, militares, policías, guardias de seguridad privada y de periodistas.
Ante ello los trabajadores de la comunicación del Valle del Aguán, demandan a los tres poderes del Estado de Honduras el cumplimiento de las garantías estipuladas en la Constitución de la República y las emanadas de los convenios y tratados internacionales en cuanto al derecho auna verdadera libertad de expresión en el ejercicio del periodismo.
Para Oscar López, reportero de Canal 35, el ejercer el periodismo en el departamento de Colón es una labor muy complicada debido al abrupto crecimiento de la delincuencia que los obliga a “tener mucho tacto al cubrir una noticia, por eso demandamos seguridad a los entes correspondientes para que tengan en cuenta que nuestro trabajo es tan riesgoso como el que ellos realizan”, explicó.
López, solicitó a las autoridades competentes la creación de una línea telefónica especial que atienda de inmediato cualquier llamado de auxilio o denuncia de amenazas por parte de los periodistas y comunicadores sociales y medios de comunicación locales.
Por su parte el presentador de Noticias Rigoberto Brizuela, dijo que dedicarse a la labor informativa en el departamento de Colón es un riesgo, “no tenemos libertad de expresión, para poder informar a la población, tenemos que medirnos tenemos, que balancear y clasificar la noticia y ver cual tiene menos riesgo para poderla difundirla”.
Brizuela aseguró que las amenazas son producto del abordaje del crimen organizado y del conflicto agrario, pero que los entes operadores de la seguridad no hacen nada al respecto.
“Yo recibí amenazas a muerte después de la asesinato de Nahúm Palacios, compañero con el que trabaje durante varios años, interpuse la denuncia en los derechos humanos, la policía y la fiscalía, se acordó que desde ese día la policía me daría seguridad, al ir de mi casa al trabajo, pero nunca se cumplió”, denunció Brizuela.
Según el reportero del programa Telenoticias,Tobías Navarrete, el trabajo periodístico es sinónimo de riesgo porque se exponen diariamente al peligro e inseguridad producto de los altos niveles de impunidad y corrupción, “nosotros somos la vos de los sin vos y cuando hacemos estos señalamientos, de quienes son parte de estos grupos sociales y políticos, vienen automáticamente las amenazas”, denunció.
Finalmente los trabajadores de la comunicación demandaron del gobierno, de las autoridades policiales y militares así como de la Secretaria de Seguridad investigar urgentemente todas las denuncias de amenazas contra los periodistas de esa región del país.
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Fuente: Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
C-Libre es una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil constituida para promover y defender la libertad de expresión y el derecho a la información en Honduras. Quienes integramos C-Libre, estamos convencidos que en la construcción de un Estado de Derecho es imprescindible la existencia de un periodismo ético, de investigación, fiscalizador de la gestión pública, que se desempeñe en un ambiente de seguridad y acceso libre a la información y que promueva un régimen de opinión pública que haga valer su Derecho a la Información.
Esta alerta es distribuida a través de diversas redes nacionales, regionales e internacionales.
Para mayor información comunicarse al Comité por la Libre Expresión (C-Libre), al correo electrónico alertas@clibrehonduras.com, para sus comentarios acerca de esta y otras alertas, visite www.clibrehonduras.com, www.conexihon.info
COMITE POR LA LIBRE EXPRESION
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