Tegucigalpa.Con esta frase la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH, cuestionó al Estado de Honduras al criminalizar la protesta social como una forma de libertad de expresión del pueblo de Honduras, la cual es reprimida violentamente por los cuerpos de seguridad.
El pasado 20 y 21 de agosto centenares de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, llegaron a Tegucigalpa para protestar porque la justicia no les favorece, y 27 fueron “cazados” prácticamente por policías COBRAS y preventivos, golpeados salvajemente y amenazados incluso con desaparecerles.
El día 20 de agosto un guardia de seguridad de la Corte Suprema de Justicia había disparado contra los manifestantes que esperaban en las afueras de ese Poder del Estado a que una Comisión conformada por la dirigencia campesina sesionara con el presidente de esa institución, y aunque había un fuerte contingente policial ninguno detuvo al celador, unos minutos después los campesinos y campesinas fueron reprimidas, dejando a varias personas golpeadas en la cabeza y varias partes del cuerpo.
Ninguna de ella violentó normas legales establecidas únicamente demandaban justicia, ese día ninguno fue llevado a la cárcel pero el día siguiente el panorama cambió.
“Mandame de las bombas más fuertes para tirárselas a estos perros y que se vayan”, señaló un oficial de policía a través del celular, estaba solicitando gases lacrimógenos con más potencia, las emanaciones tóxicas de éstas han enviado a la tumba de más de seis personas, entre ellas a Wendy Ávila, una miembra de la resistencia que inhaló los gases que en abundancia fueron lanzados a los manifestantes el 21 de septiembre de 2009 cuando el presidente Manuel Zelaya Rosales se alojó en esa sede diplomática en pleno golpe de Estado.
Fiscales y jueces aplican la figura de manifestaciones ilícitas para coartar la libertad de expresión en el país
A Denis Santos (61) los policías le quebraron la nariz de un toletazo
“Ya la cagan (molestan) estos campesinos hijos de p… móntemosles ver……..(golpearlos)” , expresó con mucho desprecio un oficial de la policía cuando los y las manifestantes gritaban consignas en protesta porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no recibió una comisión delegada que abordaría con el funcionario la participación de magistrados en delitos como cohecho y prevaricato al supuestamente aceptar grandes sumas de dinero para favorecer con sentencias a los terratenientes René Morales y Miguel Facussé.
En efecto procedieron a golpear salvajemente a las personas, don Daniel Santos, un hombre de 61 años los policías le dieron de toletazos en las piernas y le quebraron su nariz, “esos bárbaros me golpearon bastante, mire cómo me dejaron y después se rieron de mí porque llegaron a sacarme al hospital para traerme a esta bartolina. Me duele bastante “, dijo mientras gruesas gotas de sangre manaban por los tabiques de su nariz destrozada, pero ni aún así fue asistido por un médico.
Después de permanecer varias horas detenidos, los detenidos en Tegucigalpa fueron enviados a un Juez de Conciliación, pero el acta según denuncia de los propios campesinos fue invalidada por el Jefe de la Policía Metropolitana Número Uno, Elvin Bonilla, quien decidió después llevarlos en patrullas a todos los detenidos sin decir hacia dónde los conducía. Apareciendo después en la jefatura que él dirige ya acusados de los delitos de manifestación ilícita, el jefe de Bonilla, el ministro de Seguridad Juan Carlos Bonilla dijo al periodista Giorgio Trucchi de LINyM.
El ministro de seguridad señaló que “En este caso miré algo raro: si estamos en presencia de un delito ¿por qué se remitieron (los campesinos) a un juez de Conciliación? Hasta me llamó el presidente de la Corte Suprema de Justicia y le expliqué lo que estaba pasando y que ya los habían puesto el libertad. No se dio ningún procedimiento más que no fue haberlo puesto en libertad, aparentemente porque habían cometido una falta. En ningún momento voy a dar la instrucción para que se haga lo contrario, sino que cada quien sabe lo que tiene que hacer y lo que corresponde de acuerdo a la ley”.
Lo
irrisorio del caso es que la Fiscalía de Derechos Humanos dice estar
investigando si hubo exceso de uso de la fuerza, aunque los distintos
medios corporativos de comunicación con lujo de detalles exhibieron
videos y fotografías de la represión, donde apareció bajo las botas
policiales y arrastrado don Daniel Santos.En un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, sobre la represión en las manifestaciones, señala que “La Comisión ha considerado que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas”.
“No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes”, alerta la CIDH.
En Planes se une la fuerza Xatruch III
Militares de la Fuerza Xatruch III enviado por el régimen de Lobo Sosa a la zona del Aguán se unieron a la represión contra campesinos que reclamaban la libertad de los que habían sido detenidos en Tegucigalpa el 21 de agosto.
El desalojo violento dejó decenas de golpeados, unos 20 detenidos y miles de perseguidos debido a que mucha gente corrió a los montes para protegerse de los toletazos y balas que en abundancia fueron aplicados a los manifestantes pacíficos.
Unos 20 detenidos dejó el desalojo de Planes Las Xatruch dicen que tienen un equipo especial de capturas y no están respetando ni siquiera a los niños, discapacitados y adultos mayores.
Melkis Omar Mejía Orellán (20), un joven discapacitado venía de la Abiscinia junto a su hermano Nelson Wilmer Mejía Orellana (18), cuando pasaron por Planes ya la represión estaba en su punto álgido, fueron detenidos y golpeados.
Aunque Wilmer les lloró a los policías que no se los llevaran detenidos porque no era parte de la manifestación sino que acompañaba a su pariente para buscarle medicinas para su problema mental, eso no valió nada y Melquis recibió un toletazo en la oreja.
“A lo que vienen los militares y policías es a aplacar la lucha de resistencia de los campesinos, traen un objetivo bien definido, pero los campesinos tienen el suyo que es no claudicar en su lucha por la tierra”, señaló Esly Banegas de COPA.
Denunció que aunque se reunieron con la Coordinadora de fiscales de la zona, y le plantearon la situación de uno de los heridos que estaba en la posta policial y que necesitaba un médico, ninguna aurtoridad hizo nada.
Para Banegas se trata simplemente de impunidad, la cual margina derechos y protege delitos de funcionarios del Estado.
La abogada Karol Cárdenas quien ha sido apoderada legal en representación del COFADEH para víctimas de violaciones a los derechos humanos que han participado en protestas pacíficas y han sido llevados a los tribunales de justicia por manifestaciones ilícitas, dijo que lo que quieren es coartar el derecho a la libre expresión.
Las
manifestaciones públicas las cuales son pacíficas se llevan a cabo ante
la falta de respuesta del Estado a la demanda de los diversos sectores
que no les queda más que ir a las calles y entonces los meten presos
los mandan a los juzgados donde les dan medidas sustitutivas
imponiéndoles que ya no pueden ir a las manifestaciones.Informó que lamentablemente el Estado es Juez y parte en los juicios. “No hemos podido lograr que los jueces sobresean los delitos de manifestación ilícita en la primera instancia, hemos tenido que apelar y lo que han hecho es un sobreseimiento provisional, pero los acusados tienen procesos abiertos todavía”.
Para Jhony Rivas, del MUCA de lo que se trata es de desarticular el movimiento campesino, “pero no nos van a parar la tierra es nuestra y no vamos a claudicar, este estado ilegal quiere que agachemos la cabeza mientras nos toletean, pero están equivocados”, advirtió desde su celda en la Policía Metropolitana el pasado 22 de agosto.
A él junto a 24 personas más un juez les señaló que les prohibía salir del país, que debían firmar cada ocho días en el juzgado y que no debían acercarse a manifestaciones.
Sobre el tema de las manifestaciones pacíficas el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, emitió declaraciones en conferencia de prensa en Honduras el pasado 15 de agosto y dijo que hay que recordar que la libertad de expresión se puede dar a través de cualquier medio y esto incluye el derecho a la movilización y manifestación pacífica por medio de la cual organizaciones o sectores sociales pueden hacer ver su descontento con políticas públicas, concesiones de explotación de recursos naturales o actitudes de funcionarios.
“El derecho a manifestarse pacíficamente debe ser garantizado constitucionalmente sin exigencia de permiso o autorización previa, ni más limitaciones que la exigencia de ser pacíficas y la protección de los derechos de los demás. En momentos de crisis el Estado debe agotar el diálogo y si la crisis es violenta utilizar la fuerza pública con criterio de proporcionalidad usando el mínimo de fuerza necesaria para re-establecer el orden y sin utilizar la detención arbitraria por el solo hecho de ser manifestante”. Señaló La Rue. Vea sus declaraciones acá.
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