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Madrid, agosto 30 de 2012. - Este jueves se celebra el Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y España tiene
el dudoso honor de ser la única democracia mundial que no ha
investigado el terrorismo de Estado una vez superada la dictadura,
según Rodríguez Arias. De poco sirvieron las recomendaciones del Comité
de Derechos Humanos de la ONU de 2008 o el informe de Amnistía
Internacional Casos cerrados, heridas abiertas.
El desamparo de las
víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España, publicado el 9
de mayo de 2012, que insta a España a derogar la ley de amnistía,
investigar los crímenes y exhumar las fosas comunes. El Estado español,
más allá del tímido intento que supuso La Ley de Memoria Histórica de
2007, no ha hecho nada por sacar de las cunetas a sus desaparecidos.
Las cifras que se barajan son inexactas, se basan en teorías y
en cálculos aproximativos y siempre hablan en términos mínimos, pero
son escalofriantes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica que preside Emilio Silva calcula que 88.000 personas,
aproximadamente, continúan enterradas en fosas comunes en cualquier
rincón de España. “En casi todas las capitales de provincia hay una
fosa. Pero el número de personas que hay dentro es difícil de calcular
porque se ha destruido mucha documentación de la dictadura y porque hay
casos de personas que no han sido reclamados por familiares”, relata a
Público Emilio Silva.
La cifra inicial de la que se parte es
que, en 1975 cuando Franco falleció y se inició el período de
transición, las cunetas españolas albergaban alrededor de 93.000
muertos. A esa cifra total, Emilio Silva resta una cifra que oscila
entre los 1.000 y 2.000 cuerpos que fueron exhumados desde la
transición hasta el golpe de Estado de Tejero en 1981 y otros 6.000 que
han sido recuperados desde el año 2000 hasta la actualidad.
“Las
cifras que barajamos siempre se quedan cortas”, apunta José María
Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria,
que señala que siempre que se analiza a fondo cualquier provincia de
España aparece al menos una fosa de la que no había ninguna prueba
documental.
Está más claro el número de fosas comunes que se
encuentran a lo largo y ancho del territorio español, en total, 2.246
señaladas en la Península, de las que prácticamente la mitad se
encuentran repartidas entre Aragón (594) y Andalucía (492). Tras estas
dos comunidades, están el Principado de Asturias (320), Castilla y León
(187), Catalunya (151), Castilla-La Mancha (139), País Vasco (92), País
Valenciá (85), Madrid (51), Extremadura y Galicia (46 en cada una),
Navarra (16), Cantabria (7), La Rioja y Murcia (6 en cada una), Balears
(4), Canarias (2) y Ceuta y Melilla (una fosa en cada ciudad
autónoma).
Futuro incierto
El futuro de los miles de
cuerpos de asesinados durante la Guerra Civil que continúan en las
fosas comunes es aún hoy, 37 años después de la muerte de Franco,
incierto. Las reticencias de algunos sectores de la sociedad para su
apertura, el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica y
la falta de fondos ha repercutido negativamente en las investigaciones
y exhumaciones. Las asociaciones de memoria histórica siguen
denunciando el “sin sentido” que supone que sean las familias de los
desaparecidos las que tengan que promover las investigaciones y
posteriores exhumaciones.
“Los familiares no sólo tuvieron la
desgracia de haber sufrido la pérdida de un ser querido y su
estigmatización, sino que aún hoy tienen que hacerso cargo de las
exhumaciones. Es un sin sentido”, denuncia Emilio Silva, quien, no
obstante, asegura que a pesar de las dificultades encontradas no tienen
intención de cesar en este trabajo.
En este sentido, José María
Pedreño asegura que el movimiento memorialista “no va a parar”. “No se
trata sólo de la defensa a ultranza de los derechos humanos sino de
luchar contra la impunidad. No se puede permitir que muchos herederos
de los que declararon la guerra a un sistema democrático, eliminaron
sistemáticamente a sus rivales políticos y gobernaron a base de
Consejos de Guerra, hoy estén disfrutando de muchos privilegios
económicos y políticos”, denuncia.
El Gobierno español incumple sus compromisos internacionales
La
Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (Red AQUA), en la que
están integradas más de 30 organizaciones sociales, denuncia que el
Estado español no investiga las desapariciones forzadas “incumpliendo
sus obligaciones internacionales”. En este sentido, la Red señala que ni
el Gobierno español ni la Judicatura han respondido a los
requirimientos judiciales de la Justicia argentina de “identificación de
los personajes políticos, militares policiales del periodo que va
desde el alzamiento militar-fascista hasta las primeras elecciones de
1977".
Asimismo, la Red denuncia que el Gobierno de Rajoy, así
como el de Zapatero, no han cumplido con las recomendaciones del Comité
de Derechos Humanos de la ONU de 2008, que instaban a España a abolir
la Ley de Aministía aprobada durante la Transición y a investigar los
crímenes del franquismo. “España, al no investigar las desapariciones
forzadas, no sólo está incumpliendo sus obligaciones internacionales
sino que está contribuyendo a que perdure el crimen como tal, y a
aumentar los daños que las desapariciones provocan. Esto es
particularmente grave: conmemoran la lucha contra un crimen que en
realidad contribuyen a agravar”, denuncia la Red en un comunicado de
prensa.
jueves, 30 de agosto de 2012
España: Al menos 88.000 víctimas del franquismo continúan sepultadas en fosas comunes
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