martes, 14 de febrero de 2012

A dos años del asesinato de Julio Fúnes Benítez, su caso está engavetado por el Ministerio Público


 

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Tegucigalpa.

Sus familiares no le olvidan, ni sus vecinos en la Colonia Brisas de Olancho, Julio Fúnes Benítez, un sindicalista del Sindicato del Agua y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, vive en la memoria de quienes exigen justicia y que se desempolve su caso que permanece en la gaveta de fiscales del Ministerio Público, sin moverse. Un velo de impunidad lo cubre desde  que fuera asesinado en el año 2010.

Fue el 15 de febrero, este miércoles ya cumple dos años, hombres en motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida en su propia colonia donde residía y a pocos pasos de su vivienda cuando él fue a comprar algo en una pulpería.

“No han hecho absolutamente nada, es lamentable que esto suceda, el crimen contra mi esposo nos cambió radicalmente la vida”, dijo doña Lidia, una mujer que a pesar del dolor siempre tiene una sonrisa en sus labios y es ella sola ahora el sostén de su familia.


Este domingo 12 de febrero los vecinos de la colonia Brisas de Olancho organizaron un rezo en su memoria, como lo hacen desde que fue acribillado. Lo recuerdan con mucho cariño porque fue un hombre ejemplar, al momento de su muerte era el presidente del patronato de su localidad y se preocupaba mucho porque se desarrollara su colonia.

En el FNRP era quien cargaba siempre una pancarta recordando cuántos días llevamos de golpe de Estado, siempre estaba al frente de las marchas y tenía el sueño de que Honduras fuera nueva a través de una Asamblea Nacional Constituyente para que se elaborara un nueva constitución.

Por qué lo mataron si era un hombre que amaba mucho a la gente se preguntan sus tres hijas que lo extrañan pues iban a las movilizaciones a acompañarlo.


Julio Fúnes Benítez en vida
Ese día 15 de febrero de 2010 hacía unos cuantos minutos había llegado de una reunión de su sindicato, nunca se imaginó que serían sus últimas horas de vida.

Cuando sucedió el hecho criminal la policía del sector  no atendió la denuncia sobre el asesinato, eso contribuyó para que los ejecutores salieran tranquilamente después de cometer el crimen, a pesar que la calle solo tiene una salida, la actitud policial pareciera que linda con la complicidad, pues se trataba de un hecho criminal y no actuaron.

Su esposa e hijas estuvieron constantemente acosadas por hombres armados que se apostaban en las afueras de su vivienda, por lo que se vieron en la necesidad de emigrar por temor a sus vidas.

De nada sirvieron las medidas de protección que debía implementar la policía, eso se quedó en  promesas.

El domingo los vecinos, la familia y delegadas del COFADEH estuvieron recordándole, era un hombre de mucho temple, sin quiebres, según le conocieron.

Allí estuvieron las cartas de solidaridad que les enviaron defensoras y defensores de derechos humanos internacionales.

Defensores de derechos humanos en el extranjero, han adoptado varios casos de asesinatos políticos en el golpe de Estado, entre estos está el de Julio Funes Benítez, por las organizaciones LATF, ICPJ, Ann Arbor, MI.

Ellas hacen acciones constantes para que el régimen de Porfirio Lobo Sosa esclarezca el crimen. También envían cartas de apoyo a la familia, principalmente en fecha importantes, donde la ausencia del ser querido se hace sentir y las lágrimas corren por las mejillas.

Otros casos también fueron adoptados como el de  Isy Obed Murrillo a cargo del grupo Catholic Worker, IOWA; Ilse Velásquez, Portland, Maine;; Félix Murillo, un grupo de la parroquia Católica de Lorraine, Ohio; y el caso de Mario Contreras, el grupo “Mario Fidel Contreras” Justice Committee, First Congregational Church UCC of Ashfield, Massashusetts.

En un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido el 08 de marzo de 2010, a un mes y siete días del asesinato de Julio Funes Benítez, este organismo internacional condenó y lamentó los asesinatos miembros activos de la resistencia al golpe de Estado.

Señaló además que “Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”.

El 26 de julio de 2011 unas 11 familias de víctimas mortales del golpe militar de  Estado,  llegaron al Ministerio Público vistiendo camisetas,  fotos de sus parientes, mantas y gritando consignas para exigir justicia, entre ellas estaba la familia de Julio Fúnes Benítez.

Este fue el comunicado que entregaron a periodistas de distintos medios de comunicación:

11 casos, 11 gritos, 11 peticiones… Vendrán otras

Hoy los familiares de 11 víctimas asesinadas después del golpe de estado militar comparecemos aquí ente el Ministerio Público y pasado mañana ante las Naciones Unidas ¡exigiendo justicia!

Una a una, todas las familias, estaremos desde todos los confines del país con el dedo índice sobre fiscales, investigadores, policías, magistrados y jueces.

Somos la nueva generación de víctimas, que emerge del dolor del golpe de estado, cuya continuación se niega a la justicia mientras se hunde la impunidad.

Isy Obed Murillo, Ilse Ivannia Velásquez, Roger Vallejo, Félix Murillo, Mario Fidel Contreras, Manuel Flores, Karen Yessenia Hernández,  Walter Tróchez, Julio Fúnez, Pedro Magdiel Múnoz, Pablo Villanueva. Están aquí.

Oros vendrán.

En esta reclamación nos acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que comparte su experiencia de lucha a través de tres décadas contra las ejecuciones arbitrarias y sumarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestros, detenciones ilegales masivas y represión a manifestaciones pacíficas.

La mayoría de los hechos cumplen casi dos años de haber sido cometidos, pero ninguna investigación ha sido organizada con seriedad por el Ministerio Público.

El principio de debida diligencia en casos de violaciones graves de derechos humanos es solamente una insistente declaración impresionista de consumo mediático, pues no hemos sido incluidos ni respetados en nuestro derechos a saber.

El derecho universal de las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos a conocer la verdad ha sido sistemáticamente violado.

Hoy acusamos al Ministerio Público no solamente por ocultar sus diligencias, sino por obstaculizar el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos.

No queremos volver a vivir la situación de los años ochentas hasta mediados de los noventa cuando el Estados de Honduras aplicó una política de represión, ocultó las evidencias y protegió a los criminales.

En consecuencia, solicitamos a la comunidad nacional e internacional que exija a las instituciones sobrevivientes del golpe de Estado que investiguen de forma imparcial e inmediata  las circunstancias que provocaron la muerte de nuestros familiares.

Estamos aquí para advertir que siempre estaremos, que volveremos y que no nos iremos.

De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón

Tegucigalpa, 26 de julio de 2011

A dos años del asesinato de Julio Fúnes Benítez, su caso está engavetado por el Ministerio Público

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Tegucigalpa.

Sus familiares no le olvidan, ni sus vecinos en la Colonia Brisas de Olancho, Julio Fúnes Benítez, un sindicalista del Sindicato del Agua y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, vive en la memoria de quienes exigen justicia y que se desempolve su caso que permanece en la gaveta de fiscales del Ministerio Público, sin moverse. Un velo de impunidad lo cubre desde  que fuera asesinado en el año 2010.

Fue el 15 de febrero, este miércoles ya cumple dos años, hombres en motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida en su propia colonia donde residía y a pocos pasos de su vivienda cuando él fue a comprar algo en una pulpería.

“No han hecho absolutamente nada, es lamentable que esto suceda, el crimen contra mi esposo nos cambió radicalmente la vida”, dijo doña Lidia, una mujer que a pesar del dolor siempre tiene una sonrisa en sus labios y es ella sola ahora el sostén de su familia.

Este domingo 12 de febrero los vecinos de la colonia Brisas de Olancho organizaron un rezo en su memoria, como lo hacen desde que fue acribillado. Lo recuerdan con mucho cariño porque fue un hombre ejemplar, al momento de su muerte era el presidente del patronato de su localidad y se preocupaba mucho porque se desarrollara su colonia.

En el FNRP era quien cargaba siempre una pancarta recordando cuántos días llevamos de golpe de Estado, siempre estaba al frente de las marchas y tenía el sueño de que Honduras fuera nueva a través de una Asamblea Nacional Constituyente para que se elaborara un nueva constitución.

Por qué lo mataron si era un hombre que amaba mucho a la gente se preguntan sus tres hijas que lo extrañan pues iban a las movilizaciones a acompañarlo.


Julio Fúnes Benítez en vida
Ese día 15 de febrero de 2010 hacía unos cuantos minutos había llegado de una reunión de su sindicato, nunca se imaginó que serían sus últimas horas de vida.

Cuando sucedió el hecho criminal la policía del sector  no atendió la denuncia sobre el asesinato, eso contribuyó para que los ejecutores salieran tranquilamente después de cometer el crimen, a pesar que la calle solo tiene una salida, la actitud policial pareciera que linda con la complicidad, pues se trataba de un hecho criminal y no actuaron.

Su esposa e hijas estuvieron constantemente acosadas por hombres armados que se apostaban en las afueras de su vivienda, por lo que se vieron en la necesidad de emigrar por temor a sus vidas.

De nada sirvieron las medidas de protección que debía implementar la policía, eso se quedó en  promesas.

El domingo los vecinos, la familia y delegadas del COFADEH estuvieron recordándole, era un hombre de mucho temple, sin quiebres, según le conocieron.

Allí estuvieron las cartas de solidaridad que les enviaron defensoras y defensores de derechos humanos internacionales.

Defensores de derechos humanos en el extranjero, han adoptado varios casos de asesinatos políticos en el golpe de Estado, entre estos está el de Julio Funes Benítez, por las organizaciones LATF, ICPJ, Ann Arbor, MI.

Ellas hacen acciones constantes para que el régimen de Porfirio Lobo Sosa esclarezca el crimen. También envían cartas de apoyo a la familia, principalmente en fecha importantes, donde la ausencia del ser querido se hace sentir y las lágrimas corren por las mejillas.

Otros casos también fueron adoptados como el de  Isy Obed Murrillo a cargo del grupo Catholic Worker, IOWA; Ilse Velásquez, Portland, Maine;; Félix Murillo, un grupo de la parroquia Católica de Lorraine, Ohio; y el caso de Mario Contreras, el grupo “Mario Fidel Contreras” Justice Committee, First Congregational Church UCC of Ashfield, Massashusetts.

En un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido el 08 de marzo de 2010, a un mes y siete días del asesinato de Julio Funes Benítez, este organismo internacional condenó y lamentó los asesinatos miembros activos de la resistencia al golpe de Estado.

Señaló además que “Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”.

El 26 de julio de 2011 unas 11 familias de víctimas mortales del golpe militar de  Estado,  llegaron al Ministerio Público vistiendo camisetas,  fotos de sus parientes, mantas y gritando consignas para exigir justicia, entre ellas estaba la familia de Julio Fúnes Benítez.

Este fue el comunicado que entregaron a periodistas de distintos medios de comunicación:

11 casos, 11 gritos, 11 peticiones… Vendrán otras

Hoy los familiares de 11 víctimas asesinadas después del golpe de estado militar comparecemos aquí ente el Ministerio Público y pasado mañana ante las Naciones Unidas ¡exigiendo justicia!

Una a una, todas las familias, estaremos desde todos los confines del país con el dedo índice sobre fiscales, investigadores, policías, magistrados y jueces.

Somos la nueva generación de víctimas, que emerge del dolor del golpe de estado, cuya continuación se niega a la justicia mientras se hunde la impunidad.

Isy Obed Murillo, Ilse Ivannia Velásquez, Roger Vallejo, Félix Murillo, Mario Fidel Contreras, Manuel Flores, Karen Yessenia Hernández,  Walter Tróchez, Julio Fúnez, Pedro Magdiel Múnoz, Pablo Villanueva. Están aquí.

Oros vendrán.

En esta reclamación nos acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que comparte su experiencia de lucha a través de tres décadas contra las ejecuciones arbitrarias y sumarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestros, detenciones ilegales masivas y represión a manifestaciones pacíficas.

La mayoría de los hechos cumplen casi dos años de haber sido cometidos, pero ninguna investigación ha sido organizada con seriedad por el Ministerio Público.

El principio de debida diligencia en casos de violaciones graves de derechos humanos es solamente una insistente declaración impresionista de consumo mediático, pues no hemos sido incluidos ni respetados en nuestro derechos a saber.

El derecho universal de las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos a conocer la verdad ha sido sistemáticamente violado.

Hoy acusamos al Ministerio Público no solamente por ocultar sus diligencias, sino por obstaculizar el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos.

No queremos volver a vivir la situación de los años ochentas hasta mediados de los noventa cuando el Estados de Honduras aplicó una política de represión, ocultó las evidencias y protegió a los criminales.

En consecuencia, solicitamos a la comunidad nacional e internacional que exija a las instituciones sobrevivientes del golpe de Estado que investiguen de forma imparcial e inmediata  las circunstancias que provocaron la muerte de nuestros familiares.

Estamos aquí para advertir que siempre estaremos, que volveremos y que no nos iremos.

De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón

Tegucigalpa, 26 de julio de 2011

A dos años del asesinato de Julio Fúnes Benítez, su caso está engavetado por el Ministerio Público

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Sus familiares no le olvidan, ni sus vecinos en la Colonia Brisas de Olancho, Julio Fúnes Benítez, un sindicalista del Sindicato del Agua y miembro activo del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, vive en la memoria de quienes exigen justicia y que se desempolve su caso que permanece en la gaveta de fiscales del Ministerio Público, sin moverse. Un velo de impunidad lo cubre desde  que fuera asesinado en el año 2010.

Fue el 15 de febrero, este miércoles ya cumple dos años, hombres en motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida en su propia colonia donde residía y a pocos pasos de su vivienda cuando él fue a comprar algo en una pulpería.

“No han hecho absolutamente nada, es lamentable que esto suceda, el crimen contra mi esposo nos cambió radicalmente la vida”, dijo doña Lidia, una mujer que a pesar del dolor siempre tiene una sonrisa en sus labios y es ella sola ahora el sostén de su familia.

Este domingo 12 de febrero los vecinos de la colonia Brisas de Olancho organizaron un rezo en su memoria, como lo hacen desde que fue acribillado. Lo recuerdan con mucho cariño porque fue un hombre ejemplar, al momento de su muerte era el presidente del patronato de su localidad y se preocupaba mucho porque se desarrollara su colonia.

En el FNRP era quien cargaba siempre una pancarta recordando cuántos días llevamos de golpe de Estado, siempre estaba al frente de las marchas y tenía el sueño de que Honduras fuera nueva a través de una Asamblea Nacional Constituyente para que se elaborara un nueva constitución.

Por qué lo mataron si era un hombre que amaba mucho a la gente se preguntan sus tres hijas que lo extrañan pues iban a las movilizaciones a acompañarlo.


Julio Fúnes Benítez en vida
Ese día 15 de febrero de 2010 hacía unos cuantos minutos había llegado de una reunión de su sindicato, nunca se imaginó que serían sus últimas horas de vida.

Cuando sucedió el hecho criminal la policía del sector  no atendió la denuncia sobre el asesinato, eso contribuyó para que los ejecutores salieran tranquilamente después de cometer el crimen, a pesar que la calle solo tiene una salida, la actitud policial pareciera que linda con la complicidad, pues se trataba de un hecho criminal y no actuaron.

Su esposa e hijas estuvieron constantemente acosadas por hombres armados que se apostaban en las afueras de su vivienda, por lo que se vieron en la necesidad de emigrar por temor a sus vidas.

De nada sirvieron las medidas de protección que debía implementar la policía, eso se quedó en  promesas.

El domingo los vecinos, la familia y delegadas del COFADEH estuvieron recordándole, era un hombre de mucho temple, sin quiebres, según le conocieron.

Allí estuvieron las cartas de solidaridad que les enviaron defensoras y defensores de derechos humanos internacionales.

Defensores de derechos humanos en el extranjero, han adoptado varios casos de asesinatos políticos en el golpe de Estado, entre estos está el de Julio Funes Benítez, por las organizaciones LATF, ICPJ, Ann Arbor, MI.

Ellas hacen acciones constantes para que el régimen de Porfirio Lobo Sosa esclarezca el crimen. También envían cartas de apoyo a la familia, principalmente en fecha importantes, donde la ausencia del ser querido se hace sentir y las lágrimas corren por las mejillas.

Otros casos también fueron adoptados como el de  Isy Obed Murrillo a cargo del grupo Catholic Worker, IOWA; Ilse Velásquez, Portland, Maine;; Félix Murillo, un grupo de la parroquia Católica de Lorraine, Ohio; y el caso de Mario Contreras, el grupo “Mario Fidel Contreras” Justice Committee, First Congregational Church UCC of Ashfield, Massashusetts.

En un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitido el 08 de marzo de 2010, a un mes y siete días del asesinato de Julio Funes Benítez, este organismo internacional condenó y lamentó los asesinatos miembros activos de la resistencia al golpe de Estado.

Señaló además que “Honduras debe adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal. Todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política”.

El 26 de julio de 2011 unas 11 familias de víctimas mortales del golpe militar de  Estado,  llegaron al Ministerio Público vistiendo camisetas,  fotos de sus parientes, mantas y gritando consignas para exigir justicia, entre ellas estaba la familia de Julio Fúnes Benítez.

Este fue el comunicado que entregaron a periodistas de distintos medios de comunicación:

11 casos, 11 gritos, 11 peticiones… Vendrán otras

Hoy los familiares de 11 víctimas asesinadas después del golpe de estado militar comparecemos aquí ente el Ministerio Público y pasado mañana ante las Naciones Unidas ¡exigiendo justicia!

Una a una, todas las familias, estaremos desde todos los confines del país con el dedo índice sobre fiscales, investigadores, policías, magistrados y jueces.

Somos la nueva generación de víctimas, que emerge del dolor del golpe de estado, cuya continuación se niega a la justicia mientras se hunde la impunidad.

Isy Obed Murillo, Ilse Ivannia Velásquez, Roger Vallejo, Félix Murillo, Mario Fidel Contreras, Manuel Flores, Karen Yessenia Hernández,  Walter Tróchez, Julio Fúnez, Pedro Magdiel Múnoz, Pablo Villanueva. Están aquí.

Oros vendrán.

En esta reclamación nos acompaña el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), que comparte su experiencia de lucha a través de tres décadas contra las ejecuciones arbitrarias y sumarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestros, detenciones ilegales masivas y represión a manifestaciones pacíficas.

La mayoría de los hechos cumplen casi dos años de haber sido cometidos, pero ninguna investigación ha sido organizada con seriedad por el Ministerio Público.

El principio de debida diligencia en casos de violaciones graves de derechos humanos es solamente una insistente declaración impresionista de consumo mediático, pues no hemos sido incluidos ni respetados en nuestro derechos a saber.

El derecho universal de las familias de víctimas de violaciones a los derechos humanos a conocer la verdad ha sido sistemáticamente violado.

Hoy acusamos al Ministerio Público no solamente por ocultar sus diligencias, sino por obstaculizar el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos.

No queremos volver a vivir la situación de los años ochentas hasta mediados de los noventa cuando el Estados de Honduras aplicó una política de represión, ocultó las evidencias y protegió a los criminales.

En consecuencia, solicitamos a la comunidad nacional e internacional que exija a las instituciones sobrevivientes del golpe de Estado que investiguen de forma imparcial e inmediata  las circunstancias que provocaron la muerte de nuestros familiares.

Estamos aquí para advertir que siempre estaremos, que volveremos y que no nos iremos.

De los hechos y de los hechores, Ni olvido ni perdón

Tegucigalpa, 26 de julio de 2011

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