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| Margaret Sekaggya resaltó que la Fiscalía Especial de Derechos Humanos está siendo afectada por interferencia política |
La creación de un Programa Nacional de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, fue una de las principales recomendaciones dadas a conocer en conferencia de prensa por parte de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya.
Sekaggya desnudó las falencias existentes en todas las estructuras del Estado encargadas de brindar y aplicar justicia, de tal manera de tal manera que tanto la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial están en deuda con los defensores y defensoras de derechos humanos
“He observado que ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluyendo periodistas, trabajadores del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), abogados, fiscales y jueces, así como los defensores y defensoras que abogan por los derechos de la mujer, la niñez, la comunidad LGTBI, las comunidades indígenas y afro-hondureñas y también aquellos que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y el derecho a la tierra”, señaló al inicio de la lectura del Informe Preliminar sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.
Señaló que la ausencia de un programa nacional de protección para defensores y defensoras de derechos humanos es una de las principales preocupaciones manifestada por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las personas que ejercen la defensoría de derechos fundamentales del pueblo hondureño.
“Debo manifestar que el Estado tiene la obligación de llevar a cabo la diligencia debida y debe tomar medidas preventivas para proteger a las personas que se encuentran en situación de riesgo por defender los derechos humanos”, enfatizó Sekaggya.
Añadió que dichas fallas en las medidas de protección hacen que el grado de vulnerabilidad de los defensores y defensoras de derechos humanos aumente, se obstruye la capacidad de las autoridades para realizar las investigaciones y como consecuencia se contribuye con el ciclo de impunidad.
Sobre el particular, la funcionaria de Naciones Unidas expresó que “la capacidad del Ministerio público para llevar a cabo las investigaciones criminales efectivas e imparciales, se han visto seriamente afectadas por la supuesta participación de miembros de la fuerza policial en las ejecuciones de crímenes, incluyendo aquellos que representan serias violaciones de los derechos humanos. He recibido información indicando que miembros de la policía, incluyendo algunos de alto rango, han impedido y obstruido las investigaciones”.
Sobre el tema de la impunidad, la Relatora fustigó la falta de independencia del Poder Judicial
Yendo más a profundidad Margaret Sekaggya resaltó que “la Fiscalía Especial de Derechos Humanos está siendo afectada por interferencia política, falta de eficiencia, carencia de recursos y el personal que labora en dicha oficina ha sido amenazado”.
Llamó la atención que la Relatora de Naciones Unidas recibió testimonios de defensores y defensoras de derechos humanos le confiaron que se abstenían de buscar protección debido a que le temen a la policía y que el contacto con la misma los expone a mayores riesgos de seguridad.
Es a partir de esto, que Sekaggya recomendó al Estado de Honduras, disponer de una unidad entrenada y específica para que brinde protección a los defensores y defensoras de derechos humanos.
Sobre el tema de la impunidad, la Relatora fustigó la falta de independencia del Poder Judicial, lo cual afecta negativamente la efectividad de la administración de justicia y el rol potencial de los jueces que actúan como defensores y defensoras de derechos humanos. En consecuencia, medidas de protección como el Habés Corpus y Amparo se convierten en mecanismo ilusorios.
“La ausencia de un órgano autónomo para salvaguardar la independencia del Poder Judicial y supervisar el nombramiento, promoción y reglamentación de la profesión judicial ha sido socavada por interferencia política, poniendo en riesgo la legitimidad del mismo”, apuntó la funcionaria.
Honduras enfrenta serios desafíos en el combate a la violencia e inseguridad. La impunidad reinante y la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones de derechos humanos socaban la administración de justicia, deterioran y deterioran la confianza de la sociedad hacia las autoridades.
El golpe de Estado de 2009 agravó aún más la debilidad institucional, aumentando la vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y provocando una mayor polarización del pueblo hondureño. Debido al rol protagónico por la naturaleza de sus actividades, los defensores de derechos humanos continúan exponiéndose y por ende continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas a muerte, ataques, acoso y estigmatización.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también fue cuestionado por Sekaggya cuando ésta apuntó que no ha podido desempeñar eficazmente sus funciones a pesar de que el estado cuenta con un ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Me gustaría enfatizar que la responsabilidad institucional por la supervisión de la protección de los derechos humanos debe recaer en el ámbito de una institución nacional de derechos humanos que sea independiente, la falta de coordinación entre las autoridades genera una brecha en el cumplimiento del deber de protección. Esta debilidad institucional genera a su vez, falta de credibilidad en el sistema nacional de protección de derechos humanos”, dijo.
Sekaggya cuestionó la creación de leyes como el decreto 32-211 o “Ley Especializada de Fomento para las Organizaciones No-Gubernamentales de Desarrollo” y el decreto 252-2010 o“Ley Contra el financiamiento de Terrorismo”, por considerarlas que son un obstáculo para que organizaciones de derechos humanos obtengan la personería jurídica.
El 23 de febrero, en el caso de Gladys Lanza, el Estado deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Relatora de Naciones Unidas para los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos recomendó lo siguiente al Estado de Honduras:
1.- Establecer una política de estado que reconozca el indispensable trabajo llevado a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos y su protección.
2.- Un Plan Nacional de acción para los derechos humanos, para lo cual el Estado de Honduras deberá solicitar ayuda técnica a la ONU.
3.- Crear e implementar con carácter de urgencia, un Programa de Protección para defensores y defensoras de derechos humanos que cuente con los recursos necesarios. El programa deberá ser consensuado con las personas a quiénes se les asignen las medidas de protección.
4.- La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos deberá identificar sus prioridades y por ende su rol a fin de evitar cualquier duplicación de trabajo con otras instituciones. Esta Secretaría deberá demostrar liderazgo en la reforma de al comisión interinstitucional para la Protección de Derechos Humanos.
5.- Debe reforzarse el rol y la independencia del Conadeh.
6.- Debe revisarse el marco legislativo nacional legal a fin de armonizarlo con los principios y provisiones de instrumentos internacionales de derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores y defensoras de derechos humanos debería ser incorporada en la legislación nacional y fomentar concientización sobre la definición y rol de los defensores y defensoras de derechos humanos.
7.- Diseñar una política efectiva para investigaciones criminales, con recurso humano y apoyo técnico para asegurar al capacidad investigativa de la Oficina del Fiscal Especial para los Derechos Humanos.
8.- La depuración de la fuerza policial debería ser una prioridad a fin de fomentar la credibilidad de las instituciones responsables para la aplicación de la ley. Una unidad específica de policías entrenados deberá establecerse para la protección de defensores de derechos humanos.
9.- La independencia e imparcialidad del poder judicial es fundamental para asegurar el Estado de derecho, para ello se requiere de un ente independiente que resguarde a la institución judicial.
10. El Estado deberá promover la concientización y diseminar información sobre el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, policías y oficiales públicos deberán contar con capacitación sistemática y contínua sobre estándares de derechos humanos.
11.- El Estado deberá asegurar que tanto actores públicos como privados, incluyendo compañías transnacionales respeten el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. En casos donde actores no estatales han cometido violaciones en contra de defensores de derechos humanos deberán ser investigados, llevados ante la justicia y las víctimas deberán ser reparadas en sus derechos.
12.- Cualquier estigmatización en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, ya sea proveniente de instancias públicas o privadas, por ejemplo medios de comunicación, deberá ser desalentada y oportunamente sancionada
Medidas cautelares de protección
Pese a que muchos defensores y defensoras de derechos humanos gozan de medidas cautelares y de protección emitidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “me preocupa haber recibido información sobre al ausencia de medidas efectivas de protección y de que estos defensores y defensoras se conviertan en víctimas de asesinatos, atentados y amenazas, resultado de la falta de eficacia de dichas medidas”, advirtió la alta funcionaria de Naciones Unidas.
En Honduras hay más de 380 defensores y defensoras de derechos humanos que gozan de medidas cautelares y de protección, sin embargo el Estado a través de la Secretaría de Seguridad no ha implementado dichas medidas, razón por la cual el Gobierno deberá responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, en el caso de la Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, Gladys Lanza.
“En un debido tiempo cumpliré un informe detallado y completo que será presentado al gobierno de Honduras y posteriormente a la comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza”, expresó Sikaggya.
Margaret Sekaggya estuvo acompañada durante la conferencia de prensa por el Coordinador Residente del sistema de Naciones Unidas en honduras, José Manuel Hermida de nacionalidad española.
Del 7 al 14 de febrero de 2012, la Relatora Especial para la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos realizó una visita oficial a Honduras, especialmente las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.
Durante su visita se reunió con funcionarios de Gobierno, de la comunidad diplomática acreditada en Honduras, agencias de las Naciones Unidas, así como con un amplio segmento de la sociedad civil y por supuesto con defensores y defensoras de derechos humanos de Honduras.
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Honduras: experta de la ONU insta al Gobierno a proteger a los defensores de derechos de forma efectiva
Tuesday, 14 February 2012 16:01 Administrador
Tegucigalpa.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas Margaret Sekaggya dijo hoy que los defensores de derechos humanos en Honduras continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización, y solicitó al Gobierno de Honduras la creación urgente de un programa de protección.
“Honduras enfrenta serios desafíos en el combate contra la violencia y la inseguridad”, dijo la experta independiente, encargada de vigilar e informar sobre la situación de los defensores de derechos humanos, al final de su misión al país. “La impunidad reinante y la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones de derechos humanos socaban la administración de justicia y deterioran la confianza de la sociedad hacia sus autoridades”.
“He observado que ciertas categorías de defensores de derechos humanos se encuentran particularmente en situación de riesgo en Honduras, incluidos los periodistas, los trabajadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los abogados, los fiscales y los jueces. Los defensores que abogan por los derechos de la mujer, la niñez, la comunidad LGTBI, las comunidades indígenas y Afro-Hondureñas, así como aquellos que trabajan en temas relacionados con el medio ambiente y el derecho a la tierra, también se encuentran en situación de riesgo”, dijo la experta.
La Relatora Especial señaló que la falta de protección a los defensores de derechos humanos en riesgo aumenta su grado de vulnerabilidad y obstruye la habilidad de las autoridades para realizar investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos. En su opinión, esto contribuye al ciclo de impunidad y afecta negativamente a la confianza de la población en el estado de derecho y la justicia. “En repetidas ocasiones, los defensores de derechos humanos me informaron que se abstenían de buscar protección debido a su temor a la policía, y que el contacto con la misma los expone a mayores riesgos de seguridad”, dijo.
“El Gobierno debería establecer una política de Estado clara que reconozca el indispensable trabajo llevado a cabo por los defensores de derechos humanos, así como asegurar su protección”, declaró la Sra. Sekaggya entre otras recomendaciones. Acogió el compromiso público del Presidente Porfirio Lobo Sosa a implementar sus recomendaciones, señalando que “el Presidente deberá promover y liderar el diálogo entre las autoridades y la sociedad civil, a fin de crear un entorno favorable para los defensores de derechos humanos”.
La experta independiente de la ONU también solicitó la urgente creación de un programa de protección que cuente con recursos necesarios, así como el desarrollo de un marco interinstitucional que asuma la responsabilidad para su coordinación y su revisión regular y transparente, “como una medida crucial para superar la desconfianza de los defensores de derechos humanos hacia las autoridades”.
La Sra. Sekaggya presentará las recomendaciones finales derivadas de su visita al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013.
Durante los ocho días de su misión a Honduras, la Relatora Especial visitó las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y la Ceiba, dónde se reunió con el Presidente Porfirio Lobo Sosa, funcionarios de Gobierno, representantes de los poderes legislativos y judiciales, un amplio segmento de la sociedad civil, las Naciones Unidas y delegaciones diplomáticas.
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