miércoles, 18 de enero de 2012

Del Despacho del Abog. Enrique Flores Lanza


                                                                 COMUNICADO 

                                   ¿TIENE VALIDEZ EL ACUERDO DE CARTAGENA?

Ante el reiterado desconocimiento del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático, firmado en Cartagena de Indias, Colombia,  por el Presidente Porfirio Lobo Sosa y el ex Presidente Manuel Zelaya Rosales, el ex Ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, exigió hoy a la Secretaria de Relaciones Exteriores, se pronuncie y certifique si  dicho Acuerdo tiene validez no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para todos los  poderes del Estado.


Lo anterior en virtud de que, mientras Enrique Flores Lanza se presentó voluntariamente a los tribunales para responder a los juicios incoados y  la Comunidad Internacional da seguimiento al caso, el Fiscal General del Estado y sus subalternos, La Procuraduría General de la República, jueces y magistrados de apelación del Poder Judicial  desconocen totalmente la validez del Acuerdo de Reconciliación de Cartagena.

En el documento presentado, el Abogado Flores Lanza, pone en conocimiento la violación sistemática y desconocimiento reiterado del Acuerdo de Cartagena por parte del Estado de Honduras ante la Comisión de Verificación y Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, del Cuerpo Diplomático, Consular, Organismos Internacionales y de Derechos Humanos acreditados en el país.

El  22 de mayo del año pasado, el Mandatario hondureño y Manuel Zelaya Rosales firmaron dicho documento teniendo como testigos a los Presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Rafael Chávez Frías  respectivamente. 

En el documento se establece que  Honduras seria reincorporada a la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Estado Hondureño garantizaría a Zelaya Rosales y a los miembros de su Gobierno, el ejercicio de todas sus libertades y garantías constitucionales, otorgándoles el derecho de defenderse en libertad de los delitos  fabricados contra ellos, después del Golpe de Estado y ejercer libremente sus derechos políticos.
 
 
Tegucigalpa M.D.C 16 de enero de 2012

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