El 30 de agosto, dos hombres armados no identificados y con el rostro
cubierto por pasamontañas obligaron a José Reynaldo Cruz Palma, de 49
años, a apearse de un minibús en la ciudad de San Pedro Sula, en el
norte de Honduras. Lo esposaron y se lo llevaron en una camioneta. Desde
entonces, no se ha vuelto a saber de él.
Su esposa viajaba con él en ese momento y presenció el secuestro.
“Hasta ahora no ha habido noticias, no hemos recibido ninguna
respuesta, ni del Estado ni de nadie más”, ha dicho a Amnistía
Internacional la esposa de José Reynaldo Cruz Palma, que ha pedido que
no se revele su nombre.
“Se lo llevaron vivo. Lo queremos de vuelta vivo. Los captores de mi
esposo han quedado impunes. Temo por mi familia, y por nuestra vida.”
Los miembros de la comunidad del barrio donde vive Cruz Palma y sus
familiares han pedido públicamente su liberación organizando marchas en
San Pedro Sula y en la capital, Tegucigalpa, el mes pasado.
Se desconoce quién está detrás de su secuestro, pero su familia ha
dicho que no se ha pedido rescate, y sospechan que la policía pueda
estar implicada.
Cruz Palma ha denunciado abiertamente los abusos policiales contra
jóvenes en la zona. Cuando, en un acto público celebrado el 27 de
agosto, expresó su preocupación por los abusos policiales, un policía
allí presente le dijo: “Vos te debés callar porque te consideramos jefe
de la mara”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el 30 de
septiembre a las autoridades hondureñas que emprendieran acciones
inmediatas para averiguar el paradero de Cruz Palma y protegerlo, y para
investigar las circunstancias en torno a su secuestro.
La Comisión dio a Honduras cinco días para presentar un informe.
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se ha
emprendido ninguna acción respecto a las recomendaciones de la Comisión.
“Nos preocupa enormemente que, transcurrido más de un mes desde que
José Reynaldo Cruz Palma fue secuestrado, las autoridades hondureñas no
han tomado medidas concretas para encontrarlo y para llevar a los
responsables ante la justicia”, ha manifestado Guadalupe Marengo,
directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“El convertir a los activistas comunitarios en blanco de secuestros o
amenazas demuestra un desprecio flagrante de los derechos humanos, y las
autoridades deben mandar un mensaje enérgico de que esto no se
tolerará.”
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