Previo a esto, la Junta Proponente deberá sostener su primer
encuentro durante esta semana a fin de construir su reglamento de
funcionamiento, asimismo los alcances de la convocatoria a los
aspirantes de los altos cargos del Estado.
Fue establecida como sede de la Junta la Corte Suprema de Justicia, donde se reunirán hasta que culmine el proceso.
El actual fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla culmina sus funciones el 1 de septiembre, es decir en tres meses.
La mayoría de los representantes de la Junta prometieron un proceso transparente, apartado de determinaciones políticas.
¿Quiénes integran la Junta Proponente?
Ya se completó la Junta Proponente que seleccionará a los candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto del Estado.
El pasado viernes, durante una asamblea la Sociedad Civil eligió a
José Ramón Ávila, director de la ASONOG como representante ante la Junta
Proponente para la elección del fiscal general y fiscal general
adjunto.
Días atrás fueron delegados: Alejandro Hernández, representando al
Colegio de Abogados de Honduras (CAH); Julio Raudales, por parte de las
universidades privadas de Honduras; Odir Fernández, de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); Wagner Vallecillo Paredes elegido
por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ);
Blanca Izaguirre del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(Conadeh) y Rebeca Ráquel presidenta del Poder Judicial, quien presidirá
la Junta Proponente.
¿Cuál es el proceso de elección de los fiscales?
La elección del fiscal general y fiscal adjunto se desarrolla en
varias fases y durante el proceso los participantes son sometidos a
varias etapas de investigación y evaluación por una Junta Proponente
nombrada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Junta Proponente estará presidida por la presidenta de la CSJ,
Rebeca Lizzeth Ráquel Obando, acompañada por un magistrado del Poder
Judicial, un representante de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), un miembro de sociedad civil, uno del Colegio de
Abogados (CAH) y otro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
(Conadeh).
Una vez integrada, la Junta Proponente procede a la creación de un reglamento interno.
Seguidamente, la Junta convocará a la fase de propuestas a los
aspirantes que cumplan con los requisitos necesarios para llegar al MP,
después serán sometidos a una serie de investigaciones y evaluaciones.
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