En esta edición fue galardonado Reinaldo Barahona Reyes, líder indígena Tolupán de la tribu de Las Vegas de Tepemechín, en el municipio de Victoria, Yoro. Desde 2009, ha mantenido una lucha determinante contra la tala ilegal, la minería y la defensa de los bienes comunes de su comunidad. El segundo lugar fue entregado al Consejo Indígena Lenca de Reitoca, Francisco Morazán, que ha hecho frente a la instalación inconsulta de un proyecto hidroeléctrico en el río Petacón. Cinco de sus miembros están siendo criminalizados y judicializados por la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A (Progelsa).
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El tercer premio fue otorgado al líder comunitario Leonardo Amador en Los Prados, Namasigüe, Choluteca, quien junto a su comunidad han enfrentado la imposición de un megaproyecto fotovoltaico que fue aprobado por el Congreso Nacional de Honduras de forma irregular.
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EXCLUSIÓN Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA DEFENSORES DEL TERRITORIO
Ante el reclamo contra la imposición de proyectos que saquean su territorio, estos líderes indígenas y comunitarios han sido perseguidos, hostigados y criminalizados por el sistema de justicia en Honduras.
Para el caso del Consejo Indígena Lenca de Reitoca, este viernes, 28 de octubre, se celebra la audiencia preliminar contra los cinco de sus integrantes, a quienes la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento provisional, y negó la solicitud de aplicación del decreto de amnistía política en su favor.
Mientras que en Namasigüe, sur de Honduras, el 97% de sus pobladores en una consulta ciudadana realizada en noviembre de 2019, dejaron claro que no están de acuerdo con la ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica y de minería. Además, argumentaron que son uno de los sectores con mayor conflictividad social por la imposición inconsulta de proyectos de esta índole.
En agosto de este año, Leonardo Amador, denunció: “Estas empresas vinieron hostigando a las comunidades con humillaciones, como tratándolo a uno como mendigo, tratando de comprar la conciencia para aceptar dichos proyectos”.
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El Premio Carlos Escaleras fue organizado por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR), Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERC-sj), con el apoyo de Diakonia.
El galardón lleva el nombre del líder ambientalista y defensor de la Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía asesinado el 17 de octubre de 1997.
Por su asesinato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció como responsable al Estado de Honduras, en particular por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares.
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